Edición No. 470, 13 de octubre de 2018

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Banco Mundial, COSEP, Edmundo Jarquín, FMI, FUNIDES, Mundo Jarquín, Nicaragua, Ortega, UNAB, Unidad Azul y Blanco

¿Otra transición catastrófica?

Hace exactamente un año, en octubre de 2017, publiqué un folleto titulado “Nicaragua, ¿Es inevitable otra transición catastrófica?”, en el cual recogía tres artículos publicados en La Prensa y también comentados en Radio Corporación, pocos meses antes.

En la Introducción de ese folleto señalaba: “Al final de muy largos períodos de prosperidad económica en Nicaragua, los gobiernos autoritarios de José Santos Zelaya (1893-1909) y de la familia Somoza (1934-1979) terminaron en una catástrofe política de intervenciones extranjeras, insurrecciones, revoluciones y guerras civiles, que revirtieron por muchos años todo el progreso económico y social alcanzado”.

La publicación era una ardiente argumentación sobre qué hacer para evitar un desenlace catastrófico del régimen autoritario de Ortega. Para entonces, igual que con Somoza, había estabilidad autoritaria con vigoroso crecimiento económico. “Resultará difícil a los actores presentes pensar que la estabilidad actual es efímera”, señalaba en uno de los artículos, agregando: “Pero bastaría que se pongan en los zapatos de sus padres y abuelos a mediados de los años 70, para entender que la misma sensación de estabilidad tenían ellos”.

En cuestión de pocos días, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han declarado que el presente año la economía decrecerá entre el 3.8% y el 4%, confirmándose así la previsión de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) sobre los costos de la crisis política.

Sin embargo creo, pese a lo anterior, que aún estamos a tiempo de evitar los peores extremos de una transición catastrófica. La clave está en que ninguno, pero absolutamente ninguno de los actores nacionales e internacionales, con incidencia en la problemática de Nicaragua, trasmita a Ortega que existe otra opción que el diálogo, la negociación y elecciones adelantadas.

La Unidad Azul y Blanco (UNAB) ha hecho lo propio al reiterar el llamamiento al diálogo y definir un marco de principios programáticos en el que cabemos todos los nicaragüenses, al compatibilizar equidad, democracia y economía de mercado, y sumar a Ciudadanos por la Libertad (CxL), que representan a un sector del liberalismo reiteradamente excluido en el afán autoritario de Ortega y sus socios colaboracionistas.

La relativa estabilidad actual, en base al terror, es incompatible con el crecimiento económico. En este sentido, Ortega está en una contradicción insalvable: el terror le da control territorial, pero le quita apoyo político y ahuyenta la confianza económica. La estabilidad con legitimidad política y confianza económica, solamente será posible con elecciones libres, creíblemente democráticas, y entre más pronto, mejor. Cuanto más tiempo con estabilidad en base al terror, más catastrófica será la inevitable transición de la dictadura a la democracia.

 

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El Pulso de la Semana, con Mundo Jarquín. Edición No. 458, 14 de julio de 2018

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CIDH, Daniel Ortega, diálogo, Diriamba, Mundo Jarquín, Nicaragua, OEA

“Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)

14 de julio de 2018

(Edición No. 458)

¿A qué apuesta Ortega?

Con la pregunta  -¿A qué apuesta Ortega?-  interrumpió una entrevista, la corresponsal de un medio internacional.

Antes, le había explicado que Ortega estaba perdiendo en la calle, en el Diálogo y en la comunidad internacional.

En la calle, aunque haya retomado cierto control territorial a base de terror. En efecto, los asesinados se han más que triplicado desde la primera visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a mediados de mayo. Pero, como lo demuestra la marcha del pasado jueves en Managua y el paro total del país ayer, esa victoria táctica de Ortega a base de terror, profundiza su derrota estratégica, pues entre más terror y horror, más rechazo y de más nicaragüenses, más repulsa de la comunidad internacional, y más cohesión de la Alianza Cívica en el Diálogo Nacional.

En el Diálogo, pues la Conferencia Episcopal (CEN) ha decidido continuar con el mismo pese a que la agresión contra Obispos y sacerdotes el pasado lunes en Diriamba, estaba dirigida, entre otros objetivos, a que la CEN lo diera por cancelado. Pero no se puede, a pesar de las ofensas, abandonar un terreno en el cual el gobierno está a la defensiva por las demandas compartidas por Nicaragua y la comunidad internacional, de justicia y democratización.

Por lo demás, Ortega olvidó lo que el Arzobispo Romero, asesinado en 1980 en El Salvador, dijo: “El conflicto no es entre la Iglesia y el gobierno, es entre gobierno y pueblo”.

Y en la comunidad internacional, como lo demuestra la convocatoria ayer de un Consejo Permanente Extraordinario de la OEA, además de la creciente visibilidad del despotismo de Ortega, y que cada vez más países se agregan en la demanda de elecciones anticipadas, que inevitablemente se darán y el orteguismo, también inevitablemente, perderá.

Fue en esta parte de mi análisis que surgió la pregunta: si Ortega está perdiendo en todos los frentes, ¿a qué apuesta?

Le dije que Ortega, en toda negociación o conflicto, siempre trataba de avanzar lo más posible, y nunca regresaba al punto de partida. Siempre quedaba un poco más adelante. Alzaba la parada, como solemos decir los nicaragüenses, y después cedía en algo, pero no regresaba el punto inicial. Intentó reprimir selectivamente, como lo hizo durante más de una década, pero la generalización de la protesta lo condujo a reprimir masivamente. Y ya no hay retorno: la cuota de sangre que se ha cobrado, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, fortalece la demanda de justicia y democratización, y no hay otra concesión que pueda dar.

El arsenal de Ortega está lleno de balas, pero no de concesiones que puedan calmar las protestas y la indignación de los nicaragüenses.

(Se autoriza y agradece su reproducción y circulación)

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El Pulso de la Semana, con Mundo Jarquín. Edición No. 446, 17 de marzo 2018

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Agenda Empresarial, BID, Chile, COSEP, Edmundo Jarquín, El Puso de la Semana, Mundo Jarquín, Nicaragua

“Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)

17 de marzo de 2018

(Edición No. 446)

Agenda empresarial

Chile es el primer país latinoamericano que se está planteando, en una década, alcanzar el nivel de los países desarrollados, no solamente en términos de ingreso por habitante sino también en madurez institucional y democrática.

Ese es el tema precisamente de un notable libro, La Segunda Transición, de un prestigiado chileno, Alejandro Foxley, quien fuese Ministro de Hacienda durante la primera transición chilena, durante el gobierno del Presidente Aylwin (1990-1993), que sucedió al régimen autoritario (dictatorial, en verdad) de Pinochet.

En una ocasión, cuando trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invitamos a Foxley a un seminario para examinar la relación entre institucionalidad y desarrollo. Recuerdo que Alejandro, siendo economista, desarrolló el tema de Estado de Derecho como factor de competitividad. Lo dijo en términos muy sencillos: a mayor Estado de Derecho más competitividad, porque con mayor Estado de Derecho habrá más inversiones, y a más inversiones más tecnología y más productividad. Y lo dijo también en sentido brutal: a menos Estado de Derecho las inversiones exigirán mayor tasa de ganancia y recuperar la inversión en el menor plazo posible, pues la ausencia de Estado de Derecho impide seguridad y previsibilidad jurídica a mediano y largo plazo.

Como es obvio, en su libro La Segunda Transición, Foxley se plantea que para alcanzar el nivel de desarrollo Chile requiere consolidar su madurez institucional y democrática, fortaleciendo el Estado de Derecho entre otras cosas con la actualización de leyes y normas, y descentralizando el Estado.

Lamentablemente, en Nicaragua con Ortega hemos andado el camino inverso: de la transición democrática iniciada en el gobierno de Violeta Chamorro, hemos derivado a un descompuesto, en términos institucionales y de corrupción, régimen autoritario.

He recordado el planteamiento de Alejandro Foxley en Chile, por el reciente discurso de la embajadora de los Estados Unidos, Laura F. Dogu, ante una audiencia empresarial. Después de constatar la percepción generalizada que en Nicaragua el Estado de Derecho y la institucionalidad son débiles, señaló que “los inversionistas están claros que el riesgo y el retorno (tasa de ganancia) siempre están ligados…”, agregando: “Si el nivel de riesgo aumenta, los inversionistas demandarán un mayor nivel de retorno. Y en Nicaragua, el riesgo ha aumentado pero las posibilidades de obtener mayor retorno no se presentan, lo cual la hace menos competitiva”.

En nuestro artículos y comentarios siempre hemos comentado, positivamente, que desde el inicio del gobierno de Ortega el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) adoptó una agenda técnico-económica y una agenda política-institucional, a partir del reconocimiento que una economía de mercado requiere, para su eficacia y sostenibilidad a largo plazo, seguridad y previsibilidad jurídica que solamente la da un Estado de Derecho democrático.

Desde entonces, hemos visto algunos avances en términos de la agenda técnica-económica, pero la realidad ha venido cada vez con más fuerza contrariando la agenda política-institucional: al fraude masivo y documentado en las elecciones municipales de 2008, en que se unificó la oposición, siguieron las elecciones generales de 2011, en que también se unificó la oposición, cuyos resultados (mayoría calificada para el orteguismo), fueron “imposibles de verificar” según las misiones de observación electoral, hasta la cancelación de diputaciones y el impedimento para la participación electoral de la oposición, y todo sobre el trasfondo de un control total de la familia gobernante de todos los poderes del Estado y su correlato de inseguridad jurídica total.

Entonces, después de una década, cabe preguntarse al menos por la eficacia de la agenda empresarial, en materia política-institucional.

(Se autoriza y agradece su reproducción y circulación)

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Edición No. 430, 27 de octubre de 2017

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Chávez, CSE, CSJ, FAD, MUD, Nicaragua, OEA, Ortega, Venezuela

Lecciones recíprocas de Nicaragua y Venezuela

Son muchas las lecciones que nicaragüenses y venezolanos podemos extraer de las experiencias de cada país. Y me refiero al aprendizaje tanto de sus gobiernos autoritarios, como de la oposición y los ciudadanos.

Pero algunas de las principales lecciones van más en la dirección de lo que el gobierno de Maduro ha aprendido de Ortega, que al revés.

Mientras en Venezuela había recursos suficientes para distribuir, por los altos precios del petróleo que duraron más de una década, el régimen de Chávez, primero, y de Maduro después, celebraba elecciones (¡casi veinte!) en que los votos se contaban bien. Eso duró 16 años, hasta qué al calor de la crisis económica derivada del colapso de los precios petroleros, lo que se tradujo en hiperinflación y escasez de artículos básicos, el gobierno perdió apoyo y la oposición, unida, ganó abrumadoramente las elecciones legislativas de diciembre de 2015.

Hasta ahí llegó la democracia electoral. Desde entonces, Maduro buscó un ejemplo a seguir, y lo encontró en Ortega por partida triple.

Primero, violando la constitución y en base al control que tiene del Consejo Electoral Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, como aquí, desconoció los resultados de la elección legislativa que había perdido, despojando a la Asamblea Nacional de todas sus facultades.

Segundo, no volvió a realizar elecciones democráticas y ha manipulado el calendario electoral a su antojo. Como en Nicaragua.

Y tercero, reprimió con gran violencia las protestas ciudadanas. Como también ha ocurrido aquí.

Las recientes y lamentables contradicciones en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dónde se había aglutinado la oposición en Venezuela, también tiene olor a la experiencia nicaragüense. Los partidos políticos, en ausencia de elecciones democráticas creíbles, se enfrentan a una disyuntiva: participar, ya sea para medrar del poder, o en legítima búsqueda de espacios políticos para intentar revertir la correlación política; o abstenerse, cuando no son excluidos

como en el caso del Frente Amplio por la Democracia (FAD) en Nicaragua. Y esa disyuntiva divide, dispersa y fragmenta a la oposición. Sin elecciones democráticas, a los partidos políticos les ocurre lo mismo que a los peces cuando se quedan sin agua.

Pero no todo son semejanzas entre los casos dictatoriales de Nicaragua y Venezuela. Hay también diferencias sustanciales de las cuales aprender.

En la pérdida de apoyo del chavismo en Venezuela ha incidido no solamente la caída de los precios petroleros, sino también una desastrosa política económica. Ortega, en base a experiencia propia y ajena, no ha incurrido en mayores desatinos en cuanto a la política macroeconómica, y esto no solamente se traduce en control de la inflación y mantenimiento del crecimiento económico, sino también en sus bases de sustentación política.

Pero hay otra diferencia. Maduro ha aguantado un doble choque externo: la caída de precios del petróleo y crecientes sanciones internacionales. En ese aguante concurren tanto la magnitud y autonomía financiera que le da la potencia petrolera, como la geopolítica del petróleo. Esta geopolítica petrolera ha impedido que la OEA adopte sanciones, o el caso se vea en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero también ha atraído una gigantesca presencia financiera de China y Rusia, que tienen grandes concesiones en las reservas petroleras de Venezuela.

En Nicaragua, que no tiene la autonomía económica de Venezuela ni mucho menos, no hay presencia financiera de China, y la de Rusia es solamente militar y de inteligencia, para alarma de los países vecinos y alerta de los Estados Unidos, por razones propias y las preocupaciones que le trasmiten los vecinos de Nicaragua.

Si Ortega no aprende de esa diferencia entre Nicaragua y Venezuela, las lecciones de la experiencia solamente habrán sido para Maduro.