El Pulso de la Semana. Edición No. 419, 22 de julio 2017

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¿Demostración de fuerza o respaldo?

La poderosa demostración de fuerza que dio el gobierno de Ortega con motivo de la celebración del 38 aniversario de la revolución sandinista, reuniendo a miles y miles de personas en la Plaza la Fe el recién pasado 19 de julio, en un acto cada vez más coreográfico, no necesariamente significa una manifestación de respaldo.

Pero, sin duda, la afirmación anterior no debe conducirnos a dos equívocos. El primero, ignorar la fuerza del FSLN. De hecho, la revolución sandinista, con sus aciertos y errores, dio origen a un nuevo sujeto social y político, el sandinismo, cuyos intereses no pueden ser ignorados por ningún gobierno. Así como la revolución liberal de finales del siglo XIX dio origen al sujeto social y político dominante del siglo XX, el liberalismo, en las próximas décadas las políticas públicas deberán considerar los intereses del sandinismo si quieren tener cobertura y eficiencia en la solución de los problemas nacionales.

El segundo equívoco es derivar, de la fuerza del FSLN, la conclusión de que “Ortega de todas formas ganaría las elecciones”, como sectores interesados en conservar la estabilidad autoritaria de Ortega lo afirman. Si esa conclusión fuese realista, ¿por qué Ortega no realiza elecciones libres, si de todas formas las ganaría? ¿Por qué arriesga las sanciones de la Nica Act y otras, si de todas formas ganaría en elecciones democráticas? Este no es un argumento nuevo, pero resulta pertinente recordarlo por la reciente manifestación de fuerza orteguista.

En democracia, que no es nuestro caso, el respaldo se mide con votos, y desde que Ortega regresó al gobierno hace más de una década, en Nicaragua no hemos vuelto a tener elecciones democráticas.

Lo anterior conduce a plantearse la situación de la oposición. Está débil y fraccionada, como todo mundo sabe. Pero ésa es una consecuencia muy directa del cierre de los espacios democráticos, en particular los electorales.

En efecto, y pese al fraude en las elecciones municipales de 2008, las últimas elecciones con grados razonables de credibilidad fueron las presidenciales de 2011. Abonaban a esa credibilidad las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), y la observación nacional. Pese a las restricciones financieras y de todo tipo, incluyendo las prohibiciones de la Policía Nacional para autorizar las concentraciones de la oposición aglutinada en la Alianza PLI, cuando el candidato presidencial opositor Fabio Gadea Mantilla dijo “¡Sébaco va!”, ante la insistencia de las autoridades de negar esa plaza para el inicio de la campaña electoral, en menos de una semana se pudo realizar una concentración que desbordó una plaza más grande que La Fe, según mediciones que entonces se realizaron en base a los mapas de Google.

Esos miles y miles que se reunieron a finales de agosto de 2011 en Sébaco, lo hicieron de manera fundamentalmente espontánea. Es lo que ocurriría ahora, si tuviésemos elecciones creíblemente democráticas. Entonces ya existían los partidos comparsas de Ortega, pero la gente no se equivocó, y se aglutinó en la única oposición creíble.

La ausencia de espacios electorales impide a los partidos políticos generar liderazgos y propuestas de programas para la solución de los problemas nacionales.  Y esto ocurre tanto a la oposición como al propio FSLN, en el cual ya no hay discusiones programáticas ni renovación de los liderazgos.

Hay una relación directa entre el cierre de los espacios para la oposición y el cierre de los espacios dentro del FSLN. Entonces, con la recuperación de los espacios democráticos ganaremos todos, sandinistas y no sandinistas.

El Pulso de la Semana. Edición No. 418, 15 de julio 2017

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Los países siempre pueden estar peor

En el libro “El pez en el agua”, memoria autobiográfica de parte de su vida y de la campaña presidencial de 1990 en el Perú, en la cual fue candidato a presidente, el laureado narrador y ensayista Mario Vargas Llosa señala (y cito de memoria) “que los países siempre pueden estar peor”. A diferencia de los seres humanos y otros animales, el deterioro físico progresivo termina en la muerte, pero los países no mueren, siempre pueden estar peor, al extremo que en las últimas décadas se ha acuñado el concepto de Estado fallido, para ilustrar casos como Somalia.

La reflexión resulta pertinente por el caso de Venezuela. En agosto de 2015, el dirigente español y ex presidente de Gobierno, Felipe González, escribió un artículo titulado “Venezuela, al límite”. En los dos años siguientes la crisis de ese país sigue sin resolverse mientras el saldo de muertos, heridos, presos políticos se ha incrementado hasta el dramatismo, y la situación de violencia común, carestía, inflación, emigración y desesperación ha adquirido tales proporciones que, ahora, se habla y con propiedad de crisis humanitaria, que el gobierno de Maduro se niega a aceptar.

En su negación, el régimen venezolano ha venido cerrando los espacios democráticos al extremo que hace dos años se veía como posible salida negociada las elecciones parlamentarias programadas para diciembre de 2015. Así lo veía González en su artículo por la posible negociación entre un Ejecutivo controlado por Maduro y una oposición que, se anticipaba, ganaría la Asamblea Nacional.

Las elecciones se realizaron el 6 de diciembre y la oposición ganó aplastantemente, pero en vez de trabarse la esperada negociación el gobierno de Maduro frustró esa posibilidad cuando, después de reconocer a regañadientes el triunfo de la oposición, pasó a copar todos los cargos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antes que asumiera la nueva Asamblea Nacional. Eso abrió la opción del revocatorio de Maduro, como la única posibilidad, y la crisis desde entonces se ha venido profundizando y en marzo de este año la Asamblea Nacional fue despojada de todas sus facultades por la CSJ, lo que ha desencadenado la última ola de protestas, que ya cumplió 100 días y ha dejado casi un centenar de muertos.

La única concesión que el gobierno ha hecho fue el traslado la semana pasada del más significado preso político, Leopoldo López, de su celda en el cuartel de Ramo Verde, al arresto domiciliario. Independientemente de las razones que explican esa decisión, desde la presión internacional hasta descompresionar las protestas callejeras, la misma ha abierto una cierta aunque remota expectativa de que pese al cierre de las opciones de salida negociada a la crisis, por la intransigencia de Maduro, alguna posibilidad existe.

Cuando Leopoldo cayó preso, en marzo de 2014, recordé en este mismo periódico que poco antes, en una reunión que sostuvimos en Costa Rica, él era partidario de que se convocara a una Asamblea Constituyente (no el mamarracho que ha convocado Maduro), porque en la misma “todos ganarían y perderían algo”, a diferencia del referendo revocatorio en que “una parte gana todo y la otra pierde todo”. Después, y como quedó anotado antes, el revocatorio fue la única opción de la oposición.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dónde está aglutinada toda la oposición, reforzada por el chavismo crítico que ha manifestado su oposición a las intransigentes medidas de Maduro, ha venido insistiendo en una solución negociada.

Y la posición de la MUD se ha visto reforzada por la actitud de Leopoldo López. El periódico El País de España, de hace una semana, señala qué en las negociaciones finales del traslado de Leopoldo a su casa, el dirigente chavista Jorge Rodríguez, muy cercano a Maduro, y quién visitó a López en presencia del ex presidente español Rodríguez Zapatero, comentó “que no quería ocupar la celda de López en Ramo Verde”, a lo que Leopoldo contestó “que cuando la oposición llegara el gobierno no habría persecuciones”.

El puente de reconciliación está tendido, al menos desde la posición de la MUD, pero el aferramiento al poder de Maduro y su camarilla inmediata puede hacer que Venezuela pueda estar peor. Y los nicaragüenses debemos aprender la lección.

El Pulso de la Semana. Edición No. 417, 1 de julio 2017

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Anticipar la transición (3)

En el artículo anterior dibujábamos una serie de escenarios que pueden lucir exagerados, en especial desde la perspectiva de la actual sensación de estabilidad que vive Nicaragua.

Y es que, en efecto, la estabilidad autoritaria trasmite una  sensación muy fuerte de eficacia y seguridad, pero en el corto plazo. Basta vernos en nuestro pasado y en el espejo de Venezuela, que mientras tuvo altos precios del petróleo pudo mantener políticas distributivas que daban estabilidad y mayorías electorales, pero mientras tanto la concentración del poder y sus consecuencias institucionales acumulaban la tormenta. Cuando llegó el shock externo de la caída de los precios petroleros, la tormenta fue perfecta, conjugándose asfixia democrática, falta de autonomía de las fuerzas armadas, delincuencia generalizada, poder del narcotráfico y cambio en la correlación internacional.

¿Cómo transitar de una estabilidad autoritaria a una democrática, sin catástrofe y sin que aparezca una simple e ingenua apelación?

Para resolver esa interrogante es fundamental identificar la clave –actores, incentivos y circunstancias-  que permitan encontrar la transición deseable y posible.

Los actores somos todos. Si el objetivo se comparte, dejaremos de estar dando golpes hacia los lados y alinearemos todos los esfuerzos en dirección al mismo. Los esfuerzos deben ser contra los obstáculos, no contra quienes comparten  interés en el objetivo, pese a diferencias de opinión y de papeles.

A su vez, los incentivos están cambiando, de aquellos que estimulaban un creciente autoritarismo del gobierno de Ortega, a los que anticipan riesgos y contención de esa dirección.

La caída de la cooperación venezolana hace que asomen carencias e ineficiencias que dormitaban y ahora resultan visibles. Lo vemos en tarifas de servicios público, restricciones al gasto social y crisis como el Seguro Social (INSS).

En el contexto de ineficiencias y carencias que se tornan visibles, el abuso de poder, la corrupción y la confusión de intereses públicos-privados (por ejemplo, el pago de las deudas a CARUNA, dónde se canalizó parte sustancial de la cooperación venezolana, restringe la disponibilidad de recursos para otros fines), resulta cada vez más sentida.

El fin de los megaproyectos, en medio de carencias sin ilusión, deja desnuda la ausencia de una estrategia factible de desarrollo. Salvo la expansión relativa de la capacidad de energía eléctrica y red de carreteras, después de diez años de gobierno autoritario los otros obstáculos estructurales al crecimiento y la equidad -educación, productividad, puertos, etc- se mantienen.

En ese contexto, la Nica Act y otras consecuencias de los coqueteos geopolíticos del gobierno, como el reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur, arriesgan un shock externo de enormes consecuencias negativas sobre la economía y confianza en la misma.

La reacción del gobierno ante la primera aprobación de la Nica Act el año pasado, fue invitar a la Secretaría General OEA a un diálogo que ha derivado en algunos compromisos. En cuanto al compromiso inmediato, las elecciones municipales de noviembre que serán observadas por la OEA, revirtiéndose parcialmente la decisión autoritaria de impedir observación de las elecciones, subsisten fallas fundamentales del sistema electoral y, aún más significativo, se mantiene el patrón de exclusión política de una parte sustancial de la oposición.

Es difícil imaginar que la Secretaría General de la OEA ignore las deficiencias sistémicas y la exclusión política de las elecciones municipales que observará en noviembre. Por tanto, se espera que el Informe de las mismas recoja esas deficiencias sistémicas, como lo hizo el Informe de las elecciones generales de 2011. Y que sean esas deficiencias -que nos han impedido tener elecciones democráticas desde que Ortega regresó al poder en 2007- las que se intente solventar en la Misión de Cooperación que como producto de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Secretaría de la OEA, se establecerá hasta la víspera, prácticamente, de las elecciones generales de 2021.

Esa es la circunstancia, elecciones genuinamente democráticas en 2021, que no borrará las ilegalidades y fraudes anteriores, y que no ahorrará para lograrlas lucha de todos los actores con capacidad de incidencia, pero que nos puede evitar una transición catastrófica del autoritarismo a la democracia.

Edición No. 416, 24 de junio de 2017

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Anticipar la transición (2)

Al terminar el artículo anterior, y a propósito de que todo gobierno autoritario termina, y ante la catástrofe humana y económica con la cual está acabando Venezuela, nos preguntábamos qué hacer para evitar que Ortega termine en una transición catastrófica, como Zelaya a principios del siglo XX y Somoza en la agonía del mismo.

A mediados de los años 70 del siglo pasado había la misma sensación de estabilidad y seguridad que ahora: la economía crecía vigorosamente, y lo había hecho así durante un cuarto de siglo. Los fundamentos de esa estabilidad eran relativamente semejantes a los actuales, pero igual, había un sistema de partido hegemónico, con partidos colaboracionistas, se excluía a la oposición política, y terminamos en una revolución y posterior guerra civil.

Lo fundamental, para evitar una transición catastrófica de un régimen autoritario a uno democrático, es que todos los actores nacionales e internacionales que tienen incidencia en el proceso nicaragüense, incluyendo el propio gobierno y los sectores que lo apoyan, eviten esa falsa sensación que la estabilidad y seguridad autoritaria es eterna.

Resultará difícil, a los actores presentes, pensar que la estabilidad actual es efímera. Pero bastaría que se pongan en los zapatos de sus padres y abuelos a mediados de esos años 70, para entender que la misma sensación de estabilidad tenían ellos.

Desde luego, una cosa es conocer qué hacer para evitar lo peor, y otra es hacerlo. Aquí entran los incentivos, disuasivos unos, positivos otros. La combinación de incentivos ayudará a que los actores se anticipen a una transición fuera de control.

El mes pasado trascendió una grabación secreta de una reunión de oficiales de las fuerzas armadas venezolanas, discutiendo si escalaban militarmente la represión a las protestas. Un General expresó preocupación de “que el día podría llegar en que cualquiera de ellos terminara en prisión”.

Esa preocupación, un incentivo disuasivo, es consistente con la calificación que el Secretario General de la OEA y organizaciones internacionales de derechos humanos, han hecho de los crímenes de lesa humanidad –de jurisdicción universal e imprescriptibles-  que se estarían cometiendo en Venezuela. El General venezolano que manifestó preocupación, seguramente tenía en mente los casos de dictadores y represores que han terminado juzgados por la Corte Penal Internacional, que justo en estos días está reclamando a uno de los hijos del dictador Gadafi de Libia.

No es deseable que nuestras fuerzas armadas y de policía, las primeras verdaderamente institucionales y profesionales de nuestra historia, terminen como guardia pretoriana, con sus consecuencias. Eso es lo primero que debe evitarse, pues como tantas veces ha señalado su fundador y primer Jefe, el General ® Humberto Ortega, la institucionalidad y profesionalidad del Ejército y Policía son una conquista histórica.

En segundo lugar, debe recuperarse la independencia del sistema judicial. No es deseable, y estamos a tiempo de evitarlo, terminar con una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), o la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y con altos funcionarios y dirigentes presos, o perseguidos judicialmente a nivel internacional.

En tercer lugar, estrechamente asociado al punto anterior, no es deseable que la corrupción –metastisada con el lavado de dinero, crimen organizado y otras figuras delincuenciales de carácter transnacional- abra espacio institucional, social y territorial a las redes delincuenciales y se termine sindicando internacionalmente a nuestros dirigentes políticos, empresariales, militares y policiales, como está ocurriendo en otros países. Para evitarlo, debemos recuperar la independencia, autonomía y profesionalidad de los órganos de supervisión y control, la Contraloría General de la República y otros, pero también la independencia y profesionalismo del poder judicial.

Todos esos escenarios tendrían consecuencias económicas desastrosas para empresas, de todo tamaño y con independencia de filiación política de sus dueños, y para la población.

Si ya veníamos creciendo económicamente tanto como ahora, y teníamos iguales o mayores niveles de seguridad, y lo hacíamos en democracia, ¿Por qué pagar el riesgo de una transición catastrófica?

Recuperar el proceso de construcción de una estabilidad democrática, iniciado en 1990, puede parecer una apelación ingenua, frente a la situación actual y las manifestaciones de perpetuidad de la familia gobernante, pero no es así y eso lo veremos en el próximo artículo de esta serie Anticipar la Transición.