Edición No. 429, 21 de octubre de 2017

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Borrar con los pies…

Como se reportó periodísticamente, en la semana que termina representantes del sector empresarial, y las firmas de cabildeo que han contratado, intensificaron sus gestiones en Washington para detener en el Senado de los Estados Unidos, una vez que fue aprobada en la Cámara de Representantes, la conocida como Nica Act.

Pero Ortega se encargó, como dice el popular refrán, de borrar con los pies lo que empresarios y firmas cabilderas intentaron hacer con las manos.

En efecto, mientras en Washington se intensificaba el cabildeo en contra de la Nica Act, por las consecuencias negativas que tendría en el financiamiento internacional y en el clima de inversión, a Washington y a la comunidad internacional llegaban las noticias de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela estaba replicando en las elecciones regionales del domingo pasado, lo que el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, desde que Ortega regresó al gobierno, ha aplicado en todas las elecciones: la técnica del “ratón loco”, es decir la reubicación de votantes a última hora en diferentes centros de votación para, de esta forma, impedirles votar dónde habitualmente lo hacen y así negarles el derecho al voto. Claro, eso lo hicieron en Venezuela con los opositores a Maduro, como aquí con los opositores a Ortega.

Incluso la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dónde se aglutina la oposición a Maduro, denunció que expertos electorales del orteguismo habían asesorado al CNE.

Y, en adición, Ortega se apresuró a felicitar, fervientemente, a Maduro por el “triunfo” en las elecciones.

Es el caso, como también se ha informado ampliamente, que en las motivaciones de la Nica Act no solamente ha incidido la ausencia de elecciones democráticas en Nicaragua, la falta de independencia entre los poderes del Estado, la persecución a las organizaciones de la sociedad civil, la corrupción, limitaciones a la libertad de expresión y otras manifestaciones del autoritarismo del régimen, sino también los coqueteos geopolíticos con Rusia y el férreo apoyo al régimen, cada vez más dictatorial, de Nicolás Maduro en Venezuela.

En ese país, desde el 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición ganó mayoría absoluta en las elecciones legislativas, se ha venido negando sistemáticamente a los venezolanos el derecho a elegir democráticamente: primero, se postergaron las elecciones regionales previstas para el año pasado, por la certeza del gobierno que las perdería; también se negó el derecho al referendo revocatorio del mandato de Maduro, lo cual está establecido en la constitución que aprobó Chávez; después se desconoció las facultades de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, y se procedió a elegir, en contra de la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente a la que se dieron todos los poderes. Y finalmente se realizó un gigantesco fraude en las elecciones regionales del domingo pasado, e incluso a las muy pocas gobernaturas que el gobierno concedió a la oposición se les está queriendo obligar a tomar posesión ante la Asamblea Nacional Constituyente, 100% controlada por Maduro.

En los Estados Unidos y todos los países no pasa desapercibido que lo descrito en el párrafo anterior es la copia venezolana de lo que Ortega ha venido haciendo en Nicaragua, desde hace una década. Recuérdese que la Nica Act fue la reacción a las decisiones totalitarias que Ortega tomó a mediados del año pasado, pretendiendo tener unas “elecciones” sin oposición, como de hecho está prácticamente ocurriendo en las próximas elecciones municipales.

Y obviamente, en la comunidad internacional, ha venido creciendo el temor que el contagio político de Ortega se traslade a los vecinos centroamericanos, subregión que tiene más población que Venezuela, con varios países en que el crimen organizado ha ganado espacios territoriales y políticos, igual que en Venezuela, y son países entre los cuales ha habido históricamente una gran intensidad de vasos comunicantes, demográficos, económicos y políticos.

Mientras es entendible la preocupación por las eventuales consecuencias de la Nica Act, es cada vez más evidente la responsabilidad nacional e internacional de Ortega por la misma.

 

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Edición No. 428, 7 de octubre de 2017

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¿Con quién hablar para evitar la Nica Act?

Entre los expertos nacionales y extranjeros en política de los Estados Unidos, y muy familiarizados con los pasillos de Washington, léase el Congreso, Senado y Cámara de Representantes, y la Casa Blanca, se escucha que parte de la dificultad para detener la Nica Act es no tener un interlocutor en los Estados Unidos con quien sentarse y convencerle que esa ley haría daño a Nicaragua, y no solamente al gobierno de Ortega.

Esa búsqueda hasta ahora infructuosa de un interlocutor en Washington puede verse, de manera sencilla, en el siguiente hecho: en menos de un año, y hay que recordar que la primera versión de la Nica Act se aprobó en septiembre de 2016, tres firmas de cabilderos han sido contratadas. La primera, encabezada por el exlíder demócrata en la Cámara de Representantes, Richard A. Ghephardt, fue contratada por el gobierno, después de la farsa de las elecciones de noviembre pasado. A inicios de este año, un empresario nicaragüense y a la vez estadounidense, apareció contratando al ex Jefe de Asesores de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, principal impulsora de la ley. Y más recientemente se conoció que la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), había contratado a otra firma de cabildeo para, entre otras cosas que tienen que ver con el ambiente y la imagen de Nicaragua en Estados Unidos, influenciar en el curso legislativo de la mencionada ley.

Y hemos hablado del curso legislativo, o tramitación parlamentaria, porque el tema ni siquiera ha llegado al Ejecutivo de los Estados Unidos, el cual, por cierto, en general carece de definiciones en cuanto a su política exterior para América Latina, menos aún para Nicaragua, al extremo que casi finalizado el primer año del presidente Trump, aún sigue sin nombrarse a un Vicecanciller o Subsecretario de Estado Adjunto, para este continente.

Lo infructuoso de la búsqueda de un interlocutor en Washington se mantendrá indefinidamente, por la sencilla razón que el interlocutor se anda buscando dónde es imposible encontrarlo: el interlocutor está en Nicaragua.

Algunos consensos existen sobre el tema, pero desafortunadamente hasta ahora, el gobierno no forma parte de los mismos. El primer consenso, es que la Nica Act es la consecuencia de la consolidación del gobierno autoritario y con pretensiones dinásticas de Ortega, no del FSLN, cuyo derecho a existir y gobernar nadie cuestiona ni dentro ni fuera de Nicaragua. El segundo consenso es que esa ley tendría enormes consecuencias negativas para la economía en su conjunto, y no solamente para uno u otro sector. Y el tercer consenso es que la actual situación de estabilidad y crecimiento económico autoritario en algún momento tendrá un final, y hay que evitar que ese final sea catastrófico, como ocurrió con José Santos Zelaya y la familia Somoza.

Desde una perspectiva internacional, en América Latina se han tenido importantes cambios políticos sin catástrofes económicas y sociales, incluso en Ecuador, uno de los símbolos del así llamado “socialismo del siglo XXI”, y nadie quiere ni en Washington, ni aquí, ni entre nuestros vecinos centroamericanos, que tengamos una transición tan catastrófica como en Venezuela, país que durante más de una década se vio como factor de estabilidad regional, incluso en Washington, por su generosa política petrolera con varios países.

La primera reacción del gobierno cuando se aprobó la  versión inicial de la Nica Act, fue abrir un diálogo con la Secretaría General de la OEA. No pareciera que el primer resultado de ese diálogo, la observación del organismo hemisférico de las elecciones municipales del próximo mes, en las cuales subsiste el mismo patrón de irregularidades y exclusión política de organizaciones y ciudadanos, alterará el trámite parlamentario de la ley en el Congreso de los Estados Unidos, que esta semana precisamente fue aprobada en el pleno de la Cámara de Representantes y pasará al Senado.

En ese contexto, cobra total vigencia lo que la posición editorial de La Prensa sostuvo a raíz de la mencionada aprobación: la Nica Act, y otras consecuencias legales internacionales del régimen autoritario de Ortega, son una amenaza, pero también una oportunidad. Una oportunidad para cambiar el actual rumbo a la catástrofe.

Edición No. 427, 30 de septiembre de 2017

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Pedro Joaquín, otra vez

Con motivo del cuarenta aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que se cumple el próximo 10 de enero, hemos decidido reeditar el libro que presentamos en ocasión del veinte aniversario del hecho que conmovió al país, y que los historiadores citan como el desencadenante del proceso insurreccional que terminó con casi medio siglo de dictadura somocista.

Fue el 10 de enero de 1978, cuando gran parte de la población actual de Nicaragua no había nacido, de tal forma que la reedición del libro, titulado “Pedro Joaquín: ¡Juega!”, hace sentido por varias razones.

La primera, que el pensamiento de Pedro Joaquín tiene una enorme vigencia. Ese pensamiento democrático, republicano y social de Pedro Joaquín, está vivo, y se decanta como la luz de la sombra con la situación actual, que es radicalmente diferente a la que soñaron y por la cual murieron él y muchísimos otros nicaragüenses.

Sobre lo anterior, no es casualidad que las ediciones en las cuales el General ® Humberto Ortega Saavedra rememora la lucha del FSLN hasta el triunfo de la revolución en 1979, en su contraportada aparecen Sandino, Carlos Fonseca y Pedro Joaquín. Habrá que recordar, al respecto, que Pedro formó parte de una generación que, incluyendo al padre Ernesto Cardenal, entre los testimonios vivientes, reivindicaron a Sandino como héroe nacional, casi dos décadas antes que se fundara el FSLN.

En relación a la vigencia del pensamiento de Pedro Joaquín, esta segunda edición del libro llevará una breve selección de sus editoriales, en cuya pertinencia, a propósito de la situación actual de Nicaragua, colaborará Luis Sánchez Sancho, responsable editorial de La Prensa, y miembro de la dirección de UDEL (Unión Democrática de Liberación), que encabezó Pedro Joaquín.

Segundo, en la preparación de la reedición de ese perfil biográfico de Pedro Joaquín, he tenido que hurgar en los archivos que me ayudaron a preparar la primera edición, en la que tanto ayudó el intelectual Julio Valle Castillo. Y ese hurgar ha recreado mi memoria en varios sentidos. Un poco antes de su derrocamiento, Somoza lucía imbatible, con más poder que nunca, con todos los hilos y cabos del poder amarrados. Y la oposición lucía débil, dispersa, desolada, como en la actualidad, porque el gobierno había logrado engatusarla, sobornarla, corromperla, salvo a pocos dirigentes, entre ellos Pedro Joaquín.

Sobre esa solidez de Somoza, menos de dos años antes de su colapso, en 1977, Nicaragua había tenido una tasa récord de expansión económica, y después de un cuarto de siglo de crecimiento muy superior al actual. Y bastó una chispa, precipitada por el infarto que Somoza sufrió a mediados de ese año, para que en su monolítico Partido Liberal Nacionalista, y su ejército pretoriano, se precipitara una crisis sucesoria y los consecuentes incómodos reacomodos de poder en la cúpula gobernante.

Con ese trasfondo, y los desafíos insurreccionales que dos meses después planteó un sector del FSLN, el asesinato de Pedro Joaquín incendió la pradera. Ya nada volvió a ser igual, y la lección es que todo, por imbatible que parezca y aunque las circunstancias no sean idénticas, puede cambiar.

Finalmente, cuando presentamos la primera edición, un año después de finalizado el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, con gran optimismo histórico escribimos en la introducción:

“Los nicaragüenses, que hemos sido una de las sociedades latinoamericanas más profunda y radicalmente desgarradas por nuestras pasiones y odios políticos, y por nuestras rivalidades personales, familiares y regionales, que nos han conducido a los mayores excesos de guerras civiles e intervenciones foráneas  -siempre, invitadas por, o al menos con la complicidad de nosotros mismos-,  hemos tendido a ver nuestra historia con el prisma de nuestra radical intolerancia…si las generaciones actuales no toman apropiadas lecciones de esa recurrencia bárbara, y cortan con ella de un tajo asegurando que la construcción democrática que vive Nicaragua no se revierta, entraremos al siglo XXI prisioneros de los fantasmas y horrores de nuestro nada envidiable pasado”.

Y así estamos en pleno siglo XXI: atrapados por fantasmas del pasado. Pero, a propósito de otras circunstancias, es del interés de todos, incluyendo el partido gobernante, que no tengamos otra transición catastrófica, como la de Somoza. Éste, y sus aliados, no lo entendieron entonces. Ahora puede ser diferente.

 

Edición No. 426, 23 de septiembre de 2017

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Revolución de oportunidades

Las catástrofes naturales recientes, huracanes y terremotos, recuerdan las oportunidades que Somoza tuvo y desperdició, y que Ortega podría estar teniendo y desperdiciando.

Esas catástrofes de la naturaleza tienen dimensiones trágicas, humanas y económicas. Las humanas, irreparables. Pero desde la economía, esas catástrofes destruyen activos  -edificaciones, empresas, vehículos, infraestructura, etc-  y generan oportunidad, y flujos de financiamiento a través de la liquidación de seguros y gasto gubernamental, para inversiones de reposición de los activos destruidos.

Hay una discusión entre los economistas sobre esas oportunidades de las catástrofes naturales, y en general coinciden en dos aspectos. Primero, la desigualdad entre naciones y dentro de cada país. Los países pobres, y los pobres en cada país, tardan más en recuperarse, si es que se recuperan. Segundo, el estímulo económico que representan  las inversiones “post desastre natural”.

Anastasio Somoza Debayle llamó “revolución de  oportunidades”, al terremoto que destruyó a Managua en diciembre de 1972. Era obvio, más allá de la tragedia humana, las oportunidades que el terremoto generaba. Además de la liquidación de seguros, que financiaba la reinversión en las empresas, viviendas y vehículos destruidos, la catástrofe generó inmensos flujos de cooperación oficial.

Pero Somoza Debayle se equivocó en una cuestión esencial: su protagonismo y de su familia, y círculo inmediato, generaron la impresión que estaban acaparando las oportunidades del terremoto. Y en un gobierno autoritario, la presunción de corrupción llenó el vacío de carencia o incredulidad en la información gubernamental.

Con el terremoto, se juntaron tres iras: la de agravios democráticos, las consecuencias socioeconómicas de empobrecimiento de importantes sectores, y el acaparamiento de la “revolución de las oportunidades”, que le generó contradicciones con la empresa privada. Una mezcla explosiva que pocos años después terminó en la revolución de 1979.

Ortega, y por fortuna sin un desastre natural como los comentados, ha tenido su propia “revolución de  oportunidades”: heredó un país sin déficit fiscal y con deuda externa mínima; durante varios años hubo un boom sincronizado de precios en  productos de exportación; tasas de interés internacional negativas o mínimas; y financiamiento de la factura petrolera, que con otras ayudas venezolanas, ha representado casi cinco mil millones de dólares.

Cabe preguntarse: ¿ha Ortega aprovechado su propia “revolución de oportunidades”? Sí, para él, al utilizar la  holgura económica para consolidar su modelo político autoritario y dinástico. Ese modelo tiene el mismo vacío informativo que se llena con la especulación, y al disminuir la holgura económica el potencial de conflictos y contradicciones con el sector privado por la confusión entre el Ortega-gobernante y el Ortega-empresario.

Pero Nicaragua, con esas oportunidades extraordinarias que Ortega ha tenido, no ha crecido sustancialmente más que en democracia, y la pérdida de la misma ha empezado a insinuar costos. El más visible, la Nica Act.

Para lidiar con ese riesgo, Ortega inició un diálogo con la Secretaría General de la OEA cuyos alcances se resumen en dos aspectos: la observación de las próximas elecciones municipales, y el establecimiento de una Misión de Cooperación que se alargaría hasta el año anterior a las elecciones generales de 2021.

Diversos actores nacionales e internacionales, con capacidad de incidencia en la situación nicaragüense, han tenido la expectativa, con relativa independencia de las elecciones municipales, que la Misión de Cooperación de la OEA  ayudaría a que Nicaragua en las elecciones de 2021 iniciara una transición hacia un aterrizaje suave del férreo régimen autoritario.

Las carencias informativas de parte del gobierno y la Secretaría de la OEA han generado, naturalmente,  desconfianza.

Y ahora resulta que se ha anunciado una misión que Observará las Elecciones Municipales  presidida por una persona que se ha auto-descalificado, por las opiniones que emitió avalando diversos fraudes electorales de Ortega. Aún queda por ver los términos de referencia de esa misión de observación para saber si dará o no cuenta de todas las deficiencias estructurales del sistema electoral, como hizo la misión de la OEA en las elecciones generales de 2011, la última en que la oposición tuvo oportunidad de participar.

La expectativa que ha despertado la Misión de Cooperación que la OEA establecerá por tres años, para saber si en 2021 tendremos un proceso electoral incluyente y competitivo,  está en juego con esta misión de observación de las municipales.