El Pulso de la Semana. Edición No. 577, 16 de enero de 2021

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Marx, guerra fría y economía de mercado

Esta semana puse un tuit en el cual señalaba que el “problema de Nicaragua no es derecha-izquierda, sino dictadura-democracia. Argumentar eso -decía- es complicidad con Ortega. Fin de “Guerra Fría” condujo a universalizar economía de mercado, con gobiernos dictatoriales como Nicaragua y otros, y gobiernos democráticos”.

Ese tuit respondía a quienes se oponen a la unidad de la oposición a Ortega, argumentando, casi con igual vehemencia y categóricamente, que la oposición a la dictadura es como los problemas entre izquierda y derecha. 

Desde mediados del siglo XIX diversos pensadores cuestionaron aspectos de la economía de mercado, o la totalidad de la misma, como hizo entre otros Carlos Marx. Haciéndose cargo de la situación social de la clase trabajadora bajo el capitalismo, en 1891 el Papa León XIII emitió la primera Encíclica social, Rerum Novarum (“De las cosas nuevas” o “De los cambios políticos”), desencadenando el compromiso social de los católicos. Posteriores encíclicas, entre ellas Mater et Magistra de Juan XXIII y Centesimus Annus de Juan Pablo II, completarían el compromiso socioeconómico y democrático, hasta el Papa Francisco y sus diversos pronunciamientos y encíclicas, incluyendo temas  como el medio ambiente. Algo semejante ha ocurrido entre las denominaciones evangélicas y los no creyentes.

Con el fin de la Guerra Fría, en la cual compitieron capitalismo y comunismo, se universalizó la economía de mercado, con escasísimas excepciones. A partir de esa universalización de la economía de mercado, solamente caben dos formaciones políticas: por un lado, regímenes autoritarios, incluyendo dictaduras represivas, con mayor o menor presencia estatal, como China y otros países, entre ellos Nicaragua. Y, por otro lado, regímenes democráticos, también con mayor o menor presencia estatal, desde los países nórdicos hasta Costa Rica y Chile.

En todos los países democráticos existen opciones políticas, desde el neoliberalismo, que aboga por la reducción del Estado, hasta la socialdemocracia, a la cual pertenece el MRS, con mayor presencia estatal, pero con estricto respeto al Estado de Derecho, libertad de expresión y reunión, derechos humanos y elecciones democráticas. Precisamente, la pandemia ha extendido mayor demanda en los países por servicios de salud públicos, y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha autorizado extremos de endeudamiento para atender la salud y reactivación económica, que redundará en mayor presencia estatal.

Un caso singular es Nicaragua, con la dictadura represiva de Ortega. La economía de mercado no está en discusión por ninguna opción política opositora, salvo el gobierno con sus  intervenciones arbitrarias, con las ilegales confiscaciones de Confidencial, 100% Noticias y otros atentados, y la ocupación de tierras a diversos empresarios, incluyendo la madre del Presidente del COSEP, fallecida recientemente. El caso de Nicaragua, tampoco explica y menos aún justifica disonancias estridentes con la necesidad de unidad opositora, en circunstancias que se mantiene la represión, no se ha alcanzado liberación de presos políticos, regreso de exiliados y, menos aún, reformas electorales.

La situación de Nicaragua, además, tiene elementos de partido único, como en China, en que ninguna gestión se mueve que no sea con el Frente Sandinista, y, a más nivel, El Carmen. Pero a diferencia de China, la presencia estatal en la economía es supuestamente limitada, salvo las arbitrariedades de la dictadura para presionar a los empresarios, como señala el editorial de La Prensa hace dos días. Pero igual que China y otros regímenes autoritarios, carecemos de libertad y democracia, y por eso estamos luchando, y entre más unidos, mejor.

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El Pulso de la Semana. Edición No. 576, 9 de enero de 2021

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                                              Los 43 años desperdiciados

Mañana se cumple el 43 aniversario del asesinato a perdigonazos de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ocurrido en enero de 1978, y que precipitó el derrocamiento de la dictadura de Somoza, pues a partir de entonces se gestó una amplia alianza de muchos sectores nacionales y países centroamericanos prestaron su territorio, para respaldar la lucha armada del Frente Sandinista.

Con motivo del aniversario, el poeta y literato Luis Rocha Urtecho publicó el día de hoy en Confidencial, que dirige su hijo Carlos Fernando Chamorro B, un conmovedor escrito en el cual interroga a Pedro Joaquín: “Me contestás que la herida que más te duele, más que la de los perdigonazos, es la de 43 años perdidos”.

Perdidos, no solamente en la política, por la actual dictadura de Ortega, y Pedro Joaquín dedicó toda su vida a combatir la de Somoza. También perdidos en lo económico y social.

En 1977, antes del derrocamiento de Somoza, nuestro ingreso por habitante representaba más del 60% de Costa Rica y Panamá, y ahora no llega al 20%, y eso explica que los nicaragüenses vayan a buscar empleo en esos países, en vez de tenerlo en Nicaragua. En dólares constantes del año 2010, el ingreso por habitante del año pasado, de 2020, ha retrocedido al de 1960. ¡6 décadas! ¡60 años de retroceso! Y los niveles de pobreza, según la última encuesta de FIDEG (Fundación Internacional para el Desafío Económico Global), llega al 44%, es decir, casi uno de cada dos nicaragüenses ¡es pobre!

¿Causa? En menos de 50 años hemos tenido dos guerras civiles, y en la de 1979 desapareció el Ejército de entonces, la Guardia Nacional, de Somoza, que era a su vez Policía. Con el triunfo revolucionario total, quisimos copiar a Cuba, y derivamos en otra guerra civil. “Nosotros, publicó el General Humberto Ortega en su reflexión de finales de 2019, los dirigentes de la revolución no fuimos capaces de sostener la gran alianza patriótica nacional que desde posiciones flexibles empujamos desde 1977 para vencer al somocismo”. 

El Ejército de hoy existe por diversos factores: primero, el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando era inminente el fin de la Guerra Fría, y la tenaz oposición del Partido Demócrata a la política de Reagan-Bush; segundo, el compromiso centroamericano para democratizar sus países, institucionalizar a los ejércitos y desarmar a los grupos irregulares; tercero, el gobierno de  Violeta Chamorro impulsó la reconciliación nacional, institucionalización del Ejército y Policía, y democratización de Nicaragua.

Es crucial entender que hay un vínculo estrecho e inseparable entre institucionalización del Ejército y Policía, por una parte, y democratización por otra, para sustentar la reconciliación entre las partes de la guerra civil de los 80. Ese vínculo sustentó la complacencia tanto nacional como internacional con Nicaragua. Esa complacencia con Ortega terminó en 2018, con la masacre y continuada represión, como también terminó la complacencia con Somoza, cuando asesinaron a Pedro Joaquín.

La Policía Nacional, totalmente subordinada a intereses políticos de Ortega, al extremo que ha actuado conjuntamente con paramilitares o paraestatales, deberá ser reformada radicalmente. Y el Ejército, en su proceso de reinstitucionalización, deberá desarmar a paramilitares o paraestatales cuando finalice la dictadura, y apoyar la reforma policial.

Este breve recuento de las causas de las dos guerras civiles, que nos condujeron a tanta postración económica y social, demuestra que los abusos democráticos no son indefinidos. Todos esos factores han conducido a que la oposición a la dictadura de Ortega haya levantado, desde un inicio, la solución pacífica, electoral, a la crisis política. No podemos seguir con más guerras civiles, ni desperdiciar otros 43 años.

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El Pulso de la Semana. Edición no. 575, 2 de enero de 2020

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Ortega y la vía pacífica

En nuestro primer artículo del año 2021, queremos afirmar lo siguiente: Ortega hace todo lo posible para que la oposición abandone la vía pacífica, y debemos conocer sus consecuencias. 

Con el objetivo anterior, Ortega desafía a los amplios sectores que se le oponen por la vía pacífica, a la comunidad internacional que respalda esa opción pacífica, y al propio Ejército de Nicaragua. En su primera reacción como institución, y ante la masacre iniciada en abril de 2018, señaló el propio 21 de ese mes que “nos sumamos y respaldamos la decisión de búsqueda de una solución por la vía del diálogo para encontrar una respuesta consensuada al tema que originó estos momentos de dolor”. La solución pacífica que demanda la crisis política, son las elecciones previstas para el 7 de noviembre de 2021.

Solamente en la actitud de Ortega se explican las leyes aprobadas a finales de 2020, y que se oponen junto al clima de represión, para que esas elecciones sean la solución que buscamos. Esas leyes, abiertamente contrarían a la resolución de la Asamblea General de la OEA, de octubre recién pasado, y que precisamente, al reconocer la legalidad del gobierno de Ortega, a diferencia del gobierno de Maduro en Venezuela, pide reformas electorales.

A diferencia de Venezuela, en cuya réplica Ortega trata de convertir a Nicaragua, existen al menos dos diferencias sustanciales: primero, las sanciones de la comunidad internacional han sido a personas, instituciones y empresas, directamente vinculadas a la represión y corrupción, no al país como en Venezuela; segundo, ausencia de mayores vínculos económicos de Venezuela con sus vecinos, a diferencia del caso de Nicaragua.

El propósito que Ortega busca de una opción cívica diferente en la oposición, me recuerda un editorial de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, cuyo asesinato conmemoramos en una semana más. En 1966, pocos meses antes de las elecciones de 1967 bajo la dictadura de Somoza, escribió: “Que haya un cambio. Un cambio pacífico y honorable, pero verdadero y profundo”. El llamamiento “honorable”, era a la Guardia Nacional. Debe recordarse, qué desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, cualquier intento del derrocamiento armado de Somoza fue básicamente abandonado, con la excepción de Olama y los Mollejones en abril de ese mismo año, que ya estaba en marcha y dirigida por el propio Pedro Joaquín, y la rebelión de Jinotepe y Diriamba al año siguiente. La advertencia de Pedro Joaquín y de toda Nicaragua a Somoza no fue atendida, y lo mismo está haciendo Ortega. 

Pero fue tal el repudio a Somoza, que años después se respaldó al Frente Sandinista (FSLN), pese a su identificación con Cuba, por amplios sectores dentro del país y numerosos países prestaron su territorio y suministraron armas.

En la guerra civil posterior al triunfo de la revolución sandinista, no solamente concurrieron el financiamiento de Estados Unidos, sino que otros países, en especial Costa Rica y Honduras, facilitaron sus territorios para respaldar la lucha armada.

Al respecto, debe recordarse que para cada país centroamericano el comercio con los otros países de la región es tan importante como el comercio con los Estados Unidos, de modo que en la reacción de sus gobiernos no solamente existía el rechazo a Somoza y posteriormente a la revolución sandinista, sino también intereses económicos prácticos.

Este recuento rápido de la historia de Somoza y la actitud de Ortega, no es solamente con fines históricos comparativos, sino para que evitemos la recurrencia bárbara de nuestra historia, en que hemos vivido de guerra civil en guerra civil, y de ahí nuestra postración socioeconómica. Eso nos jugamos el próximo noviembre.

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El Pulso de la Semana. Edición No. 574, 26 de diciembre de 2020

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Causa de las sanciones, no es pedirlas

Hemos pasado otra Navidad con presos políticos, centenares de muertos sin asomo de justicia, decenas de miles de exiliados, dirigentes opositores con casa por cárcel, prohibición de protestas pacíficas, privación del derecho de reunión y violación sistemática de los derechos humanos. En adición, leyes recientes que penalizan las libertades democráticas y arman todo el entramado legal de una dictadura, más allá del ejercicio omnímodo del poder de Ortega sobre todos los poderes del Estado.

¡Esa, y no otra, es la verdadera causa de las sanciones internacionales!

Hace menos de una semana se aprobó la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, que prohibe la participación como candidatos de elección popular a quienes de alguna manera pidan sanciones como si la causa no fuese la dictadura, entre otras causales que además los jueces de Ortega interpretarán según el antojo del dictador.

El mismo día, el Alto Representante para Política Exterior de la Unión Europea, emitió un comunicado haciendo un recuento detallado de todas esas lesiones legales a los derechos democráticos de los nicaragüenses. Y seguramente la nueva administración de los Estados Unidos tendrá el mismo recuento, sobre todo en circunstancias del consenso bipartidista que existe en el Congreso de ese país en contra de Ortega. Ese consenso ha sido reforzado por las recientes declaraciones de los ex representantes, Barnes y Bonior, que encabezaron la oposición a la política de Reagan en los años 80, como el mismo Biden en el Senado de ese país.

Envalentonado por los recursos de financiamiento internacional que recibieron por la pandemia y los huracanes, el asesor económico de Ortega compareció poco antes de Navidad en un canal de TV y expresó, de manera confusa porque entremezcló ataques a los Estados Unidos y la Unión Europea, que se reuniría con empresarios, a quienes no identificó, para revisar algunos de sus reclamos en materia tributaria, como si nada hubiese pasado y no existiera la crisis política y todo fuese producto de sanciones internacionales. 

Esa comparecencia me recordó, en pleno esplendor del “modelo de diálogo y consenso”, que en definitiva avaló el modelo autoritario que derivó en la dictadura que ahora tenemos, los esfuerzos que se hicieron para detener la Nica Act que fue, por primera vez, aprobada el 21 de septiembre de 2016. Recuérdese que ese era año electoral, y Ortega había excluido a la verdadera oposición de participar en las elecciones de noviembre.

En ese contexto, el gobierno llamó a la OEA, de cuyo Secretario General había pedido la destitución tres meses antes, y contrató al Grupo Gephardt para que intentara detener la Nica Act. Otro empresario contrató al Grupo Estopiñán, y AMCHAM contrató al Grupo Carmen, con el mismo fin. ¿Recuerdan?

Menos de dos años después terminamos en la masacre de abril de 2018 contra manifestantes pacíficos, y de previo, por el intento de reformas al Seguro Social para amparar la corrupción y el derroche en esa Institución, había terminado el modelo de diálogo y consenso.

El recuento que hizo Borrell en nombre de la Unión Europea, que además forma parte del consenso bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos, quita aire al envalentamiento del gobierno que lleva a confundir el financiamiento por la tragedia humanitaria de la pandemia y los huracanes, con la normalización de las relaciones afuera y dentro de Nicaragua.

Por eso decimos confusas a las declaraciones del asesor de Ortega, que repitió en voz baja el cinismo de Ortega defendiendo, a voz alzada, en nombre de la soberanía y el respeto a Nicaragua, que nadie más que él ha arriesgado, a la dictadura. 

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