Represión retrasa, pero fortalece. Artículo publicado en La Prensa, 21 abril de 2018

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Represión retrasa, pero fortalece[1]

Edmundo Jarquín

En varias ocasiones he escrito, citando a John Steimbeck en “Las uvas de la ira”, libro que incendió mi rebeldía juvenil, “que la represión puede retrasar el día de la caída de los tiranos, pero fortalece la inevitabilidad de ese día”.

Lo anterior, que escribí contra la dictadura de los Somoza, lo he repetido varias veces contra la dictadura de Ortega.

Con motivo de la represión actual contra la población que protesta por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en las redes sociales ha circulado extensamente una entrevista que di hace dos años a Jorge Ramos, de Univisión, en la cual al final me pregunta, pues yo había calificado de dictadura al gobierno de Ortega, “¿es realmente una dictadura?”. Y casi a renglón seguido me preguntó, seguramente imaginando a las viejas dictadura, que si temía me pasara algo al regresar: No, le contesté, pero cuando estemos en la calle protestando, nos reprimirán.

Es lo que está ocurriendo ahora.

Ortega tuvo más de once años, desde los cuales ha gobernado, para introducir reformas al INSS, que hubiesen sido graduales y aceptables. Las drásticas reformas actuales llegan tarde y mal, porque son más groseras. Y después de haber recibido un INSS con superávit, pese a las tropelías de su socio Arnoldo Alemán.

Siempre se tiende a pensar en tiempo presente. La historia, es para especialistas, se dice. Pero la inmensa mayoría de los protestantes actuales en la calle son jóvenes, que no tienen memoria de la guerra civil de los años 80, menos de la revolución, y aún menos de la dictadura somocista.

¿Por qué entonces se rebelan? 

Pienso que independientemente de las causas nobles que siempre ha animado a la juventud, y del contagio social de una juventud sin futuro -jóvenes profesionales desempleados o subempleados, o emigrados-, está el hecho de la ofensa social que significa  ver a sus padres y sus abuelos agredidos por las reformas al INSS. Y eso sobre el famoso discurso de los “históricos” del FSLN, desplazados por las pretensiones dinásticas de la familia Ortega.

Este año se cumplen 50 años de los movimientos juveniles más memorables de la segunda mitad del siglo XX. Ya es de la historia el Mayo de París de 1968. También, el festival de Woodstock, de Nueva York, que tanto anticipó la cultura actual en todas sus dimensiones. México tuvo su Tlatelolco trágico.

Para entonces yo era Presidente del Centro Estudiantil de la UCA (CEUUCA). Y se, como tuve la certeza entonces, que toda tiranía acaba, como lo están demostrando los jóvenes de ahora.

[1] Artículo publicado en LP, 21 de abril de 2018

 

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Lula. artículo publicado en La Prensa 14 abril de 2018

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Lula

Edmundo Jarquín

En diversas ocasiones, desde este periódico, he manifestado mis simpatías por Lula, como se conoce en Brasil y en todas partes al ex Presidente de ese país, ahora encarcelado por supuesta corrupción.

Y digo supuesta corrupción porque está totalmente abierto al debate, no solamente político, sino también jurídico, la veracidad de las pruebas de la acusación, como lo demuestra la votación dividida y escasamente ajustada del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. A ese debate se ha agregado el insólito pronunciamiento del Jefe de las Fuerzas Armadas para que se condenara a Lula, lo cual ha agregado más sospechas de la motivación política del juicio.  Bajo ningún argumento democrático se puede justificar esa incursión de los militares en la vida política-institucional, que tanto recuerda al golpe de estado de 1964 contra Joao Goulart, un aristócrata progresista depuesto también por sus ideas.

Mis simpatías por Lula, como por Tabaré y Mújica en Uruguay, y los gobiernos del centro-izquierda chileno, es que a diferencia de Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, demostraron que era posible la búsqueda de la justicia social con respeto a la economía de mercado y siendo escrupulosamente democráticos. Lula incluso consideró que la reelección indefinida, como existe en Nicaragua y Venezuela, es antidemocrática, y así lo escribí entonces en estas páginas. No es casualidad que al momento de decidirse su prisión, Lula encabezaba holgadamente las encuestas en las elecciones presidenciales de este año, pues los brasileños le reconocían las políticas de inclusión social en un momento de crecimiento económico significativo.

En el caso de la creciente y necesaria lucha contra la corrupción en América Latina hay dos extremos indeseables: por un lado, la ausencia total de independencia del poder judicial y de los órganos de supervisión y control. En estos casos, la impunidad de la corrupción es total. En el otro extremo, la politización de las decisiones judiciales, que también abre camino a la impunidad.

De este segundo extremo advierte el ex Canciller del Perú y ferviente promotor en su ocasión de la Carta Democrática Interamericana, Diego García-Sayán, cuando en un reciente artículo en el periódico español El País señala: “La explicable rabia popular frente a la corrupción es terreno fértil para recibir bien gestos o decisiones “duras” por parte de la judicatura. Eso no tendría nada de malo o de extraño si no fuera porque en algunos casos se está ante gestos de “firmeza” que pueden ser tan discutibles por falta de sustento y necesidad jurídico-procesal y podrían estar más bien orientados a generarse el aplauso o simpatía ciudadana. Cuidado con esa ruta”.

En la Nicaragua del régimen de Ortega se juntan ambos extremos indeseables: la total impunidad por subordinación política del poder judicial y la Contraloría ante Ortega, y una extrema politización de las decisiones judiciales, como es el caso de los famosos CENI, entre otras manifestaciones de una política oficialista de rehenes judiciales.

En el contexto descrito del régimen de Ortega, la manifestación gubernamental de solidaridad con Lula resulta una falsificación tan grande como lo ocurrido con la incipiente democracia nicaragüense.

 

 

 

 

[1] Artículo publicado en LP, 14 de abril de 2018

Edición No. 447, 24 de marzo de 2018

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Además de inútil, peligroso

 

Como ha sido tantas veces destacado, en los medios de comunicación tradicionales (periódicos, televisión, radio), hay pocos “emisores” de información y opiniones, y muchos “receptores” de las mismas.

En las condiciones de medios de comunicación tradicionales la censura resultaba fácil para los gobiernos autoritarios, como tantas veces lo hemos visto en nuestra historia: se trataba de censurar a pocos, muy pocos “emisores” de ideas, opiniones, noticias. Y en cierta forma lo estamos viendo con el gobierno autoritario de Ortega, en que no hay censura formal pero sí de hecho: habiendo comprado la mayoría de canales de televisión, negando la cobertura de actos oficiales por los pocos medios independientes u opositores, limitando el acceso democrático a la publicidad, usando arbitrariamente la concesión de licencias del espacio radioeléctrico, forzando la autocensura,  haciendo papel mojado de la ley de acceso a la información pública, etc.

Pero con las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), más conocidas como redes sociales, cada ciudadano con acceso a las mismas puede ser un “emisor” de información y opiniones, y además con acceso instantáneo a muchos miles de “receptores” que, al actuar en red, multiplican casi hasta el infinito el acceso y difusión de información y opiniones.

De ahí que el intento de, con cualquier pretexto, censurar a las redes sociales, sea absolutamente inútil, salvo que se decida adoptar el modelo de países como China, Cuba y Corea del Norte, entre otros y que son muy pocos, en que la única posibilidad de los ciudadanos es suscribirse a plataformas TIC de servicios estatales previamente censuradas, y/o con acceso limitado a ciertas búsquedas y temas. Y si este fuera el caso, el gobierno entraría en choque directo con Movistar, Claro y otras proveedoras privadas de servicios, contrariando frontalmente la economía de mercado, y estimularía aún más temas como la Nica Act, entre otras reacciones internacionales.

Diferente es el caso en que la evolución del derecho penal y de las TIC hayan generado nuevos tipos penales, como el ciberacoso y las violaciones a la privacidad, pero que en su naturaleza estricta no son diferentes a las injurias y calumnias, entre las muy pocas restricciones democráticamente aceptadas a la libertad de expresión. En este contexto, y lo hemos visto por la reacción ciudadana frente al intento de censurar las redes sociales, el gran temor es a la represión política cuando los órganos de investigación, supervisión y control, y de administración de justicia, carecen de toda independencia frente a un poder autoritario.

El intento de justificar la censura a las redes sociales, más allá de tipicidad penal muy específica y de medios probatorios absolutamente objetivos, amén de la independencia de los órganos de investigación y justicia, es extremadamente peligroso. Es el caso de figuras tan antiquísimas como los anónimos, que han sido objeto de la literatura y el anecdotario popular, tratando de descubrir entre las sombras de la noche a quienes deslizaban debajo de los zaguanes y puertas documentos sin identificar al autor. El límite de los anónimos no estaba en descubrir al autor, sino en la credibilidad de lo afirmado en los mismos. Y lo hemos visto recientemente en las redes sociales, cuando se imputan actos de corrupción creíbles, aunque el “emisor” se cubra en el anonimato.

El intento de censurar a las redes sociales es, entonces, además de inútil, peligroso.

 

 

El Pulso de la Semana, con Mundo Jarquín. Edición No. 446, 17 de marzo 2018

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“Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)

17 de marzo de 2018

(Edición No. 446)

Agenda empresarial

Chile es el primer país latinoamericano que se está planteando, en una década, alcanzar el nivel de los países desarrollados, no solamente en términos de ingreso por habitante sino también en madurez institucional y democrática.

Ese es el tema precisamente de un notable libro, La Segunda Transición, de un prestigiado chileno, Alejandro Foxley, quien fuese Ministro de Hacienda durante la primera transición chilena, durante el gobierno del Presidente Aylwin (1990-1993), que sucedió al régimen autoritario (dictatorial, en verdad) de Pinochet.

En una ocasión, cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invitamos a Foxley a un seminario para examinar la relación entre institucionalidad y desarrollo. Recuerdo que Alejandro, siendo economista, desarrolló el tema de Estado de Derecho como factor de competitividad. Lo dijo en términos muy sencillos: a mayor Estado de Derecho más competitividad, porque con mayor Estado de Derecho habrá más inversiones, y a más inversiones más tecnología y más productividad. Y lo dijo también en sentido brutal: a menos Estado de Derecho las inversiones exigirán mayor tasa de ganancia y recuperar la inversión en el menor plazo posible, pues la ausencia de Estado de Derecho impide seguridad y previsibilidad jurídica a mediano y largo plazo.

Como es obvio, en su libro La Segunda Transición, Foxley se plantea que para alcanzar el nivel de desarrollo Chile requiere consolidar su madurez institucional y democrática, fortaleciendo el Estado de Derecho entre otras cosas con la actualización de leyes y normas, y descentralizando el Estado.

Lamentablemente, en Nicaragua con Ortega hemos andado el camino inverso: de la transición democrática iniciada en el gobierno de Violeta Chamorro, hemos derivado a un descompuesto, en términos institucionales y de corrupción, régimen autoritario.

He recordado el planteamiento de Alejandro Foxley en Chile, por el reciente discurso de la embajadora de los Estados Unidos, Laura F. Dogu, ante una audiencia empresarial. Después de constatar la percepción generalizada que en Nicaragua el Estado de Derecho y la institucionalidad son débiles, señaló que “los inversionistas están claros que el riesgo y el retorno (tasa de ganancia) siempre están ligados…”, agregando: “Si el nivel de riesgo aumenta, los inversionistas demandarán un mayor nivel de retorno. Y en Nicaragua, el riesgo ha aumentado pero las posibilidades de obtener mayor retorno no se presentan, lo cual la hace menos competitiva”.

En nuestro artículos y comentarios siempre hemos comentado, positivamente, que desde el inicio del gobierno de Ortega el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) adoptó una agenda técnico-económica y una agenda política-institucional, a partir del reconocimiento que una economía de mercado requiere, para su eficacia y sostenibilidad a largo plazo, seguridad y previsibilidad jurídica que solamente la da un Estado de Derecho democrático.

Desde entonces, hemos visto algunos avances en términos de la agenda técnica-económica, pero la realidad ha venido cada vez con más fuerza contrariando la agenda política-institucional: al fraude masivo y documentado en las elecciones municipales de 2008, en que se unificó la oposición, siguieron las elecciones generales de 2011, en que también se unificó la oposición, cuyos resultados (mayoría calificada para el orteguismo), fueron “imposibles de verificar” según las misiones de observación electoral, hasta la cancelación de diputaciones y el impedimento para la participación electoral de la oposición, y todo sobre el trasfondo de un control total de la familia gobernante de todos los poderes del Estado y su correlato de inseguridad jurídica total.

Entonces, después de una década, cabe preguntarse al menos por la eficacia de la agenda empresarial, en materia política-institucional.

(Se autoriza y agradece su reproducción y circulación)

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