El Pulso de la Semana. Edición No. 486, 16 de febrero de 2019

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Golpe de Estado

En Venezuela como en Nicaragua, hay varios denominadores comunes, además de las dictaduras que enfrentamos. Entre ellos, tanto Ortega como Maduro, atribuyen las protestas que enfrentan a un “intento de golpe de Estado, con injerencia extranjera”.

Hay, desde luego, otras semejanzas y diferencias. Una importante semejanza, que las oposiciones a las dos tiranías han insistido en protestar pacíficamente. Y ambas protestas pacíficas, captadas en fotografías y videos además de pruebas testificales, han echado por los suelos el argumento gubernamental del golpe de Estado.

En Venezuela, la reactivación de la movilización en contra de la dictadura, ha tenido un mensaje adicional: el llamamiento a las fuerzas armadas para que ayuden a lo que sería un gobierno de transición que haga efectiva la celebración de elecciones genuinamente democráticas. Para Maduro y sus voceros, ésos llamamientos son a un golpe de Estado.

El problema no es simplemente gramatical. Es fundamentalmente político, porque la alternativa a la rebelión o protesta pacífica frente a la tiranía es la lucha armada y, lo que sería bastante peor, una intervención extranjera.

Hasta ahora, los llamamientos a las fuerzas armadas de Venezuela no han dado resultados por diversos factores, desde la presencia cubana en los servicios de inteligencia hasta los vínculos con el narcotráfico, pasando por una ideologización política que se contrapone con el profesionalismo y la institucionalidad. La próxima prueba de las fuerzas armadas -aunque allá, como aquí, debe distinguirse entre la policía y las fuerzas paramilitares, del ejército propiamente tal- serán los intentos de ingreso de la ayuda humanitaria. Lo fundamental, allá como aquí, es que se mantenga la lucha cívica y no lleguemos, como en el caso de Venezuela, a una situación económica catastrófica.

En Radio Corporación comenté y publiqué en La Prensa, hace dos semanas, un artículo sobre cómo evitar la degradación económica de Venezuela. Decía entonces que “el régimen dictatorial, en vez de ceder para iniciar la solución de la crisis política que está detrás del declive de la actividad económica, nos expone a las sanciones internacionales que están precipitando el desenlace de Venezuela…”.

Esta semana se conoció que la Secretaría General de la OEA había enviado una misión que, entre otras señales en la misma dirección, indicaría que podrían reiniciarse negociaciones para una solución pacífica de la crisis política. Que sea en serio esa disposición de Ortega, dependerá que todos los actores con incidencia en su voluntad actúen en consecuencia.

Hace algunos años en Venezuela se estableció un diálogo que Maduro ocupó para ganar tiempo, y ahora su país está peor. Ojalá no ocurra lo mismo en Nicaragua.

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Edición No. 485, 9 de febrero de 2019

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Fabio contra Ortega

Según el título de este artículo, podría haberse publicado en 2011, antes de las elecciones generales de ese año. Pero los antecedentes de la decisión que esta semana tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ayudan a explicar la crisis que estalló en abril de 2018, y tienen implicancias para el futuro, según veremos a continuación.

Expliquemos antes la decisión: la CIDH admitió la denuncia que interpuso Fabio Gadea Mantilla como candidato presidencial de la Alianza PLI, en que se aglutinó toda la oposición, para oponerse a la reelección de Daniel Ortega en 2011. La candidatura de Ortega fue autorizada por el Consejo Supremo Electoral (controlado por Ortega), en base a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (también controlada por Ortega), pese a la prohibición que establecía la Constitución. Recuérdese que Ortega enfrentaba entonces una doble prohibición: ser candidato en un período sucesivo, y ser candidato por tercera vez.

Las elecciones de 2011 tuvieron tal nivel de irregularidades y de violencia por las fuerzas de choque del orteguismo, que la misión de observación de la Unión Europea dijo que los resultados eran imposibles de verificar, y muchos recordarán que el Jefe de la Misión de Observación de la OEA, Dante Caputo, compareció señalando el propio día de las elecciones que se habían quedado sin capacidad de saber qué estaba ocurriendo, pues le habían “tapado el radar”. En esas elecciones Ortega se otorgó mayoría calificada en la Asamblea Nacional y reformó la Constitución, autorizando la reelección indefinida y a su esposa de Vicepresidenta, configurando pretensiones dinásticas.

Obviamente, Fabio y yo, que era su candidato a Vicepresidente, no ocupamos el escaño de diputado que según la Constitución nos correspondía por quedar en “segundo lugar” en las elecciones. Pero estuvimos de acuerdo en que los diputados de nuestra fórmula asumieran sus escaños para denunciar desde la Asamblea los atropellos, hasta que, previo a las elecciones generales de 2016, les cancelaron el nombramiento, como también impidieron toda participación de la oposición.

La exclusión de 2016 no era nueva. Desde 2008 el MRS había sido despojado de personería jurídica, y poco antes el dirigente Eduardo Montealegre de la propia (ALN). Y después, Eduardo fue despojado de otra personería (PLI).

La decisión de la CIDH cuestiona la legalidad y legitimidad de origen de la presidencia de Ortega y su esposa, y tiene consecuencias para otros países, entre ellos Bolivia dónde Evo Morales perdió un referendo que lo autorizaría.

El cierre de oportunidades democráticas ayuda a explicar la crisis de abril. Y hacia el futuro, no tengo la menor duda que la oposición, unificada electoralmente en el pasado, también se unificará. Por eso Ortega teme las elecciones, y está tomando decisiones que profundizan la crisis.

 

Edición No. 484, 2 de febrero de 2019

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Evitar otra Venezuela

En noviembre de 2018 publicamos en este diario, y comentamos en Radio Corporación, un artículo titulado “¿Es Venezuela nuestro futuro?”. Para entonces, la oposición al régimen de Maduro languidecía después de momentos explosivos de años anteriores, en que el fin de esa tiranía lucía cercano. Y nuestro análisis era que existían algunas diferencias sustantivas entre ambos países y regímenes, que nos llevaban a la conclusión que Ortega no se consolidaría como lucía Maduro.

El paralelismo de semejanzas, ambos regímenes dictatoriales, y diferencias, crisis económica peor en Venezuela, se mantiene. Pero señalaba también que los dos regímenes comparten la característica del amplio rechazo de la comunidad internacional, que para los dos países se ha acentuado.

Y pocos meses antes que estallara la crisis de abril en nuestro país, publiqué varios artículos que analizaban, tras las consecuencias de la revolución y guerra civil posteriores a la dictadura de Somoza, que nos hizo retroceder décadas en términos económicos, que los nicaragüenses debíamos hacer lo posible para evitar otra transición catastrófica de la dictadura a la democracia. Recordaba que antes del fin de Somoza nuestro ingreso per cápita era dos tercios de Costa Rica, y que ahora no llegamos a la quinta parte.

La gravedad económica en Venezuela se explica fundamentalmente por la equivocación de sus políticas económicas, y el despilfarro por corrupción y equivocados cálculos geopolíticos, y no tanto por sanciones de la comunidad internacional. Pero el desenlace de la dictadura en ese país se está dando por convergencia de la reactivación de la oposición y la acentuación del rechazo de la comunidad internacional, incluyendo severas sanciones y económicas.

He titulado este comentario “Evitar otra Venezuela”, porque ante el empecinamiento de Ortega estamos a punto de tener otra transición catastrófica que, en verdad, ya empezó para las decenas de miles de nicaragüenses que han perdido el empleo. También, y aunque no ha habido hasta ahora destrucción de activos económicos fijos, como plantas industriales e infraestructuras, hemos perdido activos no financieros que nos tomará muchos años recuperar: calificación de agencias crediticias, imagen turística, seguridad ciudadana, confianza económica, para solamente señalar algunos activos intangibles.

Y el régimen dictatorial, en vez de ceder para iniciar la solución de la crisis política que está detrás del declive de la actividad económica, nos expone a las sanciones internacionales que están precipitando el desenlace de Venezuela, y ha adoptado una serie de reformas tributarias y a la seguridad social que incrementarán el deterioro de la economía.

Venezuela es un país petrolero con una renta externa que ayudará a su recuperación económica. Nosotros dependemos más de la confianza y la seguridad política y jurídica para nuestra recuperación. No es que los venezolanos no necesiten la democracia, es que nosotros económicamente la necesitamos más, y ambos pueblos la merecen.

El Pulso de la Semana, con Mundo Jarquín. Edición No. 483, 26 de enero de 2019

Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)

26 de enero de 2019

(Edición No. 483)

 

¿Quién era Juan Guaidó?

¿Quién era Juan Guaidó, así, en pasado? Desconocido, absolutamente desconocido, pero ha dejado de serlo, y se reconoce su liderazgo en Venezuela e internacionalmente, desde que hace exactamente tres semanas, el 5 de enero, fue juramentado como Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El caso es relevante para Nicaragua. En la comunidad internacional hay sectores que tienen la idea, fundamentalmente equivocada, de que en Nicaragua la oposición carece de liderazgos visibles y partidos políticos opositores que respondan a la pregunta, ¿después de Ortega, qué?

Siempre al hilo de la comparación, hasta 2015 en Venezuela hubo casi 20 ejercicios electorales creíbles en términos democráticos, que permitieron el desarrollo de organizaciones políticas, entre ellas Vanguardia Popular, a la que pertenece Guaidó. Incluso, se reconoció el triunfo opositor en la Asamblea Nacional en diciembre de ese año. En Nicaragua, desde que llegó Ortega a la Presidencia en 2007, nunca tuvimos ejercicios electorales creíbles. Recuérdese el fraude en las municipales de 2008, donde la oposición unificada arrasó a Ortega. Y las elecciones presidenciales de 2011, en que hubo tal nivel de violencia e irregularidades, que el Jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Luis Yañez-Barnuevo, dijo que “los resultados eran imposibles de verificar”.

En el contexto de Nicaragua, sin ejercicios electorales creíbles en términos democráticos, era totalmente esperable que ni los partidos políticos se desarrollaran ni se decantaran nuevos liderazgos. Pero un régimen autoritario como el nuestro, crecientemente dictatorial y con pretensiones dinásticas, y pese al crecimiento económico, acumuló agravios en contra de diversos sectores, aún en el propio FSLN, que estallaron en la crisis de abril y terminaron articulándose con la demanda democrática. A los agravios acumulados, se han sumado los de la matanza, presos, exiliados y la crisis económica, de modo que Ortega recuperó control territorial con el terror, pero no ha resuelto las causas de la protesta.

La crisis de abril generó, espontáneamente, nuevas formas organizativas y una renovación de liderazgos, de naturaleza social, pero que sin duda se trasladará al plano político en caso que, como todo mundo desea, tengamos una solución pacífica y constitucional, antes que la crisis económica y social nos devore como en Venezuela.

Y también sabemos qué hacer después de Ortega: democracia, justicia y Estado de Derecho, y economía de mercado con políticas económicas consistentes con un desarrollo sostenible en términos sociales y ambientales. Para ello, sin embargo, se necesitan elecciones adelantadas, que como ha sostenido Carlos Fernando Chamorro, apoyado en numerosos constitucionalistas, podría organizar un legal gobierno de transición que adopte medidas de confianza, entre ellas liberación de presos políticos, observación electoral y nuevas autoridades electorales. Entonces, liderazgos, organización y unidad, no faltarán para alcanzar la democracia.