El Pulso de la Semana, con Mundo Jarquín. Edición No. 467, 22 de septiembre de 2018

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Muñequito

Marcar la diferencia

En un nuevo gobierno, que pronto tendremos, no habrá presos políticos, y la primera decisión de ese nuevo gobierno será liberar a los actuales.

Se trata, desde ahora, de marcar la diferencia. El gobierno actual difundió esta semana fotografías de algunos presos políticos en aparentes buenas condiciones de trato carcelario, en lo que a mí me ha parecido una señal que Ortega, en efecto, estaría programando asistir la próxima semana a las Naciones Unidas, como tanto se ha especulado sin que hasta ahora, oficialmente, se haya confirmado. A Ortega le ocurriría lo mismo que está pasando con sus diplomáticos en el extranjero, que cuando argumentan, mostrando las fotografías, que en Nicaragua no se viola los derechos humanos, las Cancillerías ante las que están acreditados únicamente les hacen una pregunta: si tan bien tratan a los presos, ¿por qué no atienden las reiteradas solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar las cárceles?

¡Y qué decir de los muertos, heridos, desaparecidos y exiliados! Precisamente, la sanguinaria represión del régimen de Ortega es culminación de la manifestación de intolerancia de la cual dio muestras desde el inicio de su gobierno en enero de 2017. Recuérdese que el primer acto de su gobierno, evitando el debate legislativo en una Asamblea Nacional que no controlaba, fue establecer por decreto los Comités del Poder Ciudadano (CPC). Desde ahí, pasando por fraudes y exclusiones electorales, incluyendo entonces represiones selectivas, hasta culminar en la masacre de manifestaciones desarmadas, todo ha sido una sucesión de actos de intolerancia frente a cualquier discrepancia.

Precisamente, la esencia de la democracia es la tolerancia frente a la discrepancia. Y comentamos esto, a propósito que debemos desde ahora marcar la diferencia con el régimen de Ortega, pues recientemente, con motivo de las fiestas patrias, la Alianza Cívica y otras organizaciones han emitido declaraciones y propuestas que apuntan hacia la recuperación de la democracia una vez que finalice el gobierno de Ortega. Esas propuestas, con diversos grados en los detalles, apuntan todas en la misma dirección que es recuperar, en un marco de ejercicio pleno de las libertades democráticas, la inevitable diversidad de opiniones y criterios que el régimen de Ortega ha intentado, inútilmente, aplastar.

Lo que nos une ahora es la lucha contra esta dictadura. Y la pluralidad social, económica y política de quienes integramos esa lucha, no debe en ningún caso afectar la necesaria unidad, porque en todo caso se trata de unidad para recuperar la pluralidad política que Ortega se ha encargado reprimir.

 

 

 

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Edición No. 466, 15 de septiembre de 2018

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¿Dónde estamos?

El próximo martes se cumplen cinco meses del inicio de la crisis de Ortega, y corresponde, entonces, que nos preguntemos dónde estamos en términos de esa crisis, para así otear el futuro.

Y préstese atención a que hablamos de la crisis de Ortega, porque antes del 18 de abril el país estaba en crisis, aunque no lo aparentaba, pero no había crisis del régimen de Ortega.

La corrupción desenfrenada se conocía, pero se toleraba con resignación; los CPC o Gabinetes de Familia, o como quiera que se les llame, aterrorizaban a los barrios y comunidades rurales con arbitrariedades y abusos, pero se aceptaban en silencio; la mafia de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN) era dueña y señora de las Universidades; la insolencia de los Secretarios Políticos se rumiaba puertas adentro; la democracia, que penosamente habíamos venido construyendo había sido revertida, pero se aguantaba, como si las libertades no importaran a los nicaragüenses. Hasta que un día, todos esos abusos acumulados, estallaron y se inició la crisis de Ortega y su forma de gobierno.

En el momento más visible de esa crisis del régimen, cuando se derribaban árboles de metal y rótulos, el clamor de la calle era, y sigue siendo, “¡Qué se vaya Ortega!”, pero lo cierto es que en ese momento la Conferencia Episcopal y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, lo que plantearon fue una solución pacífica, democrática y constitucional, del insoportable régimen de Ortega.

La solución ya no será pacífica, pues Ortega ha ensangrentado al país con la represión y el terror, pero cabe preguntarnos: ¿Ya pasó el momento culminante de la crisis del régimen? No, definitivamente no. El momento culminante de la crisis del régimen se mantiene, pero ha cambiado de naturaleza. Para entender mejor lo anterior, cabe preguntarnos sobre las bases de la estabilidad de Ortega, antes que estallara la crisis.

La complacencia internacional con su régimen, ¿se mantiene, o ha cambiado?

La política de diálogo y consenso con el sector privado, ¿se mantiene, o ha cambiado?

El financiamiento de los organismos financieros multilaterales, ¿se mantiene, o ha cambiado?

La máscara de fingimiento de religiosidad del régimen, ¿se ha caído, o no?

Las desapercibidas violaciones a los derechos humanos y las libertades democráticas, incluyendo la libertad de expresión, ¿siguen siendo desapercibidas?

¿Podrá Ortega recuperar las bases de su estabilidad, o la crisis del régimen tiende a profundizarse?

Todos los actores que tienen incidencia en el futuro de Nicaragua, y cuando digo todos, son todos, incluyendo los que respaldan a Ortega activa o pasivamente, saben que Ortega no podrá jamás recuperar las bases de su estabilidad, y que entre más pronto termine su crisis, más pronto empezará la recuperación de Nicaragua.

Edición No. 465, 8 de septiembre 2018

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Muñequito

Prevención y acción

Especialistas en derecho y política internacional han coincidido en que la discusión del caso de Nicaragua, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue posible porque ese organismo multilateral tiene el mandato de actuar preventivamente en cuestiones que afectan a la paz y seguridad internacional.

Conviene, entonces, que nos preguntemos de qué forma Ortega representa una amenaza para la paz y seguridad regional, porque en la medida que la crisis de Nicaragua se prolongue, en algún momento la comunidad internacional se planteará pasar de la prevención, como hasta ahora, a la acción, para evitar daños mayores a la paz y seguridad regional y, como veremos, a sus propios países.

En primer lugar, las fuerzas paramilitares que ha organizado Ortega tienen un potencial desestabilizante de los otros países centroamericanos, por el riesgo  que sus actividades delictivas terminen articulándose con el crimen organizado, el cual podría establecer un corredor desde Colombia hasta México. En adición a ese riesgo potencial, un ejército irregular como realmente son las fuerzas paramilitares, constituye una violación expresa del Tratado Marco de Seguridad Democrática y de otros instrumentos jurídicos vinculantes, derivados de los Acuerdos de Paz de Esquipulas.

Está también el caso de la migración, hacia Costa Rica y cada vez más hacia otros países. A pesar de consideraciones humanitarias y de solidaridad, y más allá de los flujos migratorios por razones socioeconómicas, los de origen político plantean legítimas razones de preocupación para los países receptores de la misma.

Finalmente, la interdependencia económica entre los países centroamericanos es de tal magnitud, que las consecuencias económicas de la crisis política nicaragüense les terminarán afectando a los mismos.

Más allá de las conveniencias o desavenencias actuales entre los gobiernos centroamericanos, en algún momento responderán y definirán sus posiciones en base a la múltiple afectación que la crisis nicaragüense está teniendo sobre sus países. Esos gobiernos no podrán, indefinidamente, ser insensibles a las consecuencias sobre comercio, empleo, inversiones e ingresos fiscales, a causa de la crisis nicaragüense.

Esas dimensiones de la amenaza a la paz y seguridad regional que representa la crisis nicaragüense, están a su vez cruzadas transversalmente por las consideraciones sobre las horrendas violaciones a los derechos humanos, que incluyen delitos de naturaleza internacional por los cuales, en algún momento, se pueden establecer responsabilidades para quienes los hayan cometido.

Al respecto, recuérdese que nuestro Código Penal, aprobado en 2007, tiene un capítulo de 33 delitos contra el orden internacional, entre ellos la tortura, que son vinculantes, es decir someten a jurisdicción internacional a sus responsables.

Ojalá nos quedemos solamente en el caso de la prevención, porque el tránsito hacia la acción tendría costos no solamente para quienes han cometido delitos, que son juzgables internacionalmente.

Edición No. 464, 1 de septiembre de 2018

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Cuadratura del círculo

Intentar resolver la cuadratura del círculo es una expresión común para designar que algo es imposible. Eso está haciendo Ortega: seguir a Venezuela en lo político, pero evitar las políticas de Maduro, y antes de Chávez, en lo económico.

Dirigentes empresariales lo han dicho: no se puede resolver la crisis, de naturaleza política, con medidas económicas. Pero Ortega lo está intentando. Continúa la represión en una escala mayor y más sangrienta que en Venezuela, mientras convoca a elecciones regionales en la Costa Caribe, como si el sistema electoral no estuviese absolutamente cuestionado y no hubiese pasado nada. Y no sería sorpresa que convoque a más elecciones de la misma naturaleza con sus socios colaboracionistas, algunos de los cuales, como Alemán, ya han dado señales anticipadas.

A la vez, a diferencia de Venezuela, adopta medidas preventivas y prudentes desde el punto de vista técnico en lo económico, como si se tratara de simples ajustes frente a desequilibrios inesperados. Ante la previsión de caída en los ingresos tributarios recorta el gasto público para evitar la inflación, y decide emitir títulos de inversión garantizados por el Estado, y no solamente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FOGADE), para defender las reservas internacionales.

Nada le va a funcionar, ni en lo económico, ni en lo político.

Mientras no se resuelva la crisis política no se recuperará la confianza, para que haya personas en Nicaragua o Centroamérica, que compren los certificados de inversión del Banco Central. Y menos aún con el desorden de comunicación que puso en duda el tipo de cambio del córdoba frente al dólar, o bien con publicidad de esos certificados tan alegre como si no continúe el derramamiento de sangre y la represión, apresando hasta excompañeros de lucha del propio Ortega, y condenando a personas como en el caso del periodista Gahona, mientras se oculta a los verdaderos responsables del crimen.

La naturaleza política de la crisis tendrá a partir de hoy mayor presencia internacional. El demoledor informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la represión de Ortega, será el insumo fundamental para la reunión del Consejo de Seguridad de esa organización, que abordará el tema de Nicaragua el próximo miércoles. Y en el Congreso de los Estados Unidos y en la Organización de Estados Americanos (OEA) se retomará el caso de Nicaragua, después del receso de agosto, tanto en torno a la Magnitsky nica y la Nica Act, como en el Grupo de Trabajo de países de la OEA.

Y si, como parte del aspecto político Ortega pretende que Nicaragua pase desapercibida, los focos de la atención internacional se encargarán de iluminar sus atrocidades.