El Pulso de la Semana. Edición No. 494, 13 de abril de 2019

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¿Qué ganó Ortega?

El gobierno de Ortega, y quienes le apoyaron directa o indirectamente en la gestión, están detrás de la salida del Obispo Báez. Pero cabe preguntarse: además de una satisfacción revanchista, ¿qué ganó Ortega?

Esa salida debe verse sobre el trasfondo de un patrón de exclusión política que ha sido la naturaleza y el carácter del modelo político de Ortega, desde enero de 2007.

Frente a las elecciones municipales del 2008, canceló las personerías jurídicas de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), de Eduardo Montealegre, y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Fue el inicio de un proceso de exclusión política, que incluyó fraudes electorales para excluir a los ciudadanos de su derecho al voto, hasta desembocar en la exclusión total de cualquier atisbo de oposición en las elecciones de 2016.

Ese patrón de exclusión política no se redujo a las elecciones. Estudiantes, pobladores del campo y la ciudad, productores y empresarios, cualquier ciudadano, sin acceso a los favores de un FSLN y de sus organizaciones, crecientemente orteguistas, eran tratados como ciudadanos de segunda categoría, es decir, excluidos. La otra cara de ese proceso de exclusión era la creciente personalización del poder político en la familia gobernante, con lo cual se empezó a construir una dinastía y la exclusión llegó al propio sandinismo.

El patrón de exclusión hizo crisis en abril de hace un año, y desde entonces el régimen de Ortega ha quedado en el mayor aislamiento nacional e internacional por violaciones a los derechos humanos, que incluyen matanzas, presos, perseguidos y exiliados.

¿Qué ganó Ortega con la salida del Obispo Báez? Nada, absolutamente nada. ¿Reconstruirá Ortega sus alianzas nacionales e internacionales y, como nos preguntamos la semana pasada, volverá el crecimiento económico autoritario? No. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que este año la economía decrecerá el 5%, y probablemente sea más, y las dificultades del año agrícola hacen que el próximo año se mantendrá ese decrecimiento. Por otro lado, ¿renunciarán la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, a sus demandas de justicia y democracia? No, tampoco no.

La salida, por tanto, del Obispo Báez, no puede verse como triunfo de la dictadura sino como reafirmación del patrón de exclusión política que condujo a su crisis, y a la masiva violación de los derechos humanos, incluyendo delitos de lesa humanidad. La mala noticia llegó en Cuarezma, que es temporada de dolor. Luego viene Adviento, que es de esperanza.

 

 

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El Pulso de la Semana. Edición No. 493, 6 de abril de 2019

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Evitar otra Venezuela

Ortega no quiere el diálogo y nunca lo ha querido. Está en el mismo por las circunstancias que lo han condicionado. Desde luego, sin la crisis política nacional derivada de la represión, matanza de centenares, presos políticos y exiliados, que han conducido a una grave crisis económica, aislamiento y sanciones internacionales, Ortega hubiese continuado impertérrito construyendo su dinastía dictatorial.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), con el respaldo de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la casi totalidad de la sociedad nicaragüense, y de sus principales actores, el Ejército incluido, buscó insistentemente el diálogo y las negociaciones como la consecuencia natural de la vía cívica, pacífica y legal para la única solución posible a la crisis: el cambio de gobierno por la vía electoral.

El diálogo está nuevamente estancado, aunque no cancelado. La razón de fondo del estancamiento es la negativa del gobierno a la aceptación de su realidad, mientras maniobra con el dolor de las víctimas y las presas y presos políticos. Tal como nos preguntamos la semana pasada: ¿Es que alguien, fuera de Ortega y su familia, cree que el gobierno pueda rehacer las alianzas nacionales e internacionales para recuperar el crecimiento económico autoritario? ¿Es que alguien puede creer que se olvidará la matanza y violaciones a los derechos humanos?

El estancamiento del diálogo conducirá a la intensificación de las condiciones que llevaron a Ortega, a regañadientes, al mismo. La presión de todos los actores nacionales e internacionales se intensificará, al mismo tiempo que las expectativas económicas de solución a la crisis van a empeorar, así como la liberación parcial de presos políticos de ayer solamente intensificará las presiones por la liberación de la totalidad y el cese a la represión.

La semejanza de nuestra situación con Venezuela subraya, a la vez, las diferencias: no existen en Nicaragua intereses petroleros de Rusia y China, ni presencia cubana en el control del ejército, ni éste tiene vínculos orgánicos con el narcotráfico, entre otras distinciones.

Pero la comparación con Venezuela no solamente es para señalar semejanzas y diferencias, sino también para que todos los actores con incidencia en nuestra situación evitemos llegar a la tragedia que vive ese pueblo.

Edición No. 492, 30 de marzo de 2019

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Negociaciones y negociaciones

He iniciado la lectura del libro “La batalla por la paz”, del ex Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre las negociaciones que pusieron fin a uno de los más largos y sangrientos conflictos políticos-militares del mundo. De esa experiencia, como de cualquier otra sobre conflictos o crisis, podemos extraer lecciones pertinentes para las negociaciones que se está sosteniendo en el campus del INCAE, entre la Alianza Cívica y gobierno de Ortega.

He titulado este artículo “negociaciones y negociaciones”, porque de otras experiencias negociadoras pueden extraerse lecciones, pero que sin adaptación a cada caso particular puede incurrirse en errores de apreciación, de grandes consecuencias negativas.

La primera lección del libro de la referencia, “lograr una correlación favorable de fuerzas”, se podía adivinar. En el caso de Colombia, para las guerrillas resultaba obvio que la persistencia en la lucha armada no era viable después del fortalecimiento del ejército. La extrapolación de esa conclusión para el caso de las negociaciones que se llevan a cabo en nuestro caso, es la siguiente: ¿Es posible acaso, para los diversos actores que tienen incidencia directa o indirecta en la mesa de negociaciones del INCAE, que se pueda recuperar la estabilidad del crecimiento económico autoritario, que teníamos antes de abril de 2018?

¿Es posible, después de tantos asesinatos, represión, presos, exiliados, que se recupere esa estabilidad y ese crecimiento económico?

¿Es posible que Ortega rehaga sus alianzas nacionales e internacionales, después de semejante violación a los derechos humanos?

¿Regresarán los nicaragüenses sus depósitos en el sistema financiero?

¿Volverán las inversiones privadas, nacionales y extranjeras?

¿Se normalizarán los desembolsos de los organismos financieros internacionales?

¿Volverán los turistas?

¿Dejará de ocuparse del caso de Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? ¿Y la OEA? ¿Y Amnistía Internacional y Human Right Watch? ¿Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Y el Parlamento Europeo?

¿Y cesará la demanda de justicia de la Conferencia Episcopal y los organismos nacionales de Derechos Humanos? ¿Y cesarán las protestas?

Si la respuesta a esas preguntas es afirmativa, carecería de sentido la línea roja que ha trazado la Alianza Cívica en las negociaciones: adelanto de las elecciones y liberación de todas y todos los presos políticos, así como la restitución de todos los derechos.

A inicios de la crisis publiqué en este medio un artículo titulado “Estallaron todos los agravios”, en que hacía un rápido inventario de los abusos cometidos por la dictadura de Ortega, que habían conducido a la crisis. Ahora los agravios acumulados son infinitamente mayores. La línea roja trazada por la Alianza Cívica no es una carta de negociación, sino una exigencia de la moral, la justicia, la política y la economía.

 

 

 

El Pulso de la Semana. Edición No. 491, 23 de marzo de 2019

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Barrer para afuera

La crisis actual de Nicaragua era inevitable, aunque a todos nos sorprendió el momento en que se desencadenó. Esa es la tesis principal del libro sobre “El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?”, que presentamos en octubre de 2016 pocos días antes de las elecciones de noviembre de ese año. Es decir, año y medio antes que estallara la crisis.

Es un libro coral y plural, escrito por diversos autores y con diferentes ideologías, en el cual analizamos la inevitabilidad de la crisis que anticipábamos desde diversos ángulos: legal, electoral, económico, social y político. No era necesario ser adivino para tener la certeza de la crisis que se nos venía.

Me he acordado del libro porque ayer fui entrevistado en el Canal 10 de TV y, a una pregunta, respondí que la Nicaragua que buscamos en las negociaciones que se llevan a cabo para solucionar pacíficamente la crisis, cabemos todos, incluso los orteguistas.

La característica esencial de la dictadura familiar de Ortega es la exclusión política, incluso dentro del propio FSLN, hasta terminar en la masacre de 2018. Es decir, la intolerancia frente a la diferencia, frente a la discrepancia, el intento inútil de uniformar políticamente bajo su manto dinástico. En las elecciones del año de la publicación del libro se había excluido a toda la oposición, incluso al sector liberal liderado por Eduardo Montealegre, porque Ortega temió se repitiera el desafío que la oposición unificada le había planteado en las elecciones de 2011, con la candidatura de Fabio Gadea Mantilla, en que Ortega cometió tal nivel de irregularidades y fraude que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea dijo que los resultados eran imposibles de verificar.

Pero la exclusión de la verdadera oposición en 2016 no solamente fue por evitar el desafío anotado, sino por razones ideológicas: en la Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago en 2009, Ortega había dicho que “En Cuba hay democracia, y una democracia en la que no se divide al pueblo, porque en las democracias que nos han impuesto a nosotros, desde el momento que se propician partidos, se está propiciando la división de los pueblos, división que ha llevado incluso a guerras entre partidos. La historia de América Latina está plagada de guerras entre partidos, y todo esto, sencillamente, porque esas son las directrices del imperio. La democracia es esa y esa es la que hay que aplicar”.

Es decir, Ortega se había anticipado a la “trilogía de la tiranía”, como se le etiquetó recientemente, al intentar repetir el “régimen de partido único en donde desaparezca la pluralidad ideológica y de partidos políticos”, del cual había advertido premonitoriamente la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en su comunicado del 14 de junio de 2016.

En la Nicaragua que queremos, cabemos todos. Esa es la diferencia entre Ortega y los nicaragüenses.