Edición No. 422, 19 de agosto de 2017

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Frente a más intolerancia, más democracia

Los ataques terroristas, por racismo en Charlottesville, Estados Unidos, hace una semana, y en Barcelona, España, hace dos días, por fundamentalismo religioso de naturaleza islámica, tienen en común la más absoluta intolerancia: en un caso frente a razas diferentes, y en el otro, frente a creencias religiosas que no son las propias. No es lo único que tienen en común, pero su denominador más amplio es la intolerancia absoluta.

Esa intolerancia ha conducido a los peores y mayores excesos. Solamente en el último siglo, de inicios del XX y lo que va de corrido el XXI, se cuentan varios genocidios, entre otros el de Hitler contra los judíos, y más recientemente los de Ruanda y Milosevic en la ex república de Yugoslavia.

Frente a los atentados de Charlottesville y Barcelona, la reacción ha tenido dos componentes: primero, el alegato por mayores medidas de seguridad, en especial de inteligencia y prevención, y segundo, que el incremento en las medidas de seguridad no sea a costa de la democracia y los derechos de los ciudadanos que la misma representa.

Se podría decir que la reacción de esas sociedades democráticas se resume en una suerte de sentencia: frente a más intolerancia, más democracia.

En el primer caso, con una generalizada crítica a la tibia y ambigua reacción del Presidente Trump frente a lo que había ocurrido en Charlottesville, y la sin duda acción del poder judicial para aplicar la ley al racista que embistió a una multitud. En el caso de Barcelona, como en otros atentados terroristas en Europa, tampoco se ha puesto en duda la democracia, salvo movimientos xenófobos afortunadamente derrotados en Holanda y Francia, y todo asegura que lo mismo ocurrirá en Alemania. Y a ninguno de los gobiernos se le ha ocurrido restringir el ejercicio de los derechos democráticos, a título de necesidad de una mano dura para combatir esas manifestaciones de intolerancia, derivadas en terrorismo.

En nuestra región, y el caso más visible es Venezuela, el camino ha sido inverso: frente a la demanda de mayor democracia de la sociedad, es el gobierno que ha reaccionado con mayor intolerancia.

Hace pocas semanas comentamos que mientras el chavismo con el viento de cola de los altos precios del petróleo ganaba elecciones, las respetaba (claro, como las iba a desconocer si las había ganado), pero desde que la oposición, al calor de la crisis económica y social provocada por políticas gubernamentales y caída de los precios del petróleo, ganó las elecciones legislativas de diciembre de 2015, procedió intolerantemente el gobierno a desconocer las facultades de la Asamblea Nacional y a reprimir la consiguiente ola de protestas. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce precariamente estabilizado en el poder, pero no ha resuelto ninguna de las causas que hicieron a la oposición mayoritaria. Esa estabilidad es precaria, pues nace de un error fundamental: tratar de imponer la intolerancia.

Algo semejante ocurre a Nicaragua, en que Ortega no luce con la precariedad de Maduro en su estabilidad, pero comparte el denominador común de la intolerancia.

Ortega, quien ganó con un tercio del electorado en 2006, y desde entonces ha desconocido la mayor manifestación de tolerancia democrática que es respetar el voto de los ciudadanos, ha logrado sentar las bases de una estabilidad autoritaria, y para quienes tenemos la responsabilidad política de llamar a las cosas por su nombre, dictatorial. Su intolerancia es absoluta, abarca a todos los poderes del Estado, y se involucra hasta en los menores detalles: ningún funcionario puede opinar, ni decidir nada, desde una sentencia de rango constitucional hasta prestar el salón para un evento.

Pero Ortega, igual que el chavismo en Venezuela, ha logrado estabilizar su intolerancia autoritaria sobre la base de circunstancias económicas excepcionalmente favorables, entre ellas la cooperación de Venezuela.  Si estas circunstancias cambian, como lo están haciendo, qué duda cabe que habrá mayor demanda de democracia por la sociedad nicaragüense, y lo que corresponde es preguntarse si el contexto interno y externo de Nicaragua le permitirán aferrarse al poder, precariamente y con resultados catastróficos, como le ocurre a Maduro en Venezuela.

Edición No. 421, 12 de agosto de 2017

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Tan dañino como la Nica Act

Entre los riesgos para la economía nicaragüense de la Nica Act, y cuya responsabilidad radica exclusivamente en las decisiones antidemocráticas del gobierno de Ortega, estaría la afectación negativa al clima de inversión, y particularmente de la inversión extranjera.

Pues bien, el gobierno de Ortega, cuya falta de transparencia es proverbial, ha empezado a incursionar en algo tan dañino para el clima de inversión como la propia Nica Act: alterar, ocultar, no transparentar, cómo se le quiera llamar, las estadísticas económicas y sociales.

La alteración de las estadísticas políticas, desde la falta de transparencia en la cedulación, hasta la expulsión de fiscales y robo de urnas en las elecciones, y los consecuentes fraudes, incluyendo la exclusión de la oposición y limitaciones a la observación electoral, está en la causa de la Nica Act.

Pero hasta ahora, a partir de la estabilidad y seguridad ciudadana (que no son nuevas con Ortega), la continuidad de las políticas macroeconómicas ortodoxas de los gobiernos anteriores, la abundante y juvenil mano de obra barata, el mantenimiento del crecimiento económico y la certificación de los organismos financieros multilaterales, en especial del Fondo Monetario Internacional (FMI), los principales agentes económicos han considerado que hay en Nicaragua un clima de inversión apropiado.

En menos de un mes, el gobierno ha empezado a terminar con ese activo no financiero, pero de tanta importancia: a su secretismo en general ha agregado serias dudas sobre la credibilidad de sus estadísticas económicas y sociales, y ya no solamente las políticas.

Qué a los políticos, y estoy hablando de los demócratas, sandinistas y no sandinistas, y no a los politiqueros, nos importen las estadísticas políticas y su alteración, podría ser cosas “de la clase política”, como despectivamente hablan quienes meten en el mismo saco a los políticos y los

politiqueros, pero que se alteren las cifras económicas y sociales son cosas que importan, y mucho, a toda la sociedad, en especial a los agentes económicos nacionales y extranjeros.

Aunque desde hace varios meses y años han estado en discusión las cifras de los estados financieros del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sobre las que hay muchas preguntas sin respuesta, así como las cifras de energía y de la cooperación venezolana, la postergación de la rutinaria presentación del informe sobre la pobreza que desde el año 2009 ha venido realizado la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), con la cooperación oficial del gobierno suizo, hizo saltar la alarma sobre el tema.

Obviamente, lo que los nicaragüenses se interrogan es si acaso las cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el organismo oficial de encuestas, datos y censos, y que sitúan la pobreza en niveles relativamente comparables con Panamá y Costa Rica, hacia dónde los nicaragüenses emigran y por alguna razón será, son o no creíbles. La postergación indefinida de la encuesta de FIDEG, abona en la dirección de la incredulidad de las cifras de INIDE.

Y casi simultáneamente, el Banco Central de Nicaragua (BCN), depositario de la mayor confianza en cuanto a cifras económicas y sociales, en una confusa presentación de su Presidente, en base a una encuesta de INIDE, informó que el 96% de los nicaragüenses están empleados. ¡Cifra de pleno empleo! Desde luego, y a título de pie de página, también se informó que un poco más del 40% están subempleados, es decir algo así como los nicaragüenses llaman a quienes “comen cuando hay”.

Peligroso camino en el cual está incurriendo el gobierno, del cual ya advierten algunos organismos financieros internacionales. Y ni qué decir de la deuda petrolera con Venezuela, la cual podría afectar la estabilidad de los balances fiscales-financieros.

Es el mismo camino de Cristina Fernández de Kichner, de Argentina, que ocultó cifras de pobreza e inflación, y su partido terminó perdiendo las elecciones.

También, el mismo caso de Maduro en Venezuela, que niega la crisis humanitaria y por eso no da elecciones libres.

Y es, desde luego, el caso de Ortega, que por las mismas razones, la experiencia de Cristina que las perdió, y las de Maduro que no las da, no se arriesga ni por asomo a dar elecciones libres. Hasta que las circunstancias lo obliguen.

Edición No. 320, 5 de agosto de 2017

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Ortega se adelantó a Maduro

El régimen de Ortega no solamente se ha solidarizado fervientemente con la deriva despótica del régimen de Maduro en Venezuela, que periodísticamente ha sido alegado como parte del creciente malestar con Ortega en el Congreso de Estados Unidos, sino que se ha anticipado a Maduro en muchos sentidos.

Hasta hace menos de dos años, en Venezuela se celebraban elecciones que cumplían con el “piso de la democracia”: que los votos de los ciudadanos eran iguales y se contaban bien. Mientras el chavismo, al amparo de amplios programas sociales financiados por altos precios del petróleo, tuvo mayoría en 19 de 20 elecciones, los votos se contaban bien. Hasta que, al calor de la pavorosa crisis económica y social por la caída del petróleo y malas política económicas, la oposición ganó abrumadoramente en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015.

De inmediato empezó el proceso que culminó con la elección, el domingo pasado y a dedo,  de la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras tomaba posesión la nueva Asamblea Legislativa elegida en diciembre de 2015, ilegalmente se designaron una veintena de magistrados chavistas del Tribunal Supremo de Justicia (TSP) con lo cual desapareció la independencia del poder judicial. De ahí en adelante se precipitó el proceso de construcción de un poder despótico. Se impidió el referendo revocatorio de la presidencia de Maduro, se postergaron las elecciones de gobernadores, y, para eso precisamente habían llenado de chavistas (¿no sería mejor llamarles maduristas?) al TSJ, en marzo de este año este tribunal desconoció las facultades de la Asamblea Legislativa, lo que desencadenó la ola de protestas que ha sido reprimida con más de un centenar de muertos y miles de heridos.

En todo eso Ortega se adelantó a Maduro, aunque algunas cosas las ha hecho diferente en su camino al despotismo.

Ortega, para empezar, nunca tuvo la legitimidad de origen de Chávez, en abrumadoras mayorías electorales. Ganó precariamente en 2006 y de inmediato se encargó que nunca más tuviésemos elecciones libres: desde el grotesco fraude en las elecciones municipales de 2008,  nunca más se cumplió con el “piso de la democracia”: que todos los votos fueses iguales y se contaran bien. Las elecciones generales de 2011 tuvieron severos problemas de cedulación, integración de las juntas receptoras de votos, y violencia orteguista el mismo día de las elecciones robándose urnas electorales, al extremo que nunca se conocerá el verdadero resultado, y Ortega se recetó una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Desde el 2008 y después, las personerías jurídicas de los partidos han sido quitadas y otorgadas a discreción del gobierno, con el denominador común de la exclusión de la oposición.

Previamente, en una Corte Suprema de Justicia (CSJ) totalmente controlada por él, se había hecho autorizar la candidatura presidencial constitucionalmente prohibida y después, con su mayoría calificada en el parlamento, eliminó toda prohibición para la reelección.

Mientras, a través de fuerzas paramilitares, como los “colectivos” en Venezuela, desde 2008 había establecido un control absoluto de las calles, reprimiendo a la oposición y cualquier manifestación de protesta. Y no hay presos políticos pues a quienes se han rebelado los han matado.

La diferente secuencia temporal entre el despotismo de Maduro y de Ortega, no altera su naturaleza.

Lo que Ortega ha hecho fundamentalmente diferente, es la política económica. No ha incurrido en los desequilibrios macroeconómicos de Chávez y Maduro en Venezuela, pero tampoco ha puesto a Nicaragua en proceso de un desarrollo sostenible.

Ya se comienza a asomar la extrema dependencia de la ayuda petrolera de Venezuela para financiar algunos programas sociales que no son sostenibles. Consecuencia: la pobreza, que había disminuido ligeramente, ha vuelto a subir.

Y como lo señaló Andrés Velasco, ex Ministro de Hacienda de Chile y uno de los más prestigiados economistas latinoamericanos, quién estuvo recientemente en Nicaragua, nuestro país no ha removido ninguno de los obstáculos estructurales a su desarrollo. El crecimiento, bajo Ortega, sencillamente no es sostenible.

¿Nos conducirá el aferramiento de Ortega al poder a una situación catastrófica como en Venezuela con Maduro?  Esto es lo que los nicaragüenses debemos considerar para evitar que Ortega, que anticipó a Maduro en la construcción autoritaria, no lo siga en la catástrofe.

 

El Pulso de la Semana. Edición No. 419, 22 de julio 2017

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¿Demostración de fuerza o respaldo?

La poderosa demostración de fuerza que dio el gobierno de Ortega con motivo de la celebración del 38 aniversario de la revolución sandinista, reuniendo a miles y miles de personas en la Plaza la Fe el recién pasado 19 de julio, en un acto cada vez más coreográfico, no necesariamente significa una manifestación de respaldo.

Pero, sin duda, la afirmación anterior no debe conducirnos a dos equívocos. El primero, ignorar la fuerza del FSLN. De hecho, la revolución sandinista, con sus aciertos y errores, dio origen a un nuevo sujeto social y político, el sandinismo, cuyos intereses no pueden ser ignorados por ningún gobierno. Así como la revolución liberal de finales del siglo XIX dio origen al sujeto social y político dominante del siglo XX, el liberalismo, en las próximas décadas las políticas públicas deberán considerar los intereses del sandinismo si quieren tener cobertura y eficiencia en la solución de los problemas nacionales.

El segundo equívoco es derivar, de la fuerza del FSLN, la conclusión de que “Ortega de todas formas ganaría las elecciones”, como sectores interesados en conservar la estabilidad autoritaria de Ortega lo afirman. Si esa conclusión fuese realista, ¿por qué Ortega no realiza elecciones libres, si de todas formas las ganaría? ¿Por qué arriesga las sanciones de la Nica Act y otras, si de todas formas ganaría en elecciones democráticas? Este no es un argumento nuevo, pero resulta pertinente recordarlo por la reciente manifestación de fuerza orteguista.

En democracia, que no es nuestro caso, el respaldo se mide con votos, y desde que Ortega regresó al gobierno hace más de una década, en Nicaragua no hemos vuelto a tener elecciones democráticas.

Lo anterior conduce a plantearse la situación de la oposición. Está débil y fraccionada, como todo mundo sabe. Pero ésa es una consecuencia muy directa del cierre de los espacios democráticos, en particular los electorales.

En efecto, y pese al fraude en las elecciones municipales de 2008, las últimas elecciones con grados razonables de credibilidad fueron las presidenciales de 2011. Abonaban a esa credibilidad las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), y la observación nacional. Pese a las restricciones financieras y de todo tipo, incluyendo las prohibiciones de la Policía Nacional para autorizar las concentraciones de la oposición aglutinada en la Alianza PLI, cuando el candidato presidencial opositor Fabio Gadea Mantilla dijo “¡Sébaco va!”, ante la insistencia de las autoridades de negar esa plaza para el inicio de la campaña electoral, en menos de una semana se pudo realizar una concentración que desbordó una plaza más grande que La Fe, según mediciones que entonces se realizaron en base a los mapas de Google.

Esos miles y miles que se reunieron a finales de agosto de 2011 en Sébaco, lo hicieron de manera fundamentalmente espontánea. Es lo que ocurriría ahora, si tuviésemos elecciones creíblemente democráticas. Entonces ya existían los partidos comparsas de Ortega, pero la gente no se equivocó, y se aglutinó en la única oposición creíble.

La ausencia de espacios electorales impide a los partidos políticos generar liderazgos y propuestas de programas para la solución de los problemas nacionales.  Y esto ocurre tanto a la oposición como al propio FSLN, en el cual ya no hay discusiones programáticas ni renovación de los liderazgos.

Hay una relación directa entre el cierre de los espacios para la oposición y el cierre de los espacios dentro del FSLN. Entonces, con la recuperación de los espacios democráticos ganaremos todos, sandinistas y no sandinistas.