El Pulso de la Semana. Edición No. 564, 17 de octubre de 2020

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Leyes inútiles, pero dañinas para economía

Con la reclusión por la pandemia -lo viejo, porque virus han existido y existirán siempre- y que de sopetón nos llegó la época digital -lo nuevo, por el salto tecnológico que representan internet y las redes sociales-, he podido reflexionar sobre las consecuencias políticas de las recientes leyes represivas de Ortega. He llegado a la conclusión que son como intentar retener agua en las manos: sencillamente, inútiles. Me estoy refiriendo a las leyes de ciberdelitos y de agentes extranjeros.

En mis reflexiones, he sido ayudado por dos foros internacionales de los cuales participo regularmente, convocados por diferentes instituciones multilaterales, para analizar las consecuencias de la pandemia sobre la democracia en América Latina. Obviamente, esos foros son organizados por internet y les atiendo desde el encierro en mi casa. Señal de la “nueva normalidad”, como se ha dado en llamar al impacto de la pandemia que nos introdujo a la ciudadanía digital.

Hace treinta años, cuando recién se empezaba a popularizar internet, asistí a un entrenamiento sobre uso institucional, no técnico desde luego, pues sigo balbuceando con la computadora, de las ahora conocidas como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El instructor insistía que internet constituía una verdadera revolución, y preguntado sobre por qué lo consideraba de esa naturaleza ya que la tecnología cambiaba constantemente, señaló diversas razones. Pero a propósito de este artículo, me limito a dos de esas razones: primero, porque permiten interactuar en red, muchas personas a la vez, miles y millones, y en diferentes países; segundo, por la progresiva reducción del costo de comunicarse a través de internet.

Lo vimos en las protestas de la “primavera árabe” hace diez años, y recientemente en las protestas que hubo en diversos países sudamericanos el año pasado. Y los vimos nosotros en 2018, pero también lo estamos viendo en teleclases, teleservicios y teletrabajo, entre otras manifestaciones de esa nueva ciudadanía digital.

Los policías orteguistas que comparecieron a la Comisión Legislativa que dictaminó la ley de ciberdelitos, expresaron que disponían de las técnicas para implementar esa ley. Independientemente de esas técnicas, si un video de protesta contra Ortega que circula entre miles y miles de personas dentro y fuera del país, sin poder saberse el emisor original, ¿a quién inculparán esos policías? Y así podríamos poner otros ejemplos de la inutilidad de esas leyes, lo cual no significa que las apliquen a los principales activistas opositores, pero esa es una predeterminación política que corresponde a la naturaleza dictatorial del régimen de Ortega. ¡Pero a centenares de miles ciudadanos es inútil, porque faltarían cárceles para tantos presos políticos!

En otra ley, la de agentes extranjeros, ¿cómo determinará la Unidad de Análisis Financiero (UAF), o el Banco Central de Nicaragua, que una remesa recibida por una determinada persona, no la convierte en agente extranjero? Esa ley coloca al Banco Central y a la UAF en una condición de carácter represivo, que va más allá de sus objetivos institucionales y que terminará en consecuencias económicas negativas

Mientras la crisis política no se resuelva, los resultados de esas leyes represivas son que más temprano que tarde se perderán los equilibrios macroeconómicos, incluyendo las metas de inflación y consecuentemente el tipo de cambio. En otros comentarios hemos señalado que la demanda inicial de adelanto de las elecciones se ha trasladado a noviembre de 2021, con la expectativa que las mismas sean una solución. Sin esta expectativa, la fuga de capitales sería mayor.

La dinámica de más represión conduce a más contracción económica. Las leyes que comentamos, agregan leña al fuego y son, como dijimos al inicio, inútiles.    

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El Pulso de la Semana. Edición No. 563, 10 de octubre de 2020

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Efímero de Somoza, fugaz para Ortega

La semana pasada señalábamos que la creciente represión y proyectos de ley que penalizan a la oposición, parecían indicar que Ortega había “descartado cualquier atisbo de negociación, directa o indirecta”, al ser esa la respuesta a las demandas nacionales e internacionales para que las elecciones de 2021 se realicen en condiciones creíblemente democráticas.

Y, a la vez, indicábamos que los militantes y empresarios del FSLN, y organizaciones desde el Estado como el Ejército que institucionalmente han respaldado una salida pacífica de la crisis política, deberían entender que las consecuencias económicas y otros resultados de cancelar la opción pacífica-electoral, no solamente afectará a la oposición, sino a toda Nicaragua de la que ellos forman parte.

La resolución del Parlamento Europeo esta semana pidiendo a la Unión Europea que revise el Acuerdo de Asociación (ADA) con Nicaragua para aplicar la cláusula democrática, es una señal que no puede ser menospreciada porque la misma no es obligatoria o vinculante para los gobiernos de ese continente. Lo significativo es que todos los grupos  parlamentarios, sin excepción, de diferentes filiaciones políticas, algunos en el gobierno, respaldaron la resolución. Esto sin duda traslada la imagen, para quienes aún respaldan a Ortega, del clima de opinión pública internacional que existe sobre su régimen, en circunstancias que los países europeos, con un rebrote de la pandemia, se han ocupado de Nicaragua.

Hay que recordar que Somoza, dos años antes del triunfo de la revolución, no se pudo imaginar qué en un continente plagado de regímenes militares se reconociera, en la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Junta de Gobierno que lo reemplazaría, y que meses antes, habiendo visitado personalmente a los gobiernos militares de El Salvador, Honduras y Guatemala, le negaron la ayuda que solicitaba para su sobrevivencia en el poder. Similarmente, en el régimen de Ortega convergen más y más presiones, siendo inseparables a partir de ahora las personales de las que afectan a instituciones y al país, porque al parecer no han sido suficientes las personales.

Hace dos días La Prensa publicó las dificultades que enfrenta el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el único, por cierto, de las entidades multilaterales que le continúa otorgando financiamiento al régimen de Ortega, para desembolsar un préstamo que otorgó por la pandemia para  las medianas, pequeñas y microempresas. Independientemente de la pandemia y de las dificultades que a su vez tienen los bancos del sistema financiero, cuya tasa de riesgo sobre los créditos otorgados se han incrementado varias veces, debe entenderse que la causa fundamental de la contracción económica está en la crisis política que estalló en 2018, pero cuyas causas se habían venido acumulando desde que Ortega interrumpió y revirtió el incipiente proceso democrático, e implantó un ofensivo sistema de partido único, con algunos partidos colaboracionistas.

¿Es acaso inevitable otra transición catastrófica, para recuperar ese proceso interrumpido de construcción democrática? Recordemos las transiciones de Zelaya y Somoza, que terminaron en intervenciones, insurrecciones y guerras civiles que nos hicieron retroceder décadas en crecimiento económico. Hoy, con la contracción económica, ya hemos retrocedido varias décadas en ingreso per cápita, en dólares constantes, pero no ha existido destrucción de activos y otras causas de postración económica permanente.

En pocos días se realizará la Asamblea General de la OEA, que sin duda reiterará las condiciones mínimas para que en las elecciones de 2021 se resuelva nuestra crisis política. A su vez, poco después terminará el proceso electoral de los Estados Unidos, que desde estas páginas hemos apreciado otra de las consideraciones para que Ortega retarde las reformas electorales.

Como hemos visto por el Parlamento Europeo y la OEA, los plazos no son indefinidos. Pensar en la represión como recurso de estabilidad a largo plazo, resultó efímero para Somoza y resultará fugaz para Ortega.

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El Pulso de la Semana. Edición No. 562, 3 de octubre de 2020

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Al final, la catástrofe

Hasta ahora, la expectativa de los principales actores de Nicaragua -individuales, organizativos, institucionales- y de la comunidad internacional, era que las elecciones de 2021 fuesen una oportunidad de solución a la crisis política. La demanda inicial, que se adelantaran las elecciones, por la recuperación a sangre y fuego del control territorial por la dictadura de Ortega y el transcurso del tiempo, había quedado atrás.

La presión nacional y de la comunidad internacional, incluidas las sanciones, habían sido con el objetivo que se establecieran las condiciones para que las elecciones en noviembre de 2021 respondieran a los estándares internacionales. Se creía, hasta entonces, que Ortega mantenía el clima de represión, incluyendo a los presos políticos, como cartas en la mano para entonces cederlas en un proceso de negociación conducente a esas elecciones.

Pero todo ha cambiado recientemente, según parece. Y sin que se descarte las elecciones de 2021 que en todo caso serían en  condiciones al capricho de Ortega, el incremento de la represión y los nuevos proyectos de ley que extreman las restricciones a las libertades ciudadanas y agregan nueva tipificación de los delitos, conducen a que Ortega ha descartado cualquier atisbo de negociación, directa o indirecta.  

En todo lo anterior pareciera que Ortega ha decidido ir de la solidaridad usual con Cuba y Venezuela, a la repetición de los casos de esos países, aunque bajo modalidades singulares de dictadura y totalitarismo para adaptarla a las condiciones de Nicaragua. El tema fundamental es si acaso es viable esa réplica, cuestión dudosa, y a qué costo en vidas y consecuencias económicas.

La cancelación de la expectativa de una solución a la crisis política en las elecciones de 2021, no ha hecho sentir aún sus consecuencias económicas negativas en el nivel de depósitos financieros y los equilibrios macroeconómicos. Pero inevitablemente esa será la situación. Tampoco, hasta ahora, los proyectos de ley que conducen a nuevas tipificaciones delictivas, en particular la de llamarnos a todos los opositores agentes extranjeros, tendrá enormes consecuencias macroeconómicas. Esa ley introduce enormes sospechas sobre las remesas, las exportaciones, el comercio y la economía en general, sin contar que la misma y otras leyes represivas constituyen una invitación a que haya nuevas sanciones.

Todo eso nos conduce a la siguiente pregunta: ¿es viable una nueva China, sin tener Nicaragua la dimensión continental, poblacional y tecnológica, en el corazón de Centroamérica? Curiosamente a eso apunta Ortega, por raro que parezca, con esa extraña mezcla de economía de mercado, confusión Estado-Partido, proyecto familiar dinástico y cancelación de toda opción pacífica-electoral. Como la respuesta a la pregunta planteada es no, posiblemente a pasos acelerados nos enfrentaremos a una pauperización y consecuencias económicas semejantes a las de Venezuela, sin la presencia geopolítica del petróleo.

Además, ese proyecto político que en últimas terminará en confiscaciones como los embargos, tomas de tierra y prisiones actuales de empresarios, más las amenazas represivas en ciudades y campo, fácilmente revive en la memoria la situación de los años 80 que derivó en una guerra civil. A eso eventualmente nos conduciría Ortega al cancelar la vía pacífica-electoral, sin tener en este caso la solidaridad internacional que en los años 80 tuvo la revolución -recuérdese Contadora, su Grupo de Apoyo, la posición de Europa Occidental y el bloqueo demócrata a la política de Reagan- pues hoy hay consenso bipartidista en los Estados Unidos y en la comunidad internacional para la democratización de Nicaragua. Y, además, sin respaldo del bloque soviético, porque ya no existe.

Las personas, instituciones como el Ejército y empresarios que se desarrollaron al abrigo del FSLN, deben reflexionar en que las consecuencias económicas y de otra índole de la cancelación de la opción pacífica-electoral y de las leyes represivas, no solamente afectarán a la oposición sino a Nicaragua, de la que ellos también forman parte.

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El Pulso de la Semana. Edición No. 561, 26 de septiembre de 2020

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Responsabilidad de Proteger

Los objetivos o causas que más movilizan al mundo -léase, derechos humanos, medioambiente, derechos de la mujer, entre otros- pueden haber tenido orígenes diferentes, pero si no se expresan en documentos y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es muy difícil que lleguen a las agendas de los países, en términos de opinión pública y compromisos de gobiernos. Esta semana se realizó en Nueva York, dónde tiene su sede, la Asamblea General de la ONU, conmemorativa del 75 aniversario de su fundación. Aunque algunas organizaciones multilaterales nacieron antes y muchas después de la fundación de la ONU, en 1945, sin embargo esta organización se considera el paraguas de todas.

La ONU nació fundamentalmente para conservar la paz, y progresivamente fue incorporando otros temas por su relación íntima con la paz, como el desarrollo económico-social y el respeto al medio ambiente. Los derechos humanos, en cambio, estaban desde un principio. El origen de la ONU está en que habíamos tenido dos guerras mundiales en menos de tres décadas. Desde entonces, han existido numerosos conflictos regionales y guerras civiles, y crímenes masivos y atroces de origen racial, religioso, ideológico y político, pero no se han repetido conflagraciones de alcance mundial.

Con motivo del 60 aniversario de la ONU, hace 15 años, durante la Cumbre que se realizó con ese motivo, se alcanzó un acuerdo de trascendental importancia: la Responsabilidad de Proteger, conocida por sus siglas en inglés R2P. En la mencionada Cumbre, los países asumieron el compromiso de proteger a las poblaciones frente al genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. Como señala Ivan Šimonović, Asesor Especial del Secretario General, esa responsabilidad se basa en tres pilares: primero, la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones; segundo, la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones; y, tercero, la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado, cuando es evidente que éste no logra hacerlo. ¡Y menos aún, agregaríamos, cuando el gobierno de ese país comete esos crímenes, como el nuestro con Ortega, contra su población!

En definitiva, el principio que estamos comentando implica una relativización del principio de la soberanía de los Estados, por cuanto la misma conlleva la responsabilidad de proteger a la población de cada Estado de crímenes atroces. Sin embargo, conocemos las limitaciones del derecho internacional en cuanto al uso de la coerción o la fuerza militar, para hacer cumplir obligaciones suscritas en materia política y derechos humanos. El uso de la fuerza, en la ONU, solamente puede ser autorizada por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia), en que cada uno con su veto puede impedir una decisión. Por ese recíproco impedimento, Estados Unidos y países europeos a través de su alianza militar (OTAN) detuvieron el genocidio de Milosevic contra Kosovo y otras exrepúblicas de la antigua Yugoeslavia.

Todo lo anterior tiene incidencia en nuestro vecindario, pues además de Nicolás Maduro de Venezuela, también se dirigió a la Asamblea General de la ONU el Presidente reconocido por casi 60 países, Juan Guaidó, apelando a la Responsabilidad de Proteger en su tercer pilar, para que la comunidad internacional adopte acciones concretas para detener crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, de conformidad con el Consejo de Derechos Humanos de la propia ONU.

Aunque no se esperan acciones inmediatas de la comunidad internacional, y el tema a los nicaragüenses nos puede parecer lejano, no podemos ignorar que Ortega está escalando la represión y ha ligado su destino político al mismo de Maduro.

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