Edición No. 426, 23 de septiembre de 2017

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Revolución de oportunidades

Las catástrofes naturales recientes, huracanes y terremotos, recuerdan las oportunidades que Somoza tuvo y desperdició, y que Ortega podría estar teniendo y desperdiciando.

Esas catástrofes de la naturaleza tienen dimensiones trágicas, humanas y económicas. Las humanas, irreparables. Pero desde la economía, esas catástrofes destruyen activos  -edificaciones, empresas, vehículos, infraestructura, etc-  y generan oportunidad, y flujos de financiamiento a través de la liquidación de seguros y gasto gubernamental, para inversiones de reposición de los activos destruidos.

Hay una discusión entre los economistas sobre esas oportunidades de las catástrofes naturales, y en general coinciden en dos aspectos. Primero, la desigualdad entre naciones y dentro de cada país. Los países pobres, y los pobres en cada país, tardan más en recuperarse, si es que se recuperan. Segundo, el estímulo económico que representan  las inversiones “post desastre natural”.

Anastasio Somoza Debayle llamó “revolución de  oportunidades”, al terremoto que destruyó a Managua en diciembre de 1972. Era obvio, más allá de la tragedia humana, las oportunidades que el terremoto generaba. Además de la liquidación de seguros, que financiaba la reinversión en las empresas, viviendas y vehículos destruidos, la catástrofe generó inmensos flujos de cooperación oficial.

Pero Somoza Debayle se equivocó en una cuestión esencial: su protagonismo y de su familia, y círculo inmediato, generaron la impresión que estaban acaparando las oportunidades del terremoto. Y en un gobierno autoritario, la presunción de corrupción llenó el vacío de carencia o incredulidad en la información gubernamental.

Con el terremoto, se juntaron tres iras: la de agravios democráticos, las consecuencias socioeconómicas de empobrecimiento de importantes sectores, y el acaparamiento de la “revolución de las oportunidades”, que le generó contradicciones con la empresa privada. Una mezcla explosiva que pocos años después terminó en la revolución de 1979.

Ortega, y por fortuna sin un desastre natural como los comentados, ha tenido su propia “revolución de  oportunidades”: heredó un país sin déficit fiscal y con deuda externa mínima; durante varios años hubo un boom sincronizado de precios en  productos de exportación; tasas de interés internacional negativas o mínimas; y financiamiento de la factura petrolera, que con otras ayudas venezolanas, ha representado casi cinco mil millones de dólares.

Cabe preguntarse: ¿ha Ortega aprovechado su propia “revolución de oportunidades”? Sí, para él, al utilizar la  holgura económica para consolidar su modelo político autoritario y dinástico. Ese modelo tiene el mismo vacío informativo que se llena con la especulación, y al disminuir la holgura económica el potencial de conflictos y contradicciones con el sector privado por la confusión entre el Ortega-gobernante y el Ortega-empresario.

Pero Nicaragua, con esas oportunidades extraordinarias que Ortega ha tenido, no ha crecido sustancialmente más que en democracia, y la pérdida de la misma ha empezado a insinuar costos. El más visible, la Nica Act.

Para lidiar con ese riesgo, Ortega inició un diálogo con la Secretaría General de la OEA cuyos alcances se resumen en dos aspectos: la observación de las próximas elecciones municipales, y el establecimiento de una Misión de Cooperación que se alargaría hasta el año anterior a las elecciones generales de 2021.

Diversos actores nacionales e internacionales, con capacidad de incidencia en la situación nicaragüense, han tenido la expectativa, con relativa independencia de las elecciones municipales, que la Misión de Cooperación de la OEA  ayudaría a que Nicaragua en las elecciones de 2021 iniciara una transición hacia un aterrizaje suave del férreo régimen autoritario.

Las carencias informativas de parte del gobierno y la Secretaría de la OEA han generado, naturalmente,  desconfianza.

Y ahora resulta que se ha anunciado una misión que Observará las Elecciones Municipales  presidida por una persona que se ha auto-descalificado, por las opiniones que emitió avalando diversos fraudes electorales de Ortega. Aún queda por ver los términos de referencia de esa misión de observación para saber si dará o no cuenta de todas las deficiencias estructurales del sistema electoral, como hizo la misión de la OEA en las elecciones generales de 2011, la última en que la oposición tuvo oportunidad de participar.

La expectativa que ha despertado la Misión de Cooperación que la OEA establecerá por tres años, para saber si en 2021 tendremos un proceso electoral incluyente y competitivo,  está en juego con esta misión de observación de las municipales.

 

 

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Edición No. 425, 16 de septiembre de 2017

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Ortega y Trump: instituciones formales e informales

Hace una semana se conoció la carta que el expresidente Obama, en una vieja tradición de los relevos presidenciales en Estados Unidos, dejó el pasado enero al presidente Trump, en ocasión del inicio de su mandato.

En una de sus partes, Obama recomienda a Trump:

“…somos ocupantes temporales de esta oficina. Ello nos convierte en guardianes de las instituciones democráticas y las tradiciones —como el Estado de derecho, la separación de poderes, la protección igualitaria y las libertades civiles— por las que nuestros antepasados lucharon y derramaron su sangre. Sin importar el estira y afloja de la política diaria, está en nosotros que esos instrumentos de la democracia se mantengan al menos tan sólidos como los encontramos”.

El carácter del presidente Trump ha sido caracterizado, por innumerables comentarios y análisis escritos y orales, como autoritario y con tendencia a la búsqueda de soluciones a diversos temas, de conformidad con sus propuestas electorales, pasando incluso sobre leyes e instituciones formales de la democracia estadounidense. Y una y otra vez hemos visto cómo, desde el sistema de justicia, o desde el Congreso, o desde agencias estatales con grados importantes de autonomía, se le han levantado barreras legales e institucionales.

Es, desde luego, con la imprevisibilidad y autoritarismo de Trump, arriesgado especular a largo plazo, pero por lo pronto hemos visto a las instituciones formales, como el sistema de justicia y el congreso, funcionar. Pero, y también tan importante como lo anterior, hemos visto funcionar a instituciones informales, como las organizaciones de la sociedad civil, iglesias y medios de comunicación, criticando a Trump por diversas razones, entre las últimas sus ambiguas declaraciones sobre los incidentes raciales en Virginia.

También hemos visto a otras instituciones informales, como gremios y corporaciones empresariales ejercer su autonomía, pese a la afinidad ideológica con Trump, oponiéndose a diversos temas, algunos migratorios y en especial el caso de los “dreamers” (soñadores). Representantes del sector empresarial y de las artes y cultura han renunciado a su membresía en Consejos para los cuales Trump les había nombrado, en protesta por diversas acciones o declaraciones del presidente, que agraviaban la “protección igualitaria y las libertades civiles”, de las cuales le advertía Obama.

Desde la amistad, una de las instituciones informales más importante en cualquier sociedad, hemos visto a partidarios de Trump que pública o privadamente le han advertido del riesgo, para el liderazgo de Estados Unidos en el mundo y la propia estabilidad y prosperidad de ese país, recomendarle por tanto apego a las leyes e instituciones.

Es bastante diferente hablar de Ortega y compararle con el caso mencionado, porque para empezar mientras de Trump podemos decir que hasta ahora sus impulsos y temperamento autoritario han sido limitados por las instituciones formales e informales de la sociedad estadounidense, en nuestro caso ni las instituciones formales  -sistema de justicia, asamblea nacional, contraloría, ejército, policía, alcaldías, etc-  ni las informales  -medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, gremios empresariales y sindicales- salvo pocas y dispersas instancias que ejercen su autonomía, han podido hacer algo para impedir, y en algunos casos incluso han contribuido, la consolidación autoritaria de Ortega.

En la dinámica entre instituciones formales e informales, estas últimas para su efectividad requieren de las instituciones formales las cuales, en una sociedad democrática, son sensibles a las voces y opiniones que proceden de las instituciones informales.

En Nicaragua las instituciones formales no escuchan las voces de la sociedad, porque fueron totalmente copadas por el autoritarismo de Ortega, y bueno recordarlo, por su pacto con Alemán. Y la represión legal e ilegal de los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, las amenazas fiscales y administrativas a empresas y ciudadanos, el control gubernamental de medios de comunicación salvo excepciones, los impedimentos a los derechos de manifestación, protesta y elección de los ciudadanos, forman parte de una modalidad de autoritarismo totalitario.

Pero, como hemos visto en otros países y en nuestra historia, desbordes de rebeldía ciudadana terminan haciendo lo que no pueden instituciones formales e informales, porque, como señalaba el nobel de literatura John Steinbeck “la represión puede retrasar el día de la caída de los tiranos, pero fortalece la inevitabilidad de ese día”.

 

Edición No. 424, 9 de septiembre de 2017

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El problema no es técnico

La semana pasada la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), un centro de análisis técnico del sector privado, de la más alta reputación profesional, realizó presentaciones en las cuales evaluó la evolución reciente de la economía nicaragüense y sus proyecciones a largo plazo.

De los estudios de FUNIDES, muchas agencias internacionales y destacados expertos nacionales y extranjeros, se desprenden tres grandes conclusiones: primero, y aunque la economía ha venido creciendo en las últimas dos décadas a niveles respetables, con ese ritmo no se removerán sustancialmente los graves e insolentes problemas y déficits económicos y sociales; segundo, para crecer a mayor ritmo, se requiere incrementar de manera importante la productividad; tercero, no basta incrementar la productividad de lo que ya venimos produciendo, sino también diversificar la producción y exportaciones, como lo demuestra la experiencia de viejos y nuevos países desarrollados.

Para lo anterior, y dada la actual difusión del conocimiento técnico, muy superior al pasado, el desarrollo no requerirá agotar la vieja secuencia de primero desarrollo agrícola, y después industrialización y servicios. Es decir, en las condiciones técnicas actuales el desarrollo no solamente es posible para países como el nuestro, y por paradójico que luzca no es fundamentalmente un problema técnico.

 

En 1977 el ingreso por habitante de Nicaragua era dos tercios el de Costa Rica. Ahora difícilmente llega a un tercio de ese país, según una nueva metodología de los economistas que refleja mejor el poder de compra del dólar en cada país (PPP).  La razón fundamental para nuestro rezago ha sido política y no técnica: nosotros enfrentamos una revolución y guerra civil que nos atrasó dramáticamente.

A los niveles de crecimiento actuales de Costa Rica y Nicaragua, la brecha se mantendrá. Entre 1994 y 2016, un poco más de dos décadas, el ingreso por habitante de Costa Rica y Nicaragua creció al mismo ritmo: 2.5% por año. Esto significa que cada país duplicará su ingreso por habitante aproximadamente cada 30 años, de modo que para mediados de este siglo la diferencia de ingresos se mantendrá, y los nicaragüenses seguirán emigrando al sur.

FUNIDES y otras agencias dicen que para remover los graves problemas y déficits económicos y sociales de Nicaragua, debemos crecer al 8% y no al 4.5% de este año. Eso es posible desde el punto de vista técnico, aunque algunos, en una defensa poco disimulada del gobierno orteguista, lo nieguen o no lo vean fácil.

De crecer a ese nivel, la economía se duplicaría cada 10 años, y en tres décadas tendríamos un nivel de ingresos relativamente semejante al de Costa Rica, y si hacemos bien las cosas, con políticas públicas que respondan al interés general de la sociedad y no de grupos particulares, el nivel de vida de la población sería como el vecino del sur.

No es imposible crecer al 8%, si hacemos bien las cosas. Y aquí está la madre del cordero.  FUNIDES hace periódicamente una encuesta entre grandes empresarios y consumidores. Los empresarios han identificado como sus principales problemas, y en este orden, la corrupción, altas tarifas de electricidad, y la carencia de Estado de Derecho. Todos son problemas políticos y no técnicos, íntimamente entrelazados por la corrupción que es el denominador común, como lo han puesto de manifiesto los estados financieros de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) hechos públicos estos días, en que hay una inexplicable confusión de intereses. Esta confusión es también omitida por quienes dicen que no es fácil crecer más. Basta decir, como lo señalan muchos empresarios, que la tarifa eléctrica inhibe la inversión y cambio de productividad.

Algo semejante ocurre con los consumidores, quienes también identifican, entre otras, a la corrupción como causa de sus problemas.

La lucha contra la corrupción pasa por la lucha por la democracia. El caso de otros países, enjuiciando a los corruptos, no debe ser una excusa para nuestra corrupción, pues precisamente el enjuiciamiento de los corruptos y la publicidad de los casos, es prueba de que la democracia funciona en esos países.

El problema de crecer más y mejor, entonces, no es técnico, es político, por más que algunos, de buena fe por cierto, insistan en lo contrario.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición No. 423, 26 de agosto de 2017

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Un tema para la política de consenso

En La Prensa de esta semana se han publicado varios reportajes señalando con detalles cómo las increíblemente altas tarifas de la electricidad, de lejos las mayores de Centroamérica, afectan negativamente a la competitividad de empresas grandes, medianas, pequeñas y pequeñísimas, tanto del sector industrial como del agropecuario, y dígase también del comercial y los servicios, incluyendo el turismo. Y desde luego, la generación de empleos e ingresos para la población.

En la misma semana, y también en La Prensa, se ha publicado cómo hay una relativa desaceleración en las importaciones tanto de bienes de capital como de consumo. Son dos caras de la misma moneda. Si tuviésemos menores tarifas de electricidad y las empresas fuesen más competitivas tendríamos mayores niveles de inversión y por tanto más importación de bienes de capital, mientras a la vez los consumidores, ahogados por las altas facturas de la energía eléctrica, tendrían más disponibilidad de recursos para consumir en otros rubros.

Bajo el secretismo informativo del gobierno, que nunca ha explicado de manera transparente y suficiente las razones para tan altas tarifas, todo conduce a que estamos, con daño para toda la economía y toda la población, ante un caso gigantesco de confusión de intereses entre la cúpula del gobierno, que maneja las decisiones gubernamentales, y sus intereses privados en la importación de petróleo, generación y distribución de energía.

Hace algunos años, cuando el monopolio de la distribución lo tenía Unión Fenosa, se explicaba que las altas tarifas dependían de tres factores interrelacionados: que la matriz energética era inmensamente dependiente del petróleo; que los precios del fósil estaban arriba de los 100 dólares por barril; y qué debido a la obsolescencia de las líneas de transmisión, en la distribución se perdía más del doble de la energía que el promedio de otros países.

Han pasado varios años. Ya no está Unión Fenosa, y la propietaria de Dissur y Dissnorte es una misteriosa empresa íntimamente vinculada a los intereses de la cúpula gobernante. Y ojo, cuando apareció esa misteriosa empresa a los nicaragüenses nos dijeron que la tarifa se mantendría para que la empresa del misterio pudiera tener ingresos para invertir en las líneas de trasmisión, y así reducir las pérdidas de energía.

Pues bien, ha cambiado la matriz energética, y ahora el 50% o más se genera con otras fuentes que no es el petróleo; el precio del mismo está a la mitad o menos, y el gobierno ha contratado un préstamos de varias decenas de millones de dólares para invertir en la renovación de las líneas de transmisión (lo que se supone haría la misteriosa empresa)…¡y la tarifa sigue igual!

Obviamente estamos ante un caso de interés nacional. En democracia, debería formar parte de la agenda del parlamento y del debate político. Como desde el punto de vista del gobierno la democracia ha sido sustituida por la “política de alianzas y consenso”, de la que Ortega y sus voceros hacen ostentación, el tema tan detalladamente reportado por La Prensa debería formar parte de la agenda de esa “política de alianza y consensos”. Eso, al menos, y así lo deberían reclamar los diferentes gremios que representan intereses empresariales en los diferentes sectores de la economía.