Inclusión o exclusión, es el tema
Los nicaragüenses corremos un serio riesgo de juicio al analizar el documento que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) presentó al gobierno la semana pasada: hemos hablado del “planteamiento de los Obispos a Ortega”, y en efecto él es el principal destinatario, pero una lectura cuidadosa del mismo revela que los demandados, y sería mejor decir los convocados, somos todos los nicaragüenses.
Desde luego que el gobierno tiene una mayor capacidad para incidir o no en la solución de los problemas planteados en el documento de los Obispos, pero lo cierto es que la solución depende de todos. Y no estoy pensando solamente en las referencias que el documento hizo a quienes estamos en la oposición, enzarzada en recíprocas recriminaciones y exclusiones, sino al carácter general del documento.
Una lectura partidarizada o sesgada del documento, conduce a su inefectividad. Ventajas pasajeras se pueden extraer con una lectura partidarizada o politizada del mismo, pero lo peor que pudiera ocurrir es que en sus consecuencias no trascienda el curso actual del país.
La semana pasada hice un rápido comentario radial y me referí a uno de los argumentos que más me convocó en ese documento de los Obispos, argumento que le quitaba cualquier sesgo particular o partidario: “Creemos que la actual estructura institucional y política del país, no traerá ni a mediano ni a largo plazo ningún beneficio para los actuales gobernantes, ni para los miembros del partido gobernante, ni para ningún nicaragüense”.
El ecumenismo, es decir, el carácter universal, general, de esa reflexión, es evidente: con el curso actual del país, todos perderemos, como ya ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia, y no en la lejana historia del siglo XIX, sino en varias ocasiones recientes, incluyendo los finales del cercano siglo XX.
Obviamente, los Obispos no pretenden unanimidad de opiniones, que por lo demás es imposible en una sociedad plural. Pero hay, desde luego, algunos extremos que debemos evitar. En primer lugar, hacer una lectura “opositora” del documento Episcopal. En segundo lugar, hacer una lectura “gubernamental” del mismo, como se ha visto en algunas reacciones poco mesuradas de medios oficiales, cercanos a Ortega.
Esos extremos se alimentan recíprocamente. Una lectura opositora refuerza la lectura gubernamental, y viceversa. De esta forma, se reforzaría la polarización sandinismo-antisandinismo que ha derivado al orteguismo-antiorteguismo, al interior de la cual ha prosperado la situación actual, que los Obispos diagnostican muy bien, pero que no se trata solamente de diagnosticarla sino de superarla. Y, desde luego, su superación no es responsabilidad de los Obispos, sino de los actores políticos, económicos y sociales.
La mayor responsabilidad es del gobierno y del partido gobernante, pero quienes estamos en la oposición debemos escaparnos de la trampa de la polarización, siendo tan propositivos como críticos, y que en nuestras propuestas no haya la menor huella de que un gobierno alternativo al actual, que es profundamente excluyente, será también excluyente.
En el ruido electoral de la polarizada campaña de 2011 se perdió el mensaje central de la propuesta que desde la oposición levantó Fabio Gadea Mantilla: Un Gobierno para Todos. Ese mensaje no fue casual: habíamos investigado los valores y actitudes de la población, sandinista y no sandinista, y descubrimos que el sentimiento más dominante en los sectores populares era sentirse excluidos. Exclusión dentro de las propias filas del partido gobernante; exclusión desde el partido gobernante a los demás; pero también los vinculados al partido gobernante se sentían excluidos por la oposición, o pensaban que un gobierno alternativo les excluiría. El gobierno acusó el golpe de ese mensaje, y empezó a hablar de un gobierno “por el bien de todos”, aunque en la práctica se haya mantenido su naturaleza excluyente, dentro y fuera del partido gobernante.
La exclusión incuba conflictos violentos, y en esos conflictos todos perdemos, como advierten los Obispos.
Del dicho al hecho…..
A través del Ministro de Hacienda el gobierno presentó a la Asamblea Nacional un informe de la gestión en el año 2013. Tendremos que esperar a conocer con detalle ese informe para comentarlo, pero a propósito de exclusión hay una modalidad de la misma que distorsiona cualquier juicio o análisis: es la exclusión informativa.
Existe una ley de acceso a la información pública que el gobierno ignora olímpicamente. Ningún ministerio ha contestado los numerosos requerimientos informativos que se han hecho en base a esa ley. Y, desde luego, ningún medio que no sea oficialista tiene acceso a las muy restringidas actividades oficiales.
En ese contexto, de ausencia de información, es inevitable que prospere la duda, el prejuicio o la sospecha. De tal forma que damos la bienvenida a ese informe que presentó el Ministro de Hacienda, pero si el gobierno no proporciona medios para corroborar o no la información presentada, será la duda y la sospecha lo que prevalezca.
De entrada, y en base a las publicaciones periodísticas sobre el informe presentado, ya se levantan algunas interrogantes: ¿cuáles son las cifras verdaderas de la reducción de la pobreza, que el gobierno alega? Y asumiendo que las cifras gubernamentales sean correctas, la millonada que el Ministro dijo se ha gastado en lucha contra la pobreza, ¿dónde ha parado? Porque esa millonada, en comparación con los resultados que el gobierno alega, revelan, al menos, ineficiencia. ¿Y qué tal si los resultados en materia de reducción de la pobreza, como revelan otros informes, son bastante menores que los alegados por el gobierno? Volvemos a lo mismo: a falta de información, la sospecha es inevitable, y esto es sin duda responsabilidad del gobierno.