El Pulso de la Semana. Edición No. 589, 01 de mayo de 2021

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“Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)

   

El hombre que tenemos enfrente

El hombre que tenemos enfrente en el gobierno, si no es suficiente razón para la unidad de la oposición, es muy difícil imaginar cuál sería otra razón.

En abril de 2018, Ortega perdió por primera vez las calles. Recuérdese el “gobernar desde abajo”, en que ejercía su monopolio, al cual no le amilanó ni siquiera la muerte del Subcomandante de Policía Saúl Álvarez Ramírez en 1993. Por tanto, usó entonces diversas opciones, desde el “vamos con todo”, que da un ejemplo de su catadura moral.

En esos días, el pueblo con sus diversos sectores dominaba las calles y se alzaron diversos tranques defensivos frente al “vamos con todo”, y los CPC estaban agazapados en barrios y comarcas. Entonces, Ortega pidió un diálogo nacional a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), a la cual no recibía, pese a gestiones de la CEN, desde que en mayo de 2014 le había enviado una carta manifestándole preocupación por el curso que llevaba Nicaragua. Ese diálogo nacional solamente sirvió para que Ortega organizara un discurso, el famoso golpe de Estado, reagrupara sus fuerzas y lanzara una ofensiva sangrienta que terminó con toda resistencia cívica.

Cuanto se sintió dueño de la situación en el segundo semestre de 2018, Ortega expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo de Expertos Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos.

Algo semejante ocurrió en enero de 2019. El 23 de ese mes visitó Nicaragua una delegación del Parlamento Europeo, encabezado por Ramón Jáuregui, y Ortega recibió privadamente a una delegación de alto nivel del Departamento de Estado. Se trataba de Micheal McKinley, Asesor Principal del Secretario de Estado, Mike Pompeo, y Julie J. Chung, Secretaria Adjunta del Hemisferio Occidental. En la ocasión, eliminó los “rotonderos” y disimuló el Estado policial. Entonces, era inminente la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, por la declaratoria de vacancia del Jefe de Estado, de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, y la asunción de Juan Guaidó como Presidente en Funciones. Ortega convocó al segundo diálogo nacional, el cual terminó después que el peligro del derrocamiento de Maduro había cesado cuando fracasó la insurrección cívica-militar el 30 de abril, en que solamente se alcanzó la liberación de Leopoldo López.

Bajo esa presión y amenaza de la inminencia de caída de Maduro, Ortega accedió en el segundo diálogo a la liberación de centenares de presos políticos y firmó la  declaración de garantías políticas personales y colectivas, lo cual no cumplió y en cambio estableció un Estado de Sitio de facto, con extremas medidas represivas que se mantienen. 

En ese contexto, y más allá de naturales diferencias políticas, ideológicas y hasta personales, pocos entienden en Nicaragua y en la comunidad internacional la ausencia de unidad de la oposición, dado el peligro que enfrentamos. Por una parte, esas diferencias son precisamente la democracia que deseamos construir frente a la sangrienta dictadura que enfrentamos. Por otra, la unidad de la oposición no solamente es esperable, sino también condición de superación de esa dictadura.

Hay algunas señales positivas al respecto. El rechazo de todos los precandidatos presidenciales al proyecto de reformas electorales, es uno. La carta firmada por casi medio centenar de organizaciones, incluidas las que integran Alianza Ciudadana y Coalición Nacional, es otro. Muchos artículos, entre otros el de José Dávila de la ACJD, también. Es cuestión de perder el miedo, como dice el poeta afroamericano Langston Hughes en su poema Democracia: “No va a venir la democracia hoy, ni este año ni nunca, si cedemos al miedo”.

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El libro “Nicaragua, el cambio azul y blanco. Dejando atrás el régimen de Ortega”, se puede adquirir libremente en http://www.elcambioazulyblanco.com

El Pulso de la Semana. Edición No. 588, 24 de abril de 2021

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“Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)

                    24 de abril de 2021                    

(Edición No. 588)

Responsabilidad política de autoridades económicas

Las propuestas de reformas electorales del gobierno de Nicaragua son como si todo volviese a la normalidad, después de las elecciones de noviembre de este año. Solamente así se explica la impunidad de las mismas, que contrarían absolutamente el mínimo que ha propuesto la OEA para que tengamos elecciones creíblemente democráticas.

En la base del mal cálculo político que hace el gobierno y sus instituciones, en especial el ejército, muy probablemente estén las autoridades económicas, encabezadas por el Banco Central. No es que la locura política de Ortega y su esposa   fuese imposible, como le ocurrió a Somoza. Es que las autoridades económicas no le hacen ver el error, y por el contrario hacen cuentas alegres. Repetidamente Somoza insistía, cuando ya tenía el agua en el cuello, en completar su período presidencial hasta 1981, como lo hace Ortega desafiando a la OEA y la comunidad internacional. Y desde luego, al pueblo nicaragüense.

Si a Somoza le hubiesen dicho las autoridades económicas que no era posible mantenerse en el poder, sin enfrentar más sanciones -intervención armamentista para el FSLN, mayor aislamiento político internacional y consecuencias económicas negativas-, otro sería el destino de Nicaragua. Igual ocurre a Ortega, con su aislamiento político internacional y sanciones económicas que tienden a escalarse. La diferencia es la lucha armada. Pero, ¿cuánta paciencia tendrán los países centroamericanos si escalan las consecuencias económicas negativas y el contagio de la crisis es inevitable?

Las autoridades económicas, el Presidente del Banco Central y el Ministro de Hacienda, no le han dicho a Ortega que el alivio financiero recibido el año pasado fue por la pandemia y los huracanes, es decir, temporal, y las consecuencias negativas de un eventual escalamiento económico de las sanciones. Caso aparte es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que pasó del 30% de los desembolsos de organismos multilaterales en 2017, a casi el 70% de los mismos en 2018, y subió aún más en 2019 y 2020.

La pregunta, sin embargo, es la siguiente: ¿puede el BCIE seguir financiando ilimitadamente a Nicaragua, como lo ha hecho hasta ahora? No se trata de la voluntad de los socios del Banco, que puede ser ilimitada, sino por razones financieras. En definitiva, ese Banco se financia en los mercados internacionales de capital, y los mismos no permitirán que se financie a Nicaragua ilimitadamente, y menos en el contexto de otros organismos financieros internacionales que ya tienen reticencias políticas, las cuales aumentarán significativamente si la crisis política no encuentra solución.

Y esa crisis no encontrará solución si no hay elecciones libres. El gobierno, por el contrario, continúa reforzando las causas del estallido de esa crisis. Anteriormente, había represión selectiva y ahora es generalizada, para evitar otro estallido. Y así podemos ver que otras causas continúan. Los estudiantes no consiguen becas, y en algunos casos matrículas, si no tienen el visto bueno de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN); los comerciantes, requieren enlaces políticos con el Frente Sandinista o acceso a las municipalidades, más del 90% controladas por el FSLN, para conseguir tramos en los mercados; los empleados públicos, si desean mantener sus trabajos, independientemente de su honradez y eficiencia, requieren avales políticos; y los empresarios continúan requiriendo como favor político lo que en derecho les corresponde; en definitiva, el gobierno continúa más cerrado que antes de la crisis, como lo demuestran sus propuestas de reformas electorales que les garantizan que los resultados serán inevitablemente a su favor.

Hay, entonces, responsabilidad de las autoridades económicas en las decisiones políticas de Ortega, incluso las electorales. No solamente responsabilidad, sino  incluso complicidad.  

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El Pulso de la Semana. Edición No. 587, 17 de abril de 2021

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“Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)

                       17 de abril de 2021                    

(Edición No. 586)

Abril es el mes más cruel…

El título de este artículo lo tomamos del poema “El entierro de los Muertos”, del escritor T.S. Eliot. Mañana se cumple otro aniversario de la crisis y masacre en abril de 2018, y desde este artículo deseamos unirnos al dolor de tantas familias, y a la indignación por las causas de la crisis, que se pudo evitar si Ortega hubiese mantenido la democracia que desde el gobierno de Violeta Chamorro estábamos construyendo.

Esa crisis aún continúa, y como veremos después, la dictadura sigue echando más causas a la misma. En el libro “Nicaragua, el cambio azul y blanco”, el primer capítulo se titula precisamente “Inevitabilidad de la crisis”. Y todo el libro, desde diversas perspectivas temáticas -fraudes electorales, seguridad, derechos humanos, economía, aspectos legales y derechos sociales-  analiza cómo, desde que Ortega inició su gobierno era inevitable, pero no la matanza contra protestantes pacíficos.

En el libro se cita lo siguiente: “La indiferencia con la cual muchos nicaragüenses reaccionan frente a los abusos represivos -con motivo del asesinato político del campesino Andrés Cerrato dos años antes de la crisis- en algún momento termina. Entonces, de las “operaciones limpieza” selectivas, como bien lo ha recordado con inigualable valentía la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, se deriva a masacres colectivas”. Eso escribimos en La Prensa en abril de 2016. Y lamentablemente eso ocurrió en abril de 2018: una masacre colectiva de manifestantes pacíficos, como ocurrió en abril de 1954 con hombres que huían después de una rebelión armada contra la dictadura de Somoza

Hasta poco antes del estallido de la crisis, existía gran complacencia nacional e internacional con Ortega. Había respetado la economía de mercado -que se ha universalizado desde el fin del conflicto entre comunismo y capitalismo y la conclusión de la Guerra Fría- manteniendo el crecimiento económico. En ese contexto, y aunque el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) mantenía su agenda técnica-económica y la institucional-democrática, ésta terminó postergada. También había complacencia internacional, simbolizada por Estados Unidos, pues Nicaragua no representaba una amenaza a ninguna de las prioridades de su política exterior, habiendo finalizado la Guerra Fría. Así, por ejemplo, solamente el 7% de los centroamericanos que emigran a Estados Unidos proceden de Nicaragua.

Desde el estallido de la crisis, en todos los sectores nacionales e internacionales que se oponen a Ortega por su masiva violación a derechos humanos, existía la expectativa de solución pacífica en las elecciones de noviembre próximo. Esas expectativas han sido echadas al basurero por el proyecto de reformas electorales, las cuáles se oponen a los términos y espíritu de la resolución de la Asamblea General de la OEA sobre esas elecciones. El proyecto, como tal, es una invitación a más sanciones internacionales.

Hay una conexión directa entre el fraude de las elecciones de 2011, cuando Fabio Gadea Mantilla fue candidato a Presidente y la exclusión general de la oposición democrática en las elecciones de 2016, y el estallido de la crisis y masacre de 2018. Amaya Coppens, de las principales dirigentes de la rebelión cívica en abril, en una declaración a La Prensa, dijo: “Sí había inconformidad. Se sentía incluso en las votaciones que algo no andaba bien y que eso no era lo que queríamos. Incluso sabíamos quiénes iban a ganar antes de que dieran los resultados”. 

Por eso decimos, que el proyecto de reformas electorales que Ortega presentó a través de sus diputados esta semana en la Asamblea Nacional, es leña para el fuego de mañana.

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El Pulso de la Semana, Edición 586, 10 de abril de 2021

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Elecciones en otros países ¿Y aquí?     

Entre 2021 y los siguientes 3 años, todos los gobiernos de América Latina y Estados Unidos habrán cambiado. Mañana se realizará segunda vuelta en Ecuador, y en Perú, primera. En Chile cambiará el gobierno el 21 de noviembre y en Honduras, el último domingo de ese mes.

Pese a imperfecciones del sistema político y la pandemia, en todos se realizarán elecciones. En Nicaragua estarían previstas a realizarse el 7 de noviembre, pero estamos pendientes de las reformas electorales que el gobierno se comprometió a realizar, no solamente a través de Bayardo Arce, sino que las firmó en el Memorando de Entendimiento que suscribió con la OEA.

Al respecto, es importante recordar que era tal la complacencia nacional e internacional con la dictadura, que Ortega excluyó totalmente a la oposición en las elecciones de 2016 y, entonces, parecía no pasar nada. Pero la “procesión venía por dentro”, como se dice popularmente. Mientras la dictadura acumulaba agravios y ofensas contra todos los sectores, en algún momento estallarían esos resentimientos, como lo hicieron el 18 de abril, año y medio después.

En el libro, “Nicaragua, el cambio azul y blanco”, que ya está en librerías, se dice sobre esa complacencia previa al estallido: “…en una céntrica plazoleta de Managua, frente al Consejo Supremo Electoral (CSE), cada miércoles y con posterioridad a las elecciones de 2011, nos reuníamos algunas decenas -no centenares, mucho menos miles- de políticos, para protestar por las irregularidades y violencia del partido de gobierno durante los procesos electorales, y demandar reformas en la composición del CSE y la ley electoral, para que las elecciones fuesen verdaderamente democráticas. Poco a poco, esas misérrimas protestas desaparecieron ante la ausencia de respaldo popular”.

Como la memoria es corta, debe recordarse qué en el Congreso del FSLN, realizado a principios de junio del año electoral de 2016, y dónde se proclamó una vez más la candidatura de Ortega, y por primera vez de su esposa, él despotricó contra los observadores internacionales y los llamó sinvergüenzas. Tres días después, arrebató la personería jurídica del Partido Liberal Independiente (PLI) al dirigente Eduardo Montealegre, y la entregó a un colaboracionista. En esa ocasión, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) emitió un comunicado diciendo que el “intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único en donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos es nocivo para el país”, pero Ortega continuó con su voluntad antidemocrática y casi simultáneamente pidió la destitución de Almagro, en la Secretaría General de la OEA. Y a finales de julio de ese año había despojado a los diputados opositores que habían sido elegidos en las irregulares elecciones de 2011.

Como se ha dicho que las resoluciones y sanciones internacionales no sirven para nada, es bueno recordar, que en septiembre de ese mismo año 2016, se aprobó en primera instancia la Nica Act. y que Ortega reaccionó firmando en octubre el Memorando de Entendimiento para realizar las reformas electorales en las elecciones de 2021, y en mayo de 2017 concedió la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad (CxL) y al Partido Restauración Democrática (PRD).

De este breve recordatorio podríamos extraer muchas conclusiones, pero algunas son obligadas en este artículo. Primero, Ortega está comprometido por escrito a realizar reformas electorales. Segundo, las declaraciones y sanciones internacionales sí importan. Tercero, si no hay elecciones creíblemente democráticas, aumentarán las sanciones y no podremos recuperar el crecimiento económico y el empleo, que es el pan de cada día de la totalidad del pueblo.

 (Se autoriza y agradece su reproducción y circulación)

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