Edición No. 436, 16 de diciembre de 2017

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¿Adónde fue la cooperación venezolana?

Según las cifras oficiales, tanto del gobierno a través del Banco Central, y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), cuya solvencia profesional  nadie discute, la economía nicaragüense ha logrado absorber, sin mayor trauma macroeconómico, la interrupción casi abrupta de la cooperación venezolana, e incluso el cierre de ese país como el segundo mercado de las exportaciones de Nicaragua, que en algún momento llegó a ser. Este año, la economía crecerá como lo había venido haciendo en los últimos años.

En una primera lectura, lo que aparece es la capacidad que ha tenido la economía y la gestión económica del gobierno de Ortega para aguantar semejante choque sin mayores traumas inmediatos.

Lo anterior, en una primera lectura.

Porque en una segunda lectura lo que resulta evidente es que el gobierno de Ortega ha desaprovechado casi TOTALMENTE, y lo escribimos con mayúsculas, una década de flujos de cooperación venezolana que han superado a la totalidad del financiamiento que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para apuntalar el crecimiento del país. De lo contrario, si esos flujos de cooperación hubiesen apoyado el crecimiento económico del país, su interrupción tan abrupta hubiese afectado negativamente el crecimiento del país, lo que no ha ocurrido.

Entonces, la gran pregunta es: ¿Adónde han ido semejantes flujos de cooperación, si su interrupción no ha cambiado hasta ahora el funcionamiento de la economía?

Una primera respuesta es a inversiones, pero no se refleja así en las muy modestas cifras de crecimiento de la inversión fija que revelan las estadísticas del Banco Central. Que se conozca, excepto en energía y de una cifra que no explica en absoluto los enormes montos de la cooperación venezolana, no han sido las inversiones el destino. Y, además, las inversiones en energía aparecen bajo una figura que no ayuda a entender si son o no privadas (y si son privadas, ¿de quién?, y si no son privadas ¿por qué no se hacen públicos sus estados finacieros?), y en todo caso ayudan a entender, abonando a la idea que son privadas, el costo tan alto que los nicaragüenses pagamos de la tarifa eléctrica.

Una segunda respuesta es que llegaron a programas sociales asistenciales. Es decir, no se ocuparon productivamente, para generar empleos, y capacitar a la población para tener más y mejores empleos, sino para humillar a los pobres obligados a extender la mano para recibir como favor, lo que les corresponde como derecho.

Y una tercera respuesta es a la apropiación privada, de personas del círculo gobernante, de buena parte de esa multimillonaria cooperación venezolana (¡al cierre del año 2016, casi 5,000 millones de dólares!). Como la empresa Alba de Nicaragua, Sociedad Anónima (Albanisa), es en un 51% propiedad de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), en algún momento las actuales investigaciones de corrupción en PDVSA por el gobierno de Maduro en Venezuela y otras instancias internacionales, como está ocurriendo con la Banca Privada de Andorra (BPA), llegarán a Albanisa.

No está en discusión que el gobierno de Ortega ha tenido una buena gestión macroeconómica, y que su equipo de profesionales a cargo del Banco Central y del Ministerio de Finanzas tienen reconocimiento profesional, pero eso no responde a la siguiente pregunta: ¿qué hicieron con tanta cooperación venezolana, para apuntalar el crecimiento futuro de la economía? Y habiendo heredado un gobierno con deuda externa mínima, sin déficit fiscal y con una década dorada en precios de exportación, ¿por qué la economía no pudo crecer más de lo que ya crecía? Y lo hacíamos en democracia. Vaya entonces el recordatorio al gobierno, organismos internacionales, empresarios y consumidores, porque no todo es del color que algunos lo pintan.

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Edición No. 435, 9 de diciembre de 2017

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La revolución pendiente

“Parece mentira  -escribió Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en su editorial del 20 agosto de 1966-,  pero quien implantara en Nicaragua  la honestidad administrativa con todo el rigor que esta expresión tiene, haría en nuestro país la más elemental y necesaria, de todas las revoluciones”.

Es totalmente lamentable que después de una insurrección, revolución armada, guerra civil, inicio entusiasta de una construcción democrática, estemos en una situación en que el 100% de los empresarios  -¡el cien por ciento!-  dicen que el principal obstáculo para un clima inversionista adecuado, es la corrupción.

El dato lo tomamos del tercer informe sobre coyuntura económica, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2017, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), presentado la semana pasada. Esos informes, desde hace mucho tiempo, tienen una sección de encuestas del consumidor y del empresario, para medir sus percepciones sobre la situación económica y los factores que inciden en la misma.

El caso de la corrupción, en cuanto a los factores de incidencia negativa. En cuanto a los positivos, continúa el informe, “de acuerdo con los empresarios encuestados, los factores de mayor incidencia positiva son la demanda de productos fuera y dentro de C.A y en el país, así como una buena gestión en la seguridad ciudadana y la política económica por parte de las autoridades competentes”.

Cuando Pedro Joaquín Chamorro escribió su editorial, hace medio siglo, en plena dictadura somocista, existían los mismos factores positivos, con una importante diferencia: la economía crecía mucho más vigorosamente.

También los empresarios identifican como otro factor negativo, con el mismo 100% de los encuestados, el precio de la energía que, como sabemos, es inseparable, en ausencia de una explicación técnica razonable, del mismo fenómeno de la corrupción.

Y pisando los talones a esos dos factores de incidencia negativa, los empresarios identifican un tercer factor, con casi el 90% de las respuestas: el entorno político.

Es difícil saber, pero llegará el momento si las cosas no cambian, en que la economía que ha venido creciendo durante casi un cuarto de siglo, se verá afectada por la incidencia de esos factores negativos. Por lo pronto, se alzan amenazantes algunas consecuencias internacionales del deterioro democrático y la corrupción, como son la Nica Act y la ley Magnitsky.

La impunidad en cuanto a la corrupción se ve estimulada por el control casi absoluto que Ortega tiene de los medios de comunicación. No existe una censura formal, como la que el último Somoza estableció después de una espectacular acción armada del Frente Sandinista en diciembre de 1974, pero entre el control directo de Ortega y el indirecto, incluyendo el autocontrol de otros medios por temor a represalias, el caso es relativamente semejante.

Comento lo anterior, con ánimo comparativo, porque durante esa censura de Somoza se dio el caso de lo que La Prensa calificó “danza de la corrupción”, y llegó un momento en que era difícil saber si la censura se mantenía por razones de seguridad, que siempre son políticas, o por razón de encubrir la corrupción, que también es política.

Con motivo del cuadragésimo aniversario del asesinato de Pedro Joaquín, que se cumple el próximo enero, se están preparando para 2018 diversas actividades conmemorativas. Entre ellas, y como lo anticipé en un artículo anterior, se reeditará el libro biográfico, “Pedro Joaquín ¡Juega!”, que escribí hace veinte años. Revisándolo, encontré el siguiente párrafo sobre corrupción y censura:

“Como la censura servía para aumentar la impunidad de Somoza y su camarilla, las contradicciones con los diferentes sectores sociales, empresariales en particular, se acentuaron”. Y uno de los principales allegados y primo de Somoza, entrevistado para el libro, me dijo: “Pocas cosas le hicieron más daño a Tacho (Somoza) que la censura, y él nunca lo quiso entender”.

Es triste, tristísimo, pero después de tanto sufrimiento de los nicaragüenses, aún aguarda “La primera de todas las revoluciones”, como Pedro Joaquín tituló su editorial.

Edición No. 434, 25 de noviembre de 2017

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Valor económico de la voz del pueblo

Para quienes la ciencia económica y la administración de empresas es solamente una cuestión de pesos y centavos, resulta difícil entender que todas las sociedades tienen activos, de carácter no financiero, que siendo movilizados pueden ayudar notablemente a que se alcancen grandes objetivos del desarrollo económico.

Recuerdo haber utilizado ese concepto cuando a inicios de los años 80, en que todavía prevalecía el gran consenso nacional que hizo posible el triunfo de la revolución sandinista, se lanzó la Cruzada Nacional de Alfabetización que movilizó a miles y miles de jóvenes, quienes en un gesto de gran desprendimiento, y pese a las enormes dificultades que enfrentaron, ayudaron a reducir en pocos meses la tasa de analfabetismo de aproximadamente el 50% de la población a casi el 10%. ¿Se imaginan lo que en términos presupuestarios, es decir pesos y centavos, costaría alcanzar esa meta, y el tiempo que tomaría?

Hechos de los últimos días, que han sido reportados en los escasísimos medios de comunicación que escapan al control gubernamental, y ante el silencio absoluto, total, de los medios oficialistas, revelan otras manifestaciones del valor económico de la voz del pueblo, como he titulado este artículo, o de la participación ciudadana, como se conoce en las ciencias sociales al activo no financiero que puede ayudar a alcanzar grandes metas del desarrollo.

Esos hechos son de la más diversa naturaleza y grado de incidencia. Uno de ellos, de hace una semana, fue el abusivo intento gubernamental de modificar la Ley de Régimen Vehicular con multas astronómicas, que hubiesen golpeado los bolsillos de muchos hogares. La reacción de insatisfacción popular no se hizo esperar, y a través de las redes sociales, y los escasísimos medios independientes, se trasladó al gobierno el costo político que pagaría, y éste retiró el proyecto de ley. Este es un ejemplo del valor económico de la libertad de expresión.

En la misma dirección, y de otra naturaleza, leí en la revista digital Confidencial, la iniciativa de una organización social llamada Milpa, convocando a un festival gastronómico, y que en base a la experiencia de países como el Perú, en que la gastronomía representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto (PIB), para difundir el valor gastronómico de la comida criolla, y también el emprendimiento de empresas y turismo, contribuyendo así a generar más empleos.  Otro valor económico de la participación popular.

Y a propósito de turismo y competitividad, mucho se habla de la importancia de la “marca país”, para atraer turistas e inversiones. Pues bien, el premio Reina Sofía de Poesía otorgado a  Claribel Alegría, y el premio Cervantes de Literatura concedido a Sergio Ramírez, han hecho muchísimo por la “marca país”, ante el silencio total del gobierno y su así llamada política de unidad nacional y consenso, que no reconoce el valor de la participación ciudadana (la que no controla o no autoriza) en la proyección exterior de la imagen positiva del país.

Lamentablemente, no todos los hechos son positivos.

Otros ejemplos del valor económico de la libertad de expresión, que es la forma más importante de participación ciudadana, han sido las voces de indignación, de seglares, religiosos y Organizaciones de la Sociedad Civil, en La Prensa, Confidencial, Radio Corporación y en las redes sociales, por la masacre de la comunidad de San Pablo 22, en el municipio de la Cruz del Río Grande, incluyendo un niño de 12 años y una adolescente de 16.

Todas esas voces de indignación han tenido un denominador común: un ejército, que valora su institucionalidad y profesionalismo, debe esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. De lo contrario, las fuerzas armadas estarían abonando en la dirección que el actual régimen autoritario tenga un final catastrófico, a través del enfrentamiento, que nos hará retroceder todo lo precariamente avanzado en términos económicos y sociales.

Si el gobierno fue capaz de, frente a la reacción ciudadana, retirar la ley de régimen vehicular por sus costos políticos, con mayor razón debe escuchar esas voces del pueblo que claman justicia frente a la masacre de la Cruz de Río Grande. Y si el gobierno no lo hace, el ejército debe hacerlo.

 

 

Edición No. 433, 18 de noviembre de 2017

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CONSTRUYENDO ESPERANZA

En 2006, después de casi dos décadas de ausencia de la política nicaragüense, me correspondió suceder a Herty Lewites como candidato de la Alianza MRS a la presidencia de Nicaragua, después de su trágica e inesperada muerte.

El programa que se preparó para esa campaña puede resumirse así: Nicaragua, para su prosperidad con equidad,  necesita más y mejor Estado, y más y mejor mercado.

Hoy se celebra la Convención Nacional del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), bajo el título de este artículo, “Construyendo Esperanza”.

En el contexto de una Nicaragua que desde 2006 ha continuado creciendo, pero subsisten enormes déficits económicos y sociales, y ha derivado a un régimen autoritario, “dictaduras del siglo XXI” como se les suele llamar, y que además ha otorgado una concesión canalera con derechos de confiscación en todo el territorio nacional, cobra sentido la propuesta programática del MRS, que será discutida en su Convención Nacional, de impulsar “la construcción de una Nicaragua Linda, con oportunidades, progreso, solidaridad, democracia y soberanía”.

En su eje articulador de lo político, económico y social, la propuesta programática del MRS mantiene su fidelidad al principio que Nicaragua requiere, para su prosperidad con solidaridad en democracia, más y mejor Estado, y más y mejor mercado.

Cuando se piensa que la cobertura educativa no cubre a la totalidad de la población de primaria, y menos aún de secundaria, y que la calidad es de las más atrasadas del hemisferio, es obvio que necesitamos más y mejor Estado.

Cuando nos damos cuenta que para resolver temas de lo tuyo y lo mío, y la inseguridad jurídica a que expone el sistema solamente se resuelve regateando favores políticos, y hay impunidad frente a la corrupción, necesitamos más y mejor Estado.

Cuando los oficiales del ejército y la policía, y todos los funcionarios públicos, se dan cuenta que para ascender en el escalafón no bastan los méritos profesionales sino la lealtad partidaria y personal, y cada vez dependen más de remuneraciones extralegales para mantener su nivel de vida, necesitamos más y mejor Estado.

Cuando empresarios grandes y pequeños, y consumidores, nos damos cuenta que pagamos la tarifa más alta de electricidad de Centroamérica, por la colusión de intereses entre gobernantes y generadores, que son los mismos, nos damos cuenta que necesitamos más y mejor Estado, y más y mejor mercado.

Cuando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), está en crisis, por mala administración e insuficiente cobertura, y la creciente población envejecida de Nicaragua no tendrá ni pensión ni cobertura médica, obviamente que hace falta más y mejor Estado.

Cuando la cobertura crediticia, o bancarización como se llama técnicamente, no cubre a la inmensa mayoría de medianos, pequeños y microempresarios, hace falta más y mejor mercado.

Cuando el 15% de la población ha tenido que emigrar, para ayudar con sus remesas que representan casi el 10% del ingreso nacional para ayudar a sus familias, es necesario que haya más y mejor mercado que genere oportunidades para que los nicaragüenses no tengan que emigrar.

Cuando una parte muy importante de propiedades no pueden darse en garantías de crédito, ni son transables, por falta de títulos de propiedad, y de hecho están fuera del mercado, hace falta más y mejor Estado, y más y mejor mercado.

Son muchos más los temas que podríamos plantear para demostrar que necesitamos más y mejor Estado, y más y mejor mercado. La gran pregunta es si acaso esto es posible con el Orteguismo que justo ha hecho todo lo contrario, fomentando la corrupción, eliminando la seguridad jurídica, entendiéndose selectivamente con los empresarios, y acumulando tensiones para mayores conflictos. La respuesta es, desde luego, no.

En la Convención del MRS no se discutirá solamente la plataforma programática, sino también la estrategia para alcanzarla. Y aquí destaca la búsqueda del más amplio consenso nacional, que incluye desde luego al sandinismo en su concepto más amplio, para alcanzar esa Nicaragua “con oportunidades, progreso, solidaridad, democracia y soberanía”.

Esa estrategia hace todo el sentido del mundo: sin pretender que haya unanimidades, que solamente existen en el totalitarismo pero no en democracia, la convocatoria suma, no resta.  De esa Nicaragua que soñamos, somos responsables todos.