Edición No. 442, 17 de febrero de 2018

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Deportes, salario mínimo y educación

¿Qué tienen que ver los deportes, el salario mínimo y la educación? Muchísimo.

Hace una semana, la Asociación de Cronistas Deportivos reconoció con una premiación a Ortega por la labor de su gobierno a favor del deporte, visibilizado recientemente por los Juegos Centroamericanos y la inauguración del nuevo estadio en Managua.

Enhorabuena por el deporte, y así lo reconoció uno de los mejores cronistas deportivos de América Latina, Edgar Tijerino, cuando en su columna periodística escribió, refiriéndose a la decisión de la Asociación: “No he votado por Daniel Ortega, pero eso no me impide reconocer el mayúsculo apoyo que le ha ofrecido al deporte pinolero, en diferentes formas”.

Al mismo tiempo, en los últimos días han sido noticias dos hechos que contrastan con el respaldo que el régimen antidemocrático de Ortega ha dado al deporte: por un lado, las negociaciones del salario mínimo, y por otro la educación, a raíz de un estudio del Banco Mundial, muy bien comentado en El Nuevo Diario por el ex Director de FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social), Carlos Muñiz.

El estudio del Banco Mundial en resumen señala que el capital humano, que tanto depende de la educación de la población, es más importante para explicar el éxito económico de los países que el capital de recursos naturales. Como señala Muñiz, “Costa Rica tiene de lejos la mayor riqueza (en capital humano) por habitante de la región  -cuatro veces más que el resto-  mayor que el promedio de América Latina y muy cercano al promedio mundial. Su capital humano es su activo más importante”.

En términos de capital humano, Nicaragua tiene la quinta parte de Costa Rica. Eso significa que en términos de desarrollo económico la distancia entre ese país y Nicaragua se incrementará. Esto, sin duda, se reflejará también en la remuneración de los trabajadores ticos, incluyendo su salario mínimo.

Como los técnicos del gobierno y los empresarios del COSEP que se sientan en la mesa de negociaciones tripartitas del salario mínimo saben, los límites del salario mínimo, si queremos conservar controlada la inflación y los equilibrios económicos, están acotados por la productividad del trabajo, la cual depende en gran medida de la educación de los trabajadores. Desde luego, también depende de los recursos naturales y de las inversiones de capital, pero la capacidad de operar equipos y procesos tecnológicos depende de la educación de los trabajadores.

Y aquí de nuevo surge el problema democrático de Ortega. Si el gobierno fuese democrático, sus políticas públicas se reflejarían no solamente en los deportes, sino también en la calidad de la educación, de la que tanto depende la posibilidad de mayores ingresos, disminución de la pobreza y reducción de la insultante desigualdad.

Una vez más, a raíz del estudio del Banco Mundial, se han publicado numerosos artículos sobre la pésima calidad de la educación pública en Nicaragua. Un gobierno democrático, al someterse periódicamente a la opinión de los ciudadanos a través de los votos en elecciones libres, inevitablemente mejorará la calidad de las políticas públicas en todos los campos, y no solamente en aquellos que le merecen reconocimiento y aplausos a corto plazo.

¿Quieren los nicaragüenses mayores ingresos, y más capacidad de adquirir bienes y mejorar su nivel de vida? Pues bien, eso depende de una educación pública de calidad, en el marco de una economía de mercado abierta y competitiva.

Para mejorar las políticas públicas en todos los campos, de lo cual depende el nivel de vida de la población, los gobiernos deben someterse periódicamente a elecciones verdaderamente democráticas, pues el voto de los ciudadanos es el que premia o castiga el desempeño de los gobiernos.

En definitiva, el capital humano depende del capital institucional democrático, no siendo casualidad que los países que más se destacan en capital humano, Chile, Costa Rica y Uruguay, son todos democráticos.

Edgar Tijerino comenta del reconocimiento a Ortega en el deporte que ojalá lo familiarice “con una sensación que sería más satisfactoria, estirando la cobertura hacia todos, en todo”. Buen deseo pero difícil se cumpla, porque Ortega ha tenido once años de oportunidad de gobernar para todos, y solamente lo ha hecho para algunos.

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Edición No. 441, 10 de febrero de 2018

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Fuego en el vecindario

En los últimos días se ha presentado una sucesión de eventos internacionales que nos competen directamente, un verdadero fuego en el vecindario, y la reacción visible del gobierno de Ortega da la impresión que los subvalora, con lo cual ese fuego del vecindario amenaza con trasladarse a nuestra casa.

El centro de esos eventos es Venezuela. El fin de la petropolítica se ha traducido en disminución de la influencia internacional y en una  pavorosa crisis humanitaria y migratoria.

La oposición a Maduro, sobre el contexto de la crisis socioeconómica, ganó abrumadoramente las elecciones legislativas hace dos años. Hasta ahí llegaron las elecciones creíblemente democráticas en Venezuela. A partir de entonces, el régimen de Maduro agudizó sus rasgos dictatoriales.

La crisis de Venezuela y sus coletazos ensombrecen las perspectivas  autoritarias del régimen nicaragüense, si Ortega persiste en las mismas, de igual forma que la petropolítica venezolana ayudó notablemente a su consolidación. Ya no es así, ni nacional ni internacionalmente.

En la articulación de ese nuevo contexto internacional y nacional, está la muy comedida declaración final de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), emitida el recién pasado 6 de febrero después de concluir su evaluación de la economía nacional. En la misma, y a propósito de los principales retos de política, se lee (y las negritas no son nuestras): “Los riesgos para las perspectivas de crecimiento de Nicaragua parecen estar, en general, equilibrados en el corto plazo, pero continúan inclinándose a la baja en el mediano plazo”.

¿Por qué las perspectivas de crecimiento económico se inclinan a la baja en el mediano plazo? La misma declaración del FMI lo dice: “Esto, dice refiriéndose a otras dimensiones de la política económica internacional de los Estados Unidos, coincide con la posible aprobación de la Ley de Condicionalidad de la Inversión Nicaragüense (conocida como Nica Act) por el Senado de EE.UU., en un contexto en el que la cooperación venezolana en materia de petróleo ya no juega un papel sustancial”.

Ortega ha puesto abono a esa eventual aprobación en el Senado de Estados Unidos. Así como inició un diálogo con la OEA para detener la Nica Act, la intempestiva aprobación de una reforma a la ley electoral como reacción a la sanción impuesta al Presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) en base a la ley Magnitsky, revela que ese diálogo se lo toma como jugarreta. Y todo sobre el trasfondo antidemocrático de destitución de alcaldes recién electos, y drástica  reducción de transferencias a las pocas alcaldías que no se asignó.

La crisis venezolana ha quedado subrayada por algunos hechos recientes: la gira del Secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, centrada en ese país, y antecedida de un discurso en Austin que es la primera definición de política hacia el hemisferio, más allá de los temas migratorios y del tratado de libre comercio con Canadá y México; como contrapartida, el Canciller venezolano realizó una gira por la menguada zona de influencia de la petropolítica internacional, incluyendo a nuestro país, dónde obtuvo la solidaridad de Ortega; finalmente, la fijación de fecha de las precipitadas elecciones presidenciales en Venezuela, en tales condiciones antidemocráticas que se ha roto el diálogo con la oposición y muchos países han declarado que no reconocerán sus resultados.

La agudización dictatorial de Maduro pone los focos sobre el autoritarismo de Ortega, al extremo que uno de los precandidatos presidenciales venezolanos dijo que “no podemos ir a elecciones si son a la nicaragüense”.

En el discurso de Tillerson en la Universidad de Austin hay una actualización de la doctrina Monroe, que tantas consecuencias negativas tuvo para el continente. Esa actualización es frente a China y Rusia. Mientras la influencia de China es fundamentalmente sudamericana, la referencia a Rusia no puede ser ignorada por Nicaragua: “La creciente presencia de Rusia en la región es también alarmante, mientras continúa la venta de armas y equipo militar a regímenes inamistosos que no comparten o respetan valores democráticos”.

Geopolítica pura y dura. El correlato de la toma de Crimea por Rusia, y la declaración de independencia de Abjasia y Osetia del Sur, a cuyo reconocimiento se sumó Ortega en un arresto de gran geopolítica que una vez más nos puede salir cara.

El Pulso de la Semana, con Mundo Jarquín. Edición No. 440, 27 de enero de 2018

Muñequito

¿Por qué no se unifica la oposición?

He estado expuesto, en las últimas tres semanas, a varias entrevistas de prensa, televisivas, escritas y radiales, en los poquísimos espacios de comunicación independientes que aún existen, con motivo de la presentación de la segunda edición del libro que escribí sobre Pedro Joaquín Chamorro, en ocasión de la conmemoración del cuadragésimo aniversario de su asesinato.

Y tal como lo he escrito en varias ocasiones, no puedo ahora suscribir el optimismo con el cual presenté la primera edición hace veinte años, en 1998, pues entonces vivíamos una etapa de construcción democrática que se opone, radicalmente, a la deriva autoritaria que hemos tenido desde que Ortega regresó a la presidencia de la república en 2007.

En casi todas las entrevistas me ha surgido la siguiente pregunta: ¿Por qué no se unifica la oposición, que luce tan dispersa y desvalida?

He tenido que explicar que Ortega realiza elecciones sin que la oposición pueda participar, y que sin ninguna duda la oposición se unificaría como ocurrió en torno a la candidatura de Fabio Gadea Mantilla en las elecciones presidenciales de 2011.

Ese año, el desafío electoral a Ortega fue de tal magnitud que el orteguismo se vio obligado a tales extremos de violencia el propio día de las elecciones, que la misión de observación de la Unión Europea señaló que los resultados de la misma eran imposibles de establecer. Y el Jefe de la misión de la OEA, el ex canciller argentino Dante Caputo, compareció el propio día de las elecciones diciendo que le habían tapado el radar para saber lo que estaba ocurriendo.

Todos esos hechos, aunque son conocidos, hay que recordarlos por la recurrencia de la pregunta sobre la debilidad de la oposición.

Obviamente, sin poder participar en elecciones, y no existiendo la opción de la lucha armada, la oposición inevitablemente luce débil y dispersa. Ya lo hemos comentado: sin ejercicios electorales, los partidos políticos son como peces a los que se les quita el agua.

En las elecciones presidenciales de 2016, también es bueno recordarlo, Ortega canceló todas las personerías jurídicas en las cuales la oposición se podría haber aglutinado, pues temía la repetición del desafío que le planteamos en 2011. Esta decisión agudizó el perfil autoritario del régimen y estimuló la decisión de la Nica Act que se aprobó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en septiembre de ese año.

La reacción de Ortega ante la Nica Act fue iniciar el llamado diálogo constructivo con la Secretaría General de la OEA. El informe que presentó la Secretaría con motivo de las recientes elecciones municipales, llama a una refacción global del sistema electoral. Mal haría Ortega en tomar el diálogo con la OEA a la ligera.

La semana pasada estuve en República Dominicana en una conferencia internacional conmemorativa de la ola democratizadora de América Latina, que se inició en 1978 con las primeras elecciones verdaderamente democráticas en ese país caribeño. Esa ola democrática progresivamente se extendió a numerosos países pues la región estaba plagada de regímenes militares. Las excepciones eran muy pocas, entre ellas Venezuela. Ahora es al revés, y si bien Venezuela es el caso más visible de la excepción, también se contabiliza entre las excepciones a Nicaragua.

En la conferencia tuve oportunidad de conversar con numerosos políticos y analistas de varios países de la región, y todos coincidían en la impotencia de la comunidad internacional ante la crisis de Venezuela, que incluye una catástrofe humanitaria.

Nuestro caso no tiene, ni mucho menos, los ribetes de la crisis venezolana, pero seguramente la comunidad internacional no deseará verse en el futuro con la misma impotencia que en Venezuela.

La debilidad de la oposición no es la única consecuencia del afán autoritario de Ortega. Es, a lo inmediato, la consecuencia más visible, pero a mediano y largo plazo tendremos otras consecuencias indeseables que ya se insinúan con la sanción al Presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).

(Se autoriza y agradece su reproducción y circulación)

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Edición No. 439, 20 de enero de 2018

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Se trata de instituciones, no de personas

El embajador de Suecia en Guatemala, Ander Kompass, por cierto muy conocedor de Nicaragua y América Latina, fue requerido por la Canciller de ese país para amonestarle por recientes declaraciones del embajador.

¿Qué dijo el Embajador? Antes de citar sus expresiones, es bueno tener las circunstancias: en la sede de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), en ocasión de hacer público otro apoyo de Suecia a la CICIG por nueve millones de dólares, Kompass dio una conferencia de prensa.

Hay que recordar que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, accedió al cargo prometiendo luchar contra la corrupción, después que su antecesor, el presidente Pérez Molina ha terminado preso por la misma, pero al poco andar intentó sacar al Jefe de la CICIG pues la Comisión había empezado a investigar por manejos ilícitos de dinero presupuestario a sus familiares. Entonces, es entendible, aunque de ninguna forma justificable, que la Canciller del presidente Morales haya llamado al embajador sueco para amonestarle.

¿Pero…qué dijo Ander Kompass? Lo cito textualmente:

“Decir que la cultura es mala no está muy lejos de decir que la gente es mala y no creo que sea correcto, tampoco un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por esto es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas disfuncionales, no la gente. Los cambios institucionales deben ser de una naturaleza tan integral que no solo cambian la percepción de un individuo de cómo jugar las reglas del juego, en una sociedad corrupta sino también, y quizá principalmente, hay que crear la percepción de que otros en su situación también están dispuestos a cambiar su comportamiento. Esto en otras palabras exige una medicina fuerte, y creo que en Guatemala esta medicina se llama CICIG. Muchas gracias.”,

Lo que en buen cristiano dijo el embajador de Suecia en Guatemala es que el problema generado por la corrupción no está tanto en las personas o la cultura de un país determinado, sino en el ambiente institucional que fomenta la corrupción.

Si un gobierno fomenta la corrupción, habrá funcionarios y empresarios que se sientan incentivados a incurrir en la misma (como se interrogaba Sor Juana Inés de la Cruz, quién es más culpable, ¨la que peca por la paga o el que paga por pecar”), aunque la inmensa mayoría de funcionarios del gobierno y empresarios sean honestos.

Menos aún culpar a la cultura de un país de la corrupción, pues, como ocurre en Nicaragua, la inmensa mayoría de ciudadanos son honestos.

Todo lo anterior tiene pertinencia por la aplicación de sanciones a Roberto Rivas. No se trata solamente que él sea sancionado, por el gobierno norteamericano, por corrupción, aunque deba apreciarse que la ley Magnitsky culpabiliza tanto a los corruptos como a los que violan los derechos humanos, y sin duda Rivas presidió, bajo órdenes de Ortega, la violación de un derecho humano fundamental, pues del mismo depende el sistema democrático en todo el amplio sentido de la palabra: el derecho al voto, y que los votos se cuenten bien.

La conclusión de todo lo anotado, es doble:

Primero, en los Códigos Penales de casi todos los países se asume que los ciudadanos se comportarán correctamente, y se sanciona a quienes violan ese principio el cual ha sido tipificado en diversas formas de delito.

Segundo, no falta únicamente que el gobierno sustituya a Roberto Rivas en la presidencia del Consejo Supremo Electoral (CSE), ni cambios cosméticos en otras instituciones del Estado, para satisfacer los estándares de honestidad y gobernabilidad democrática.

Ciudadanos de a pie, empresarios de todos los tamaños, y gobierno con todas sus instituciones, enfrentamos el reto de desandar el camino autoritario de la última década, reiniciar la construcción democrática que se ha interrumpido, y evitar mayores sanciones y conflictos.