Edición No. 432, 11 de noviembre de 2017

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50 x 70

En unas elecciones en las cuales el Orteguismo ha controlado todo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) ha reconocido que votó aproximadamente el 50% de la población apta para votar. Esa es la primera premisa de nuestro análisis.

Segunda premisa: el Orteguismo, que es diferente al sandinismo, obtuvo casi el 70% de la votación. Y como ese porcentaje se distribuyó a nivel de todas las municipalidades, el Orteguismo ganó en casi el 90% de las alcaldías. Es decir, como en un sistema de partido único.

Tercera premisa: el Orteguismo moviliza siempre a casi todos sus votantes. Voluntariamente, por convicción política-ideológica, o por la fuerza, como ocurre con los empleados públicos o los beneficiarios de algún programa social.

Conclusión: si solamente participó el 50% de la población apta para votar, y el Orteguismo obtuvo el 70% de ese 50%, la conclusión es más que sencilla: 7 por 5, igual a 35. Esa es la votación que obtuvo el Orteguismo, el 35% del padrón electoral, la misma proporción, puntos más puntos menos, que le hizo, por obra y gracia del pacto con Alemán, volver al poder en las elecciones del 2006…si es que entonces ganó en primera vuelta, cuestión más que dudosa. Recordemos que el Consejo Supremo Electoral (CSE) nunca publicó el resultado del 8% de la población que entonces votó, y que era muy superior a la que votó en las elecciones municipales del domingo pasado. Más de 200,000 votos no contados.

Pero, hacia el futuro, no se pueden dejar de destacar algunos elementos básicos, que enumero a continuación.

Primero, la enorme abstención de las recientes elecciones municipales, que repita a la enorme abstención en las presidenciales de 2016, demuestra lo que el Informe Preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala de manera inequívoca en el marco de un lenguaje diplomático: la falta de confianza en el sistema electoral. Y eso que en dicho Informe no se señala de manera explícita, aunque se deduzca del contexto, otra de las causas de semejante abstención: la exclusión de importantes sectores de la oposición, que no fueron autorizados para participar en las elecciones.

La violencia postelectoral, que ha dejado un lamentable saldo de siete muertos y muchos más heridos, es consecuencia de esa ausencia de confianza en el sistema electoral, y del recurrente uso de la represión para eliminar las discrepancias y protestas.

Segundo, el CSE volvió a publicar las actas de cada Junta Receptora de Votos (JRV), como no se hacía desde que al Orteguismo lo arrasamos en las elecciones municipales de 2008, en que los opositores concurrimos unidos. Desde entonces Ortega no se arriesgó, y no solamente no publicó las actas de cada JRV, sino que utilizó la violencia para impedir la presencia de fiscales de la verdadera oposición y se robó urnas electorales, e hizo lo que quiso con las sumatorias de votos, como ocurrió en las elecciones de 2011 en que la oposición, unida en torno al candidato Fabio Gadea Mantilla, le planteó un formidable desafío. De esas elecciones, como señalaron las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea, es imposible establecer sus verdaderos resultados.

Tercero, para las elecciones presidenciales de 2016, ni siquiera permitió la observación electoral internacional y nacional, y excluyó a toda la oposición. Era obvio que la observación electoral daría, como en 2011, un mínimo de confianza, y Ortega no quería correr el mismo riesgo que en las elecciones de 2011.

Cuarto, que el CSE haya permitido publicar las actas de cada JRV, es resultado de las circunstancias que obligaron a Ortega a permitir la observación de la OEA, pese a que antes había tildado de sinvergüenzas a los observadores electorales.

Quinto, las circunstancias que obligaron a Ortega a aceptar la observación electoral de la OEA, entre ellas la Nica Act, y la recomendación del mencionado Informe Preliminar para una reforma integral del sistema electoral que devuelva la confianza de los nicaragüenses en el mismo, abre una expectativa razonablemente positiva sobre la Misión de Cooperación que la OEA establecería para los próximos tres años, de conformidad con los acuerdos suscritos con la misma por el gobierno orteguista. Veremos, pero habrá que hacer todo lo posible para que así sea.

 

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Edición No. 331, 4 de noviembre de 2017

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“La fiesta del chivo”

En la semana que termina fui invitado por el capítulo nicaragüense, del prestigioso Pen Club, a compartir comentarios con Marta Leonor González y Mónica Zalaquet, reconocidas autoras de literatura y libros de ciencias sociales, sobre la célebre novela del Premio Nobel latinoamericano, Mario Vargas Llosa, sobre el ajusticiamiento de Trujillo, dictador de larga duración en República Dominicana.

La novela se titula “La Fiesta del Chivo”, como se le apodaba al dictador quien utilizaba, en un desmedido culto a la personalidad, títulos como “Benefactor de la Patria”, “Padre de la Patria Nueva”, entre otros engolillados nombres.

Rafael Leónidas Trujillo gobernó tiránicamente a ese país caribeño entre 1930 y 1961, cuando fue ajusticiado, y su dictadura empezó a desaparecer lenta y convulsamente.

Para la preparación del evento, releí la novela histórica de Vargas Llosa, y como al mismo tiempo estoy preparando la reedición del libro que escribí sobre Pedro Joaquín Chamorro, que se presentará en enero próximo con motivo del cuarenta aniversario de su asesinato, no pude evitar las comparaciones entre las dictaduras de Trujillo y de Anastasio Somoza García, que se traslaparon durante 22 de los 31 años que estuvo Trujillo tiranizando a su pueblo, y el régimen actual de Ortega.

Hay, desde luego, circunstancias y modalidades que son diferentes, y no se trata que el régimen de Ortega sea una calcomanía de Somoza y Trujillo.

Me habían encargado, no siendo crítico literario, que me concentrara en el contexto histórico de la dictadura de Trujillo, que no era diferente al de Somoza: en plena Guerra Fría, nuestra región, en especial la cuenca del Gran Caribe, estaba plagada de dictaduras de origen militar con las cuales la política exterior de los Estados Unidos intercambiaba una política complaciente con sus regímenes despóticos, a cambio de mayor seguridad anticomunista.

Pero ya para entonces se planteó una tensión, casi tan intensa como ahora, entre el principio de no intervención y el compromiso democrático, que está en la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1948.

El contexto específico de la novela citada fueron las sanciones económicas que la OEA había adoptado en agosto de 1960 contra Trujillo, por el atentado que el dictador había organizado pocos meses antes contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien había sido elegido democráticamente después del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez a inicios de 1958.

Desde entonces se planteó la tensión entre la Doctrina Estrada (por un Canciller mexicano de 1930), contra la intervención o calificación por gobiernos extranjeros del que cada país adoptaba, y la Doctrina Betancourt, que anclada en los principios fundacionales de la OEA, demandaba “no mantener relaciones diplomáticas ni comerciales con gobiernos no legitimados por el voto de los pueblos y de propugnar en la Organización de los Estados Americanos que los regímenes de usurpación sean excluidos de la comunidad jurídica regional”.

¿Suena familiar, y ciertamente irónico,  con la tensión que se ha planteado recientemente en la OEA, por el caso de Venezuela?

Entonces, en la época de Trujillo, Somoza y otras dictaduras, la ruptura de la normalidad democrática era fundamentalmente a través de golpes de estado de naturaleza militar. Las nueva modalidad de “golpes de estado”, ejemplarizadas por el gobierno peruano de Fujimori en la última década del siglo XX, es decir no hace mucho tiempo, son las de gobiernos originados en elecciones democráticas y que una vez instalados en el poder comienzan antidemocráticamente a manipular leyes e instituciones para consolidar regímenes autoritarios. Tal como nos está ocurriendo en Nicaragua.

Para lidiar con esas nuevas modalidades de “golpes de estado” que dan curso a regímenes autoritarios, una vez restablecida la democracia en Perú, este país tomó la iniciativa de la Carta Democrática Interamericana.

Mientras tanto, y en una evolución formidable de los derechos humanos, ya poco se discute la supranacionalidad de las normas democráticas, la cual ha sido incorporada incluso en tratados comerciales como los suscritos por nuestra región con los Estados Unidos y la Unión Europea.

Es en ese espejo en el cual corresponde ver a regímenes que proceden de nuevas modalidades de “golpes de estado”, como el de Venezuela y Nicaragua, que no están legitimados por elecciones creíblemente democráticas.

Edición No. 430, 27 de octubre de 2017

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Lecciones recíprocas de Nicaragua y Venezuela

Son muchas las lecciones que nicaragüenses y venezolanos podemos extraer de las experiencias de cada país. Y me refiero al aprendizaje tanto de sus gobiernos autoritarios, como de la oposición y los ciudadanos.

Pero algunas de las principales lecciones van más en la dirección de lo que el gobierno de Maduro ha aprendido de Ortega, que al revés.

Mientras en Venezuela había recursos suficientes para distribuir, por los altos precios del petróleo que duraron más de una década, el régimen de Chávez, primero, y de Maduro después, celebraba elecciones (¡casi veinte!) en que los votos se contaban bien. Eso duró 16 años, hasta qué al calor de la crisis económica derivada del colapso de los precios petroleros, lo que se tradujo en hiperinflación y escasez de artículos básicos, el gobierno perdió apoyo y la oposición, unida, ganó abrumadoramente las elecciones legislativas de diciembre de 2015.

Hasta ahí llegó la democracia electoral. Desde entonces, Maduro buscó un ejemplo a seguir, y lo encontró en Ortega por partida triple.

Primero, violando la constitución y en base al control que tiene del Consejo Electoral Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, como aquí, desconoció los resultados de la elección legislativa que había perdido, despojando a la Asamblea Nacional de todas sus facultades.

Segundo, no volvió a realizar elecciones democráticas y ha manipulado el calendario electoral a su antojo. Como en Nicaragua.

Y tercero, reprimió con gran violencia las protestas ciudadanas. Como también ha ocurrido aquí.

Las recientes y lamentables contradicciones en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dónde se había aglutinado la oposición en Venezuela, también tiene olor a la experiencia nicaragüense. Los partidos políticos, en ausencia de elecciones democráticas creíbles, se enfrentan a una disyuntiva: participar, ya sea para medrar del poder, o en legítima búsqueda de espacios políticos para intentar revertir la correlación política; o abstenerse, cuando no son excluidos

como en el caso del Frente Amplio por la Democracia (FAD) en Nicaragua. Y esa disyuntiva divide, dispersa y fragmenta a la oposición. Sin elecciones democráticas, a los partidos políticos les ocurre lo mismo que a los peces cuando se quedan sin agua.

Pero no todo son semejanzas entre los casos dictatoriales de Nicaragua y Venezuela. Hay también diferencias sustanciales de las cuales aprender.

En la pérdida de apoyo del chavismo en Venezuela ha incidido no solamente la caída de los precios petroleros, sino también una desastrosa política económica. Ortega, en base a experiencia propia y ajena, no ha incurrido en mayores desatinos en cuanto a la política macroeconómica, y esto no solamente se traduce en control de la inflación y mantenimiento del crecimiento económico, sino también en sus bases de sustentación política.

Pero hay otra diferencia. Maduro ha aguantado un doble choque externo: la caída de precios del petróleo y crecientes sanciones internacionales. En ese aguante concurren tanto la magnitud y autonomía financiera que le da la potencia petrolera, como la geopolítica del petróleo. Esta geopolítica petrolera ha impedido que la OEA adopte sanciones, o el caso se vea en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también ha atraído una gigantesca presencia financiera de China y Rusia, que tienen grandes concesiones en las reservas petroleras de Venezuela.

En Nicaragua, que no tiene la autonomía económica de Venezuela ni mucho menos, no hay presencia financiera de China, y la de Rusia es solamente militar y de inteligencia, para alarma de los países vecinos y alerta de los Estados Unidos, por razones propias y las preocupaciones que le trasmiten los vecinos de Nicaragua.

Si Ortega no aprende de esa diferencia entre Nicaragua y Venezuela, las lecciones de la experiencia solamente habrán sido para Maduro.

Edición No. 429, 21 de octubre de 2017

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Borrar con los pies…

Como se reportó periodísticamente, en la semana que termina representantes del sector empresarial, y las firmas de cabildeo que han contratado, intensificaron sus gestiones en Washington para detener en el Senado de los Estados Unidos, una vez que fue aprobada en la Cámara de Representantes, la conocida como Nica Act.

Pero Ortega se encargó, como dice el popular refrán, de borrar con los pies lo que empresarios y firmas cabilderas intentaron hacer con las manos.

En efecto, mientras en Washington se intensificaba el cabildeo en contra de la Nica Act, por las consecuencias negativas que tendría en el financiamiento internacional y en el clima de inversión, a Washington y a la comunidad internacional llegaban las noticias de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela estaba replicando en las elecciones regionales del domingo pasado, lo que el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, desde que Ortega regresó al gobierno, ha aplicado en todas las elecciones: la técnica del “ratón loco”, es decir la reubicación de votantes a última hora en diferentes centros de votación para, de esta forma, impedirles votar dónde habitualmente lo hacen y así negarles el derecho al voto. Claro, eso lo hicieron en Venezuela con los opositores a Maduro, como aquí con los opositores a Ortega.

Incluso la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dónde se aglutina la oposición a Maduro, denunció que expertos electorales del orteguismo habían asesorado al CNE.

Y, en adición, Ortega se apresuró a felicitar, fervientemente, a Maduro por el “triunfo” en las elecciones.

Es el caso, como también se ha informado ampliamente, que en las motivaciones de la Nica Act no solamente ha incidido la ausencia de elecciones democráticas en Nicaragua, la falta de independencia entre los poderes del Estado, la persecución a las organizaciones de la sociedad civil, la corrupción, limitaciones a la libertad de expresión y otras manifestaciones del autoritarismo del régimen, sino también los coqueteos geopolíticos con Rusia y el férreo apoyo al régimen, cada vez más dictatorial, de Nicolás Maduro en Venezuela.

En ese país, desde el 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición ganó mayoría absoluta en las elecciones legislativas, se ha venido negando sistemáticamente a los venezolanos el derecho a elegir democráticamente: primero, se postergaron las elecciones regionales previstas para el año pasado, por la certeza del gobierno que las perdería; también se negó el derecho al referendo revocatorio del mandato de Maduro, lo cual está establecido en la constitución que aprobó Chávez; después se desconoció las facultades de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, y se procedió a elegir, en contra de la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente a la que se dieron todos los poderes. Y finalmente se realizó un gigantesco fraude en las elecciones regionales del domingo pasado, e incluso a las muy pocas gobernaturas que el gobierno concedió a la oposición se les está queriendo obligar a tomar posesión ante la Asamblea Nacional Constituyente, 100% controlada por Maduro.

En los Estados Unidos y todos los países no pasa desapercibido que lo descrito en el párrafo anterior es la copia venezolana de lo que Ortega ha venido haciendo en Nicaragua, desde hace una década. Recuérdese que la Nica Act fue la reacción a las decisiones totalitarias que Ortega tomó a mediados del año pasado, pretendiendo tener unas “elecciones” sin oposición, como de hecho está prácticamente ocurriendo en las próximas elecciones municipales.

Y obviamente, en la comunidad internacional, ha venido creciendo el temor que el contagio político de Ortega se traslade a los vecinos centroamericanos, subregión que tiene más población que Venezuela, con varios países en que el crimen organizado ha ganado espacios territoriales y políticos, igual que en Venezuela, y son países entre los cuales ha habido históricamente una gran intensidad de vasos comunicantes, demográficos, económicos y políticos.

Mientras es entendible la preocupación por las eventuales consecuencias de la Nica Act, es cada vez más evidente la responsabilidad nacional e internacional de Ortega por la misma.