El Pulso de la Semana. Edición No. 509, 17 de agosto de 2019

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¿Se reestablecerán las negociaciones?

En un programa de Canal 10 dije que era probable se reestablecieran las negociaciones entre gobierno y Alianza Cívica. He sido preguntado sobre el fundamento de mi suposición, y mientras no cabe duda sobre la disposición de la Alianza al respecto, sí en cuanto al gobierno. ¿Qué podría mover al gobierno, que dio por cancelada esas negociaciones, y a Ortega que habló el 19 de julio de reiniciar otro tipo de diálogo?

Una razón sería, dado que el gobierno mantiene la política económica, que pueda rehacer las alianzas nacionales e internacionales que le permitieron crecer económicamente, con creciente autoritarismo hasta derivar en dictadura. Es decir, reiniciar el modelo de crecimiento económico sin democracia que hizo crisis, con centenares de asesinatos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados. Con la posición que han adoptado a raíz de la masacre los interlocutores nacionales e internacionales de ese modelo, esa argumentación no tiene mayor sentido, así sea solamente por las sanciones adoptadas, su contagio, y la dificultad legal de revertirlas.

Otra razón es que Ortega pueda, en sus extendidas gestiones diplomáticas, obtener recursos financieros que compensen la caída en la inversión privada nacional e internacional, y la disminución de los desembolsos de los organismos financieros multilaterales, y que Nicaragua vuelva a crecer y así solventar las consecuencias económicas de la crisis política. Si el resultado de esas gestiones es como en Irán, en que Ortega pagó un costo de posicionamiento internacional sin resultados financieros, y sin que aumente el escaso apoyo que ya tenía en la próxima reunión del Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Ginebra, en septiembre, tampoco es alentadora esta razón.

Como no lo es, tampoco, la especulación de un cambio de correlación en la OEA. Las fuertes críticas sobre Venezuela de Alberto Fernández, casi seguro ganador de las elecciones en Argentina, y el apoyo dado por México y el reciente gobierno de Panamá a la resolución de la Asamblea General del organismo en Medellín, llamando a una solución pacífica de la crisis, como lo han hecho actores nacionales entre ellos el Ejército, demostraría que esa especulación carece de fundamento.

Otros argumentan que Ortega intentará una reforma unilateral y cosmética de la ley electoral. Difícilmente la comunidad internacional digiera alternativas a elecciones genuinamente democráticas, además que varios partidos políticos con presencia en la Asamblea Nacional han anunciado su negativa a esa opción unilateral, y de mantener esa posición la  erosionarían más.

Claro, siempre cabe para Ortega la opción de Venezuela y su pavorosa crisis económica y social. Pero, ¿habrá suficientes actores nacionales e internacionales que le acompañen? Personalmente no creo, y esta sería la última razón para que se reanuden las negociaciones entre gobierno y Alianza.

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El Pulso de la Semana. Edición no. 508, 3 de agosto de 2019

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¿Cuál es la apuesta del gobierno?

El gobierno ha dado por definitivamente cancelada la vía pacífica a la solución de la crisis, y así deben entenderlo todos los sectores nacionales e internacionales que han demostrado, genuinamente, que tienen interés en una salida negociada que conduzca a una solución política, democrática y constitucional de la misma.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que nos representa en esas negociaciones, en sus comunicados del 16 y 20 de mayo, y posteriores, claramente señaló que suspendía, pero no cancelaba, las negociaciones. ¿Cómo se pensaba que actuara la ACJD, después del asesinato del prisionero Eddy Montes, la vapuleada de otros presos políticos, y el incumplimiento por el gobierno de otros compromisos asumidos en las negociaciones? Y posteriormente, la ACJD, pese a que muchas de las condiciones para reiniciar las negociaciones no se habían cumplido, y esto lo saben los testigos de las mismas, manifestó su positiva disposición para reiniciarlas y así lo dijo públicamente.

Entonces, debemos preguntarnos: ¿a qué apuesta el gobierno con la cancelación definitiva de las negociaciones?

Una primera respuesta a esa pregunta de fondo, es que todo lo tiene bajo control. Pero la cancelación de negociaciones, lo que trasmite una inequívoca señal de desconfianza, y el control en base a la represión, solamente van a profundizar la crisis política y sus consecuencias económicas y sociales. Es la natural reacción de los agentes económicos, y ya no se diga de ciudadanos.

Una segunda respuesta, vinculada a la anterior, es continuar unilateralmente con un remedo de preparación de las elecciones de 2021, con o sin participación, y sería mejor que sin la participación, de los partidos minoritarios que tienen representación en la Asamblea Nacional, en circunstancias que parte fundamental de la explicación de la crisis que estalló en abril de 2018 se origina en la total exclusión que Ortega hizo de la oposición en las elecciones generales de 2016.

Una tercera respuesta, es que el gobierno pueda rehacer las alianzas nacionales e internacionales que le permitieron crecimiento económico sin democracia durante una década, y revertir la crisis. Con las consecuencias de las sanciones hasta ahora aplicadas, que contaminan toda la actividad comercial, financiera, industrial y crediticia de los sancionados y empresas vinculadas, ¿se podrán rehacer esas alianzas? Y la expectativa de levantamiento de las sanciones, choca flagrantemente con el expediente de violación a los derechos humanos del régimen de Ortega.

En este contexto, ¿volverán las inversiones y los turistas y se levantarán las sanciones? Que quede claro: la profundización de la crisis es total responsabilidad del gobierno, y quienes influyeron en la decisión de Ortega para iniciar negociaciones de solución de la crisis, así deben decírselo.

(Se autoriza y agradece su reproducción y circulación)

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El Pulso de la Semana. Edición No. 507, 27 de julio de 2019

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Algo más sobre el Ejército

En el libro El régimen de Ortega, ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?, señalamos que Ortega ha revertido “una transición política que fue un proceso de construcción de la democracia en un país donde nunca la hubo en su sentido moderno”. Y destacamos tres grandes elementos de esa transición: a) establecimiento de un Estado de Derecho; b) existencia de un sistema electoral democrático; y, c) “ desprivatización del monopolio de la fuerza o violencia”.

Sobre este último elemento, en el libro señalamos que “antes del período analizado, el monopolio de la fuerza estuvo privatizado por un caudillo o un partido político: yendo hacia atrás, Ejército Popular Sandinista (EPS), absolutamente identificado con la revolución, el FSLN y sus órganos de dirección; antes, Guardia Nacional, devenida en ejército privado, pretoriano, de la dictadura dinástica de los Somoza…”, y anteriormente, ejército liberal o conservador, según el gobierno de turno.

Esta semana, el Jefe del Ejército, General Julio C. Avilés, convocó una conferencia de prensa para dar a conocer actividades con motivo del 40 aniversario de la institución. En las preguntas y respuestas se produjeron afirmaciones que han sido interpretadas como negativa a la existencia de “grupos violentos irregulares”, “terceros armados”, o “grupos parapoliciales, que habrían actuado con el apoyo de agentes estatales”, como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus “Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua”, el 21de mayo de 2018.

Periodísticamente, a esos grupos identificados como parapoliciales en el lenguaje de la CIDH, se les denomina paramilitares. De aquí el equívoco interpretativo pues en la conferencia de prensa no es que se negara la existencia de esos grupos, sino lo inapropiado de llamarles paramilitares, así como “Managua militarizada” y otros ejemplos que se dieron, pues “el Ejército no tiene estructuras ni equipos para el orden público”, como tituló La Prensa, del cual es responsable la Policía Nacional, que sí se ha apoyado represivamente en esos grupos parapoliciales.

En octubre de 2017, seis meses antes del inicio de la crisis, publiqué un folleto titulado Nicaragua, ¿es inevitable otra transición catastrófica?, en el cual indicaba que era necesario evitar “esa falsa sensación que la estabilidad y seguridad autoritaria es eterna”. Y me interrogaba: “¿Cómo transitar de una estabilidad autoritaria a una democrática, sin catástrofe …?” (como después de Somoza). Y contestaba: “…es fundamental identificar la clave –actores, incentivos y circunstancias- que permitan encontrar la transición deseable y posible”.

La circunstancia existe: crisis. También incentivos: evitar que crisis derive en catástrofe. Y entre los actores, sin duda está el Ejército, que ha reiterado su apoyo a una salida pacífica, a la que Ortega se opone.

El Pulso de la Semana. Edición No. 506, 20 de julio de 2019

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Después de Somoza…

En medio del terror de la más sangrienta represión, Ortega celebró el 40 aniversario de la revolución de julio de 1979. Pero enfrente, inocultable por la gigantesca operación policial y paramilitar que rodeaba a la concentración de supuesto apoyo a su celebración, yacía, soterrado por la represión, el más grande repudio popular a su dictadura.

Ciertamente, resultan inevitables las semejanzas y diferencias entre la revolución de 1979 y la que se inició en abril de 2018. Entre las semejanzas fundamentales hay tres que resultan obligatorias: ambas revoluciones enfrentan dictaduras dinásticas; ambas dictaduras habían presidido o continuado un largo período de crecimiento económico, y su crisis no se explica tanto, como se ha repetido, por razones económicas sino políticas; y, en tercer lugar, la gran unidad nacional e internacional que se gestó contra el somocismo, es semejante a la que existe ahora contra el orteguismo.

Expresión de la gran unidad nacional e internacional contra el somocismo era el eslogan “después de Somoza, ¡cualquier cosa!”. Aún hoy, en especial entre la gente de mayor edad, se escucha esa advertencia de cautela frente a la revolución en marcha, por los resultados de la revolución de 1979 entre los cuales se cuenta, como derivación perversa, la dictadura de Ortega. Y precisamente, es en el contexto de esa advertencia de cautela, esgrimida con buena o mala fe, que debemos enfatizar las diferencias entre la revolución de 1979 y la iniciada en abril de 2018.

La primera y más importante, es que la unidad nacional e internacional de 1979 era en torno a una revolución armada, hegemonizada por el FSLN que tenía como referente ideológico a Cuba y los países del bloque encabezado por la Unión Soviética. La segunda, en base a las dos experiencias, es que la condición política fundamental para la sostenibilidad del crecimiento económico, es la democracia. Y en tercer lugar, por el cambio demográfico, la gran mayoría de la población nicaragüense es fruto de la transición democrática iniciada en 1990, interrumpida y revertida por la dictadura actual. Este hecho, del mayor calado histórico, hace que la revolución en marcha no solamente sea pacífica, sino que esta revolución sea galvanizada por la reivindicación democrática y haya un gran consenso social en torno a la propiedad privada y la economía de mercado, con sus variantes.

No es ningún accidente, o resultado de la casualidad, que la Alianza Cívica sea por la Justicia y Democracia (ACJD), y que la Unidad Nacional sea Azul y Blanco (UNAB), porque esa es la bandera que nos cobija a todos los nicaragüenses.

Entonces, después de Ortega, ¡no es cualquier cosa!, sino democracia y justicia.