Edición No. 416, 24 de junio de 2017

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Anticipar la transición (2)

Al terminar el artículo anterior, y a propósito de que todo gobierno autoritario termina, y ante la catástrofe humana y económica con la cual está acabando Venezuela, nos preguntábamos qué hacer para evitar que Ortega termine en una transición catastrófica, como Zelaya a principios del siglo XX y Somoza en la agonía del mismo.

A mediados de los años 70 del siglo pasado había la misma sensación de estabilidad y seguridad que ahora: la economía crecía vigorosamente, y lo había hecho así durante un cuarto de siglo. Los fundamentos de esa estabilidad eran relativamente semejantes a los actuales, pero igual, había un sistema de partido hegemónico, con partidos colaboracionistas, se excluía a la oposición política, y terminamos en una revolución y posterior guerra civil.

Lo fundamental, para evitar una transición catastrófica de un régimen autoritario a uno democrático, es que todos los actores nacionales e internacionales que tienen incidencia en el proceso nicaragüense, incluyendo el propio gobierno y los sectores que lo apoyan, eviten esa falsa sensación que la estabilidad y seguridad autoritaria es eterna.

Resultará difícil, a los actores presentes, pensar que la estabilidad actual es efímera. Pero bastaría que se pongan en los zapatos de sus padres y abuelos a mediados de esos años 70, para entender que la misma sensación de estabilidad tenían ellos.

Desde luego, una cosa es conocer qué hacer para evitar lo peor, y otra es hacerlo. Aquí entran los incentivos, disuasivos unos, positivos otros. La combinación de incentivos ayudará a que los actores se anticipen a una transición fuera de control.

El mes pasado trascendió una grabación secreta de una reunión de oficiales de las fuerzas armadas venezolanas, discutiendo si escalaban militarmente la represión a las protestas. Un General expresó preocupación de “que el día podría llegar en que cualquiera de ellos terminara en prisión”.

Esa preocupación, un incentivo disuasivo, es consistente con la calificación que el Secretario General de la OEA y organizaciones internacionales de derechos humanos, han hecho de los crímenes de lesa humanidad –de jurisdicción universal e imprescriptibles-  que se estarían cometiendo en Venezuela. El General venezolano que manifestó preocupación, seguramente tenía en mente los casos de dictadores y represores que han terminado juzgados por la Corte Penal Internacional, que justo en estos días está reclamando a uno de los hijos del dictador Gadafi de Libia.

No es deseable que nuestras fuerzas armadas y de policía, las primeras verdaderamente institucionales y profesionales de nuestra historia, terminen como guardia pretoriana, con sus consecuencias. Eso es lo primero que debe evitarse, pues como tantas veces ha señalado su fundador y primer Jefe, el General ® Humberto Ortega, la institucionalidad y profesionalidad del Ejército y Policía son una conquista histórica.

En segundo lugar, debe recuperarse la independencia del sistema judicial. No es deseable, y estamos a tiempo de evitarlo, terminar con una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), o la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y con altos funcionarios y dirigentes presos, o perseguidos judicialmente a nivel internacional.

En tercer lugar, estrechamente asociado al punto anterior, no es deseable que la corrupción –metastisada con el lavado de dinero, crimen organizado y otras figuras delincuenciales de carácter transnacional- abra espacio institucional, social y territorial a las redes delincuenciales y se termine sindicando internacionalmente a nuestros dirigentes políticos, empresariales, militares y policiales, como está ocurriendo en otros países. Para evitarlo, debemos recuperar la independencia, autonomía y profesionalidad de los órganos de supervisión y control, la Contraloría General de la República y otros, pero también la independencia y profesionalismo del poder judicial.

Todos esos escenarios tendrían consecuencias económicas desastrosas para empresas, de todo tamaño y con independencia de filiación política de sus dueños, y para la población.

Si ya veníamos creciendo económicamente tanto como ahora, y teníamos iguales o mayores niveles de seguridad, y lo hacíamos en democracia, ¿Por qué pagar el riesgo de una transición catastrófica?

Recuperar el proceso de construcción de una estabilidad democrática, iniciado en 1990, puede parecer una apelación ingenua, frente a la situación actual y las manifestaciones de perpetuidad de la familia gobernante, pero no es así y eso lo veremos en el próximo artículo de esta serie Anticipar la Transición.

El Pulso de la Semana. Edición No. 415, 17 de junio 2017

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Anticipar la transición (1)

El próximo lunes se inicia en México la Asamblea General Anual de la Organización de Estados Americanos (OEA), y  previo se tendrá la segunda sesión de la Reunión de Consulta de Cancilleres para tratar la problemática de Venezuela.

La primera sesión tuvo lugar el pasado 31 de mayo en Washington, sin ningún resultado. No hubo consenso sobre ninguno de dos proyectos de declaración. Uno, auspiciado por México y otros países, demandando liberación de los presos políticos, elecciones inmediatas, respeto a la independencia de poderes, asistencia humanitaria, y ofreciendo la gestión amistosa de un grupo de países. El otro, influenciado por Venezuela y Cuba, respaldado por países del Caribe anglófono y unos pocos continentales, incluido Nicaragua, que rebajaba sustancialmente el tono y se amparaba en el principio de no intervención, para no terminar ofreciendo nada que contribuyera a la solución de la crisis venezolana.

Mientras tanto, el pueblo venezolano se desangra por la represión, el país se hunde en una pavorosa crisis económica y humanitaria, y el gobierno de Maduro se amuralla en una dictadura borrando todo rasgo democrático.

Pero todo mundo sabe que pese al aferramiento de Maduro y su camarilla, más temprano de lo que ellos quisieran la tragedia venezolana tendrá un fin. Pero atrás quedará un país  extremadamente polarizado, tornando muy difícil la reconciliación posible y necesaria.  Si más sangre se derrama, mayor polarización, y más difícil reconciliación.

Independientemente del tono de las declaraciones sobre las que no hubo consenso el 31 de mayo, el quid del rechazo venezolano fue al ofrecimiento de la gestión amistosa de un grupo de países que condujera a una negociación y compromisos verificables, para evitar un desenlace más sangriento de la crisis. La oposición, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha manifestado su disposición a ese tipo de diálogo.

El 22 de marzo de 2014 escribimos en este periódico que esa negociación deseable “deberá conducir a una redefinición del actual modelo de Estado que dé cuenta, como mínimo, de dos extremos: la inclusión social que ha propiciado el chavismo, y las demandas de Estado de Derecho Democrático que enarbola la oposición. La gigantesca riqueza petrolera y el potencial productivo de Venezuela da suficiente holgura para compatibilizar esos extremos, en una convergencia de equidad, economía de mercado y democracia liberal”.

Agregábamos: “La MUD no tiene obstáculo en acoger las reivindicaciones de los sectores populares. De hecho, las dos corrientes fundacionales de la oposición al chavismo, la socialdemócrata y la socialcristiana, tienen a la justicia social en su eje ideológico…El chavismo, en cambio, que ha favorecido la inclusión social y, a la vez, la creación de nuevas élites económicas rentistas -como en Nicaragua, por cierto-  pero bajo un modelo insostenible económicamente, tiene más dificultades en aceptar las demandas democráticas de la oposición. Así que en Venezuela, sin otra salida que no sea la negociación, Maduro tiene la palabra”.

Los antecedentes de la Asamblea de la OEA del próximo lunes difícilmente hacen prever que se avanzará en esa negociación deseable y posible. Y el discurso de Trump, ayer en Miami, tampoco facilitará ese avance.

En esa Asamblea se conocerá el Informe del Secretario General Almagro en el cual se recoge el diálogo que ha iniciado con el gobierno de Ortega. Como parte de ese diálogo, la OEA observará las próximas elecciones municipales, en la que subsisten deficiencias sistémicas y exclusión de amplios sectores de la oposición. Pero el diálogo contempla una Misión de Cooperación de la OEA hasta el 2020, y el gobierno se ha comprometido a que la misma apunte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Las elecciones generales de 2021 pondrían a prueba ese compromiso.

Hemos titulado este artículo “Anticipar la transición (1)”, porque todo gobierno autoritario, en algún momento, tiene su fin. Lo tuvo Zelaya con la intervención norteamericana; lo tuvo Somoza, con insurrección y posterior guerra civil. Si queremos evitar que el gobierno de Ortega, que también ha manifestado voluntad de perpetuidad, no termine en una catástrofe humana y económica, como Venezuela, en los próximos artículos exploraremos qué hacer para que la transición del autoritarismo a la democracia evite esa catástrofe.

Edición No. 414, 3 de junio 2017

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Costos del radicalismo y erratismo

La decisión del Presidente Trump de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, alcanzado en diciembre de 2015, está dominando las noticias internacionales.

La decisión forma parte de lo que se ha venido en llamar patriotismo económico de Trump, con innegables elementos de xenofobia y por tanto inseparable de su política migratoria. Con esa y otras decisiones apela a sus votantes, muchos de los cuales se sienten afectados por la globalización. De ese patriotismo económico forma parte el abandono de la Asociación Transpacífico (TPP), tratado comercial que vincularía a países que representan casi la mitad de la producción económica mundial, y el también enfrentamiento por razones comerciales con Canadá, México, Alemania y la Unión Europea.

Pero mientras las interrogantes globales que despierta la política de Trump sacuden al mundo, Venezuela continúa convulsionada por la gesta política ciudadana y pacífica más importante que el hemisferio ha tenido en muchas décadas. La sangrienta reacción represiva del régimen del Presidente Maduro, clama solidaridad, pero eso no ocurrió en la reciente reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La incapacidad que mostró la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA el pasado miércoles, en Washington, para ni siquiera adoptar una Declaración, es en parte también resultado del radicalismo y erratismo (porque también el presidente Trump ha abandonado algunos temas de su campaña electoral, como decir que China manipula su moneda) de su política internacional.

La incapacidad de la reunión de la OEA de adoptar una Declaración, que incluía un ofrecimiento de gestión amistosa por un grupo de países, para impulsar un diálogo entre gobierno y oposición que fuese verificable, y por tanto creíble para la oposición, se explica fundamentalmente por la reticencia de los países del Caribe y algunos, férreos defensores de Maduro, como Nicaragua. Era un texto suave, que deploraba la convocatoria de Maduro a una Constituyente (bajo sus propios términos y no los que establece la constitución) y demandaba medidas de confianza como la liberación de los presos políticos, pero lo suficientemente fuerte para irritar al gobierno de Venezuela que quiere un diálogo bajo sus propios términos y condiciones. La oposición, en cambio, está dispuesta a un diálogo que, previas medidas de confianza, entre ellas la de los presos políticos y el respeto a las facultades de la Asamblea Legislativa que los venezolanos eligieron, demuestren que no es simplemente para ganar tiempo a favor del gobierno.

Y aunque la correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe ha cambiado en contra del gobierno tiránico de Venezuela, y la capacidad de ese país de mantener los suministros petroleros al Caribe ha disminuido drásticamente, incluso a Cuba, subsisten las consecuencias del radicalismo, erratismo e indefinición de la política internacional de Trump.

Veamos. Independientemente de las diferencias políticas e ideológicas con Cuba, este país tiene una influencia determinante en Venezuela, y en menor medida en algunos países del Caribe, entre otras razones por la influencia de Cuba en Venezuela.  Y el Presidente Trump ha amenazado, y el gobierno cubano así lo siente, con revertir la política de normalización de relaciones que Cuba y Estados Unidos iniciaron en 2014, y se visibilizó con la reunión de Raúl Castro y Obama en la Cumbre de Las Américas de abril de 2015 en Panamá.

No es seguro, ni nadie lo podría afirmar con certeza en uno u otro sentido, pero si el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos se mantuviera, la gestión amistosa de la OEA podría haber tenido otro destino.

Pero, para complicar aún más las cosas, China y Rusia han adquirido, a cambio de muchos préstamos, derechos muy importantes sobre las amplias reservas de petróleo de Venezuela, con lo cual la ausencia de definiciones de política internacional norteamericana para América Latina, salvo la conflictiva con Cuba y México, complican la tragedia que enfrenta el pueblo venezolano.

Pero de una cosa pueden estar seguros todos los actores involucrados en Venezuela, en especial sus fuerzas armadas, chavismo y oposición: el erratismo, radicalismo e indefinición de los Estados Unidos puede alargar la vida del régimen de Maduro, pero no su sobrevivencia.

Edición No. 413, 27 de mayo 2017

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Contagio paranoico

Hace escasos dos meses, el 19 de abril, en este diario publicamos un artículo titulado “Nuestro único riesgo de confrontación”. Lamentablemente, algunas de sus previsiones se han cumplido, y eso sin saber, por ausencia de información, las causas de la abrupta salida de la misión de la OEA.

En el mismo hacíamos un recuento de los delirios geopolíticos de Ortega, incluyendo el reconocimiento de la independencia de Abjasia y Ossetia del Sur (siendo que solamente Rusia, Nauru, Venezuela y Nicaragua lo hacen), y de sus arrebatos dictatoriales que han conducido a que no haya elecciones libres, ni independencia de poderes, ni autonomía municipal, ni derecho de organización y manifestación, ni el menor asomo de Estado de Derecho.

En la parte conclusiva señalábamos que “los coqueteos geopolíticos de Ortega son consecuencia directa del ejercicio sin balances de su poder autoritario”.

Y nos preguntábamos, “¿Qué puede hacer que cambie (Ortega) el rumbo, para que no someta a Nicaragua al único riesgo de confrontación que realmente enfrenta?” Y nos contestábamos que era irrelevante, y lamentable desde el punto de vista democrático, lo que pudieran decir y hacer los partidos políticos de oposición, las organizaciones de la sociedad civil, la Conferencia Episcopal, y los pocos medios de comunicación independientes que aún queda. Y afirmábamos que una de las voces que sí escucharía Ortega sería las de los voceros de los gremios económicos.

Pero el hecho más relevante de la semana que termina no es que esos voceros se hayan pronunciado sobre la ley presupuestaria de los Estados Unidos, que obligaría a su gobierno a votar en contra de los empréstitos a Nicaragua en los organismos financieros internacionales, por reconocer la independencia de Abjasia y Ossetia del Sur. Tampoco se han pronunciado por la aprobación unánime del proyecto de ley Nica Act en el Subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, que afectaría negativamente a la economía. Mucho menos se han pronunciado por la colusión de intereses entre generadores, distribuidores y gobierno, que condujo al alza de la energía afectando a miles de empresarios que dicen representar. Ni tampoco han dicho una palabra sobre la afectación al clima de inversión, o la salida de la misión de la OEA.

No.

El pronunciamiento más relevante de esos voceros, en lo que parece un contagio de la paranoia conspirativa, intolerante y autoritaria del gobierno, ha sido denunciar lo que llaman “campaña de descalificación de algunos periodistas y medios de comunicación sobre nuestro quehacer institucional…” Y aunque en un gesto de fingida elegancia se han negado a “personalizar” a los autores de la campaña, voceros menores se han encargado de señalar a La Prensa y al periodista Carlos Fernando Chamorro, que son de los pocos medios independientes que el Orteguismo permite, junto a Radio Corporación.

De la velada censura que están tratando de imponer, los medios aludidos han contestado. Solamente quisiera comentar un aspecto del pronunciamiento de los voceros de los gremios económicos.

“La actual campaña, que recurre a fuentes anónimas…”, dicen en una parte relevante del pronunciamiento, tratando de ilegitimar en el supuesto anonimato las afirmaciones que esos medios de comunicación han hecho, en vez de controvertirlas desde un ejercicio de pluralidad y tolerancia. A nadie, por ejemplo, en los Estados Unidos, se le ocurre negar la trama del involucramiento ruso en la campaña electoral, y todos los reportajes de los principales medios  –Washington Post y New York Times, incluidos-  han sido en base a fuentes anónimas. ¿Se imaginan qué ocurriría a un empresario si se identifica al denunciar la competencia desleal que enfrenta, o expresa opinión por el rumbo del país? ¿O a quién filtró información de la corrupción en el Seguro Social, en colusión con el representante de esos voceros de los gremios económicos en el Directorio del INSS? ¿O a quien denunció la trama de corrupción en la Dirección General de Ingresos? Y podríamos mencionar muchos casos más.

En conclusión, el aparente contagio de la paranoia intolerante, autoritaria y conspirativa del gobierno ha terminado jugando una mala pasada al Presidente del COSEP, quien ha buscado respaldo institucional frente a una campaña inexistente, porque no se recurre a búsqueda de apoyos cuando se tiene la convicción de los argumentos.