Edición No. 454, 16 de junio de 2018

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Y el Ejército, ¿qué?

Hace varias semanas escribí un tuit en que sostenía que si el Ejército apoya la solución pacífica de la crisis, como lo ha sostenido en comunicados públicos su Comandancia (léase, Consejo Militar), debía desarmar a las bandas paramilitares. Lo mismo hice esta semana.

La primera vez que escribí, prácticamente no recibí ningún comentario negativo. Esa reacción tan positiva era alentada por el comunicado del Ejército en que daba a entender que no reprimiría.

En cambio, esta semana quedé sorprendido por la cantidad de comentarios negativos, seguramente ante la sangrienta escalada de la represión. Esta es una señal inequívoca que el Ejército ha perdido estima ciudadana y legitimidad política, al no desarmar a esas bandas paramilitares.

En varias ocasiones he defendido el proceso de institucionalización del Ejército. El 18 de diciembre de 2014 publiqué en La Prensa y comenté en Radio Corporación, un artículo titulado “Conversación sobre el ejército”, en que relataba una plática  sostenida con el diplomático estadounidense Luigi R. Einaudi, enviado del entonces Secretario General de la OEA para distensionar relaciones entre Honduras y Nicaragua, que habían escalado peligrosamente en 1999 por el Tratado Colombia-Honduras de delimitación marítima. Einaudi era crítico, como su gobierno (Clinton era presidente), de la ley de organización militar de 1994, y creo haberle convencido que esa ley garantizaba el monopolio de la fuerza que, por primera vez en nuestra historia, había pasado a ser monopolio del Estado a través de la ley.

Ese monopolio se está perdiendo. En todos los casos exitosos de transición democrática a través de resistencia cívica (Ucrania, Chile, Sudáfrica, entre otros), no han existido bandas paramilitares. La alternativa a la resistencia cívica es el conflicto armado, y no creo nuestro ejército lo desee.

En su primer comunicado, el Ejército señala que “No podemos perder nuestra estabilidad y nuestra paz”. Ya la hemos perdido, por el encadenamiento inicial represión-protesta, que ha conducido a más represión-más protesta-más represión.

En ese comunicado el Ejército señala que “el diálogo es la mejor ruta que le conviene a nuestro pueblo”, y lo reitera en su comunicado del 12 de mayo.

Desarmar a las bandas paramilitares sería la mejor contribución del Ejército a una solución pacífica de la crisis, a través del diálogo, al menos por tres razones:

Primero, recuperaría el monopolio de la fuerza, en grave riesgo que se entronice en el país, aún después de solucionada la crisis. Esas bandas amenazan, incluso, en convertirse a “mano blanca”.

Segundo, trasmitiría una señal inequívoca a la Policía Nacional, cuyo deterioro institucional es un costo difícil de reparar, pero no imposible.

Tercero, flexibilizaría la posición del gobierno y de todos los actores, para encontrar esa esquiva, pero tampoco imposible solución pacífica, que ya no lo es, ciertamente, por el número de víctimas.

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Edición No. 453, 9 de junio de 2018

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Muñequito

Mientras continúa la matanza…

Mientras continúa la matanza represiva de nicaragüenses, se han dado tres hechos que de alguna forma enmarcan la crisis del régimen de Ortega y, también de Nicaragua, por las consecuencias que ya comienzan a ser catastróficas en términos humanos y económicos.

En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se adoptó por unanimidad una “Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua”, copatrocinada por los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua, cuyas características principales revisamos rápidamente.

En primer lugar, es de “apoyo al pueblo de Nicaragua”. Siendo la OEA un organismo intergubernamental, el sueño de Ortega hubiese sido una declaración de apoyo al gobierno. En segundo lugar, la conmoción que ha causado la tragedia del pueblo nicaragüense hizo que aunque la agenda de esa Asamblea había sido negociada con mucha anticipación, la misma se abriera a la consideración del caso de Nicaragua. Y en tercer lugar, lo más relevante, el Consejo Permanente del organismo multilateral conocerá del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, como se sabe, ha elevado la cifra de asesinados por la represión a 127, sin incluir los de los últimos días. Ese informe, ¡qué duda cabe!, dará fundamento al amplio clamor de justicia. 

El segundo hecho que está enmarcando la crisis nicaragüense, y su eventual desenlace, fue la reunión sostenida hace dos días entre Ortega y la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), de la que ha derivado la prolongación del impase en el Diálogo Nacional. Según el comunicado de la CEN, en la reunión se planteó “el dolor y angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada en la Mesa Plenaria del Diálogo Nacional, sobre la democratización del país”. Ortega, como se sabe, pidió tiempo y se espera “su respuesta escrita lo más pronto posible”, según el comunicado de la CEN.

Los anteriores dos hechos enmarcan la demanda planteada en el Diálogo Nacional y respaldada por el clamor de la calle: Justicia y Democratización. Precisamente así se llama la convergencia de estudiantes, sociedad civil, sector privado empresarial, campesinos, afrodescendientes y pueblos indígenas, agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, y que en el Diálogo representa al pueblo nicaragüense.

El tercer hecho que enmarca la crisis es la creciente articulación y protagonismo de la juventud, en especial los estudiantes, con amplio respaldo de diferentes sectores tanto en términos urbano-rurales como de composición de clase.

La semana que termina ha sido relevante en términos de ese protagonismo de los estudiantes. Algunos de sus principales dirigentes han respaldado la gestión internacional en busca de solidaridad con el pueblo nicaragüense, tanto en la Asamblea General de la OEA como en Europa. En esencia, la articulación entre el movimiento estudiantil se expresa en la agenda que enarbolan, que es la misma del pueblo nicaragüense: justicia y democratización.

Mientras se realizaba esa gestión internacional, una de sus dirigentes, Enrieth Martínez, miembro de la Coalición Universitaria presente en el Diálogo Nacional, dio una declaración a La Prensa que sintetiza a cabalidad la agenda que vertebra la protesta contra Ortega. Es una revolución dijo, comparable a la que botó a la dictadura somocista: “Es comparable en el sentido de que buscan un proceso de institucionalidad, de regresar a un estado democrático con instituciones fuertes, de cero caudillismos”.

En efecto, lo que está en marcha en Nicaragua es una revolución democrática, cívica, no armada, porque el único que tiene las armas es Ortega. Para nuestra historia, la más ejemplar de las revoluciones. 

Es anticipable que Ortega, después del tiempo que ha solicitado frente a la demanda de los obispos, se niegue a concesiones esenciales en términos de justicia y democratización. Entonces, y como lo señalamos en nuestro último artículo, solamente cabrá que Ortega renuncie, y a eso deberán converger todas las fuerzas que dentro de Nicaragua (sandinistas y no sandinistas, institucionales y no institucionales), y fuera, buscan que termine la matanza. 

 

 

 

 

 

Edición No. 452, 2 de junio de 2018

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Elecciones anticipadas, ¿Con Ortega?

Para alcanzar la salida pacífica (que ya no lo es, aún si no hubiese otro asesinato de nicaragüenses), no catastrófica (que ya lo está siendo, en vidas, heridos y daños a la economía), y constitucional, Ortega debe renunciar, lo cual está previsto en nuestro orden jurídico.

Hasta ahora, una inmensa correlación de fuerzas nacionales e internacionales han solicitado, como solución a la sangrienta crisis, elecciones anticipadas: lo propuso la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su agenda ante el Diálogo Nacional; fue aceptada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pese a que los centenares de miles que se han expresado en las calles piden que Ortega se vaya, ¡y ya!

Esta semana se unieron a la demanda, por si cabía alguna duda y pese a que el sector privado tiene delgados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, todos los gremios del sector privado y los representantes de los principales capitales de Nicaragua. Incluso el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aceptó el miércoles recién pasado esa posibilidad.

Pero la masacre del Día de las Madres, y el furioso comunicado que la esposa de Ortega emitió a través de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía, expresando la negativa del gobierno a aceptar ninguna responsabilidad en los crímenes cometidos, conduce a que se escale la demanda de la mencionada correlación de fuerzas, y se pida la renuncia de Ortega y su esposa, como el único medio de tener elecciones anticipadas, y se recupere  la estabilidad, paz, democracia y crecimiento económico.

En el comunicado se dice que el gobierno “denuncia enfáticamente todos los crímenes que se han cometido desde el 18 de Abril, (y) rechaza cualquier responsabilidad en esa violencia…”, y agrega que “En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno…”.

Como si lo anterior fuese poco, el comunicado dice que el gobierno “rechaza totalmente todas las acusaciones de esos grupos que en una provocación demencial y sin precedentes en nuestro País, se confabulan para denunciar “ataques” inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del Orden Público.”

Ese comunicado desafía la evidencia, los señalamientos de la Conferencia Episcopal, los de organismos nacionales de derechos humanos, y gremios del sector privado, y lo que opina la ciudadanía y han cubierto la prensa nacional e internacional.

La afirmación del gobierno en ese comunicado significa una oposición frontal al Informe Preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dice cumplirá.

Esa afirmación deja sin sentido, mientras Ortega esté de Presidente, el Convenio firmado el miércoles recién pasado, entre su gobierno, la Secretaría General de la OEA y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, estableciendo un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Derechos Humanos.

También la posición de negación total de Ortega contradice al Informe de Amnistía Internacional, cuyos representantes estuvieron en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuando los ataques del martes 29 de abril, y en la masacre durante la marcha en el Día de las Madres.

Ortega, además, está aterrorizando vecindarios y creando caos en un intento inútil de que solamente él puede volver al orden.

Ortega debe renunciar para que surja la nueva Nicaragua, que ya empezó y “sorprende en sus detalles”, como escribió un sobrino del inolvidable Herty Lewites: “Si quiere donar sangre regrese mañana, ha venido tanta gente que no tenemos capacidad para recibir más, o ver centenares de personas humildes recuperando mercancía saqueada y regresándola a los comercios. Nos hicieron creer que éramos menos de lo que somos pero un puñado de estudiantes nos contagiaron de libertad, gracias a ellos estamos estrenando país, uno en dónde no hay lugar para dictaduras”.

 

Edición No. 451, 19 de mayo de 2018

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Límites y oportunidades del Diálogo 

Lo que ocurrió en la primera sesión del Diálogo Nacional, y desde luego sin los momentos de dramatismo que pusieron los estudiantes y representantes de la sociedad civil, y la gélida frialdad que puso el gobierno, era relativamente previsible: indignación por la masacre y represión, y remoción de las causas de fondo que las provocaron, por los primeros, y negación y regreso a lo mismo, por Ortega.

A estas alturas, y sin conocer el curso que seguirá el Diálogo Nacional pero deseando que tenga éxito pues Nicaragua necesita, sí, necesita, una solución pacífica a la crisis que ha estallado pues suficiente sangre se ha derramado, nos atrevemos a plantear los límites y oportunidades dentro los cuales el Diálogo se realiza.

En primer lugar, y a esto debe poner límite el Diálogo, tenemos que evitar otra transición catastrófica de un régimen autoritario, como ocurrió con Zelaya y Somoza, y es el riesgo con Ortega. La situación actual, en la medida que se prolongue, más y más catástrofe humana y socioeconómica arriesga.

Bajo las circunstancias a las que hemos llegado, pensar en las elecciones del 2021 como el plazo de solución, es el camino más cierto a la catástrofe. Ortega, en su negación de las causas que han conducido a la tragedia actual, lo dijo en la primera sesión cuándo se refirió a la misión de cooperación que acordó con la Secretaría General de la OEA (Organización de Estados Americanos), y que se establecería por tres años.

La OEA y otras agencias internacionales, intergubernamentales como la ONU (Organización de Naciones Unidas) y la Unión Europea, y no gubernamentales como el Centro Carter e IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral), pueden ayudar a la democratización que se ha pedido por la Conferencia Episcopal, el sector privado y es el clamor de la calle encabezado por los jóvenes. Pero el primer paso, y este es otro límite que debe establecer el Diálogo, son elecciones anticipadas, y entre más pronto mejor, y que ni Ortega ni su esposa se presenten de candidatos a la misma, pues son la primera y única causa de la crisis por su afán de perpetuarse antidemocráticamente en el poder. En este sentido, la idea de un gobierno provisional que muchos han vocalizado, y para el cual hay opciones legales, no carece de sentido.

Como también, si se trata de crear confianza en el Diálogo Nacional y evitar más enfrentamientos, la Policía y el Ejército deben recuperar el monopolio legal de la fuerza y proceder a desarmar las fuerzas de choque paramilitares del orteguismo. Esta es una indispensable medida cautelar mientras la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que ha iniciado sus investigaciones, ayuda con su informe a establecer la justicia que las víctimas y sus familiares reclaman, con amplio apoyo nacional e internacional.

En la primera sesión del Diálogo, Ortega también hizo un alegato para volver a lo mismo cuando intentó responsabilizar a las protestas del desempleo y la escasez. En su estulticia, quiso ignorar que antes del año 2007 en que volvió al poder ya Nicaragua crecía económicamente, convivíamos sandinistas y no sandinistas, teníamos seguridad ciudadana, atraíamos turismo e inversiones extranjeras, y todo lo hacíamos en democracia, en la democracia a la que se quiere volver a través de una solución pacífica, y el Diálogo Nacional es la única oportunidad.

En definitiva, límites y oportunidades del Diálogo Nacional se confunden. Cualquier otra cosa que no sea el fin del régimen de Ortega, y recuperar la construcción democrática que interrumpió y nos condujo al derramamiento de sangre, solamente arriesga más catástrofe humana, económica y social.