Edición No. 425, 16 de septiembre de 2017

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Ortega y Trump: instituciones formales e informales

Hace una semana se conoció la carta que el expresidente Obama, en una vieja tradición de los relevos presidenciales en Estados Unidos, dejó el pasado enero al presidente Trump, en ocasión del inicio de su mandato.

En una de sus partes, Obama recomienda a Trump:

“…somos ocupantes temporales de esta oficina. Ello nos convierte en guardianes de las instituciones democráticas y las tradiciones —como el Estado de derecho, la separación de poderes, la protección igualitaria y las libertades civiles— por las que nuestros antepasados lucharon y derramaron su sangre. Sin importar el estira y afloja de la política diaria, está en nosotros que esos instrumentos de la democracia se mantengan al menos tan sólidos como los encontramos”.

El carácter del presidente Trump ha sido caracterizado, por innumerables comentarios y análisis escritos y orales, como autoritario y con tendencia a la búsqueda de soluciones a diversos temas, de conformidad con sus propuestas electorales, pasando incluso sobre leyes e instituciones formales de la democracia estadounidense. Y una y otra vez hemos visto cómo, desde el sistema de justicia, o desde el Congreso, o desde agencias estatales con grados importantes de autonomía, se le han levantado barreras legales e institucionales.

Es, desde luego, con la imprevisibilidad y autoritarismo de Trump, arriesgado especular a largo plazo, pero por lo pronto hemos visto a las instituciones formales, como el sistema de justicia y el congreso, funcionar. Pero, y también tan importante como lo anterior, hemos visto funcionar a instituciones informales, como las organizaciones de la sociedad civil, iglesias y medios de comunicación, criticando a Trump por diversas razones, entre las últimas sus ambiguas declaraciones sobre los incidentes raciales en Virginia.

También hemos visto a otras instituciones informales, como gremios y corporaciones empresariales ejercer su autonomía, pese a la afinidad ideológica con Trump, oponiéndose a diversos temas, algunos migratorios y en especial el caso de los “dreamers” (soñadores). Representantes del sector empresarial y de las artes y cultura han renunciado a su membresía en Consejos para los cuales Trump les había nombrado, en protesta por diversas acciones o declaraciones del presidente, que agraviaban la “protección igualitaria y las libertades civiles”, de las cuales le advertía Obama.

Desde la amistad, una de las instituciones informales más importante en cualquier sociedad, hemos visto a partidarios de Trump que pública o privadamente le han advertido del riesgo, para el liderazgo de Estados Unidos en el mundo y la propia estabilidad y prosperidad de ese país, recomendarle por tanto apego a las leyes e instituciones.

Es bastante diferente hablar de Ortega y compararle con el caso mencionado, porque para empezar mientras de Trump podemos decir que hasta ahora sus impulsos y temperamento autoritario han sido limitados por las instituciones formales e informales de la sociedad estadounidense, en nuestro caso ni las instituciones formales  -sistema de justicia, asamblea nacional, contraloría, ejército, policía, alcaldías, etc-  ni las informales  -medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, gremios empresariales y sindicales- salvo pocas y dispersas instancias que ejercen su autonomía, han podido hacer algo para impedir, y en algunos casos incluso han contribuido, la consolidación autoritaria de Ortega.

En la dinámica entre instituciones formales e informales, estas últimas para su efectividad requieren de las instituciones formales las cuales, en una sociedad democrática, son sensibles a las voces y opiniones que proceden de las instituciones informales.

En Nicaragua las instituciones formales no escuchan las voces de la sociedad, porque fueron totalmente copadas por el autoritarismo de Ortega, y bueno recordarlo, por su pacto con Alemán. Y la represión legal e ilegal de los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, las amenazas fiscales y administrativas a empresas y ciudadanos, el control gubernamental de medios de comunicación salvo excepciones, los impedimentos a los derechos de manifestación, protesta y elección de los ciudadanos, forman parte de una modalidad de autoritarismo totalitario.

Pero, como hemos visto en otros países y en nuestra historia, desbordes de rebeldía ciudadana terminan haciendo lo que no pueden instituciones formales e informales, porque, como señalaba el nobel de literatura John Steinbeck “la represión puede retrasar el día de la caída de los tiranos, pero fortalece la inevitabilidad de ese día”.

 

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Edición No. 424, 9 de septiembre de 2017

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El problema no es técnico

La semana pasada la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), un centro de análisis técnico del sector privado, de la más alta reputación profesional, realizó presentaciones en las cuales evaluó la evolución reciente de la economía nicaragüense y sus proyecciones a largo plazo.

De los estudios de FUNIDES, muchas agencias internacionales y destacados expertos nacionales y extranjeros, se desprenden tres grandes conclusiones: primero, y aunque la economía ha venido creciendo en las últimas dos décadas a niveles respetables, con ese ritmo no se removerán sustancialmente los graves e insolentes problemas y déficits económicos y sociales; segundo, para crecer a mayor ritmo, se requiere incrementar de manera importante la productividad; tercero, no basta incrementar la productividad de lo que ya venimos produciendo, sino también diversificar la producción y exportaciones, como lo demuestra la experiencia de viejos y nuevos países desarrollados.

Para lo anterior, y dada la actual difusión del conocimiento técnico, muy superior al pasado, el desarrollo no requerirá agotar la vieja secuencia de primero desarrollo agrícola, y después industrialización y servicios. Es decir, en las condiciones técnicas actuales el desarrollo no solamente es posible para países como el nuestro, y por paradójico que luzca no es fundamentalmente un problema técnico.

 

En 1977 el ingreso por habitante de Nicaragua era dos tercios el de Costa Rica. Ahora difícilmente llega a un tercio de ese país, según una nueva metodología de los economistas que refleja mejor el poder de compra del dólar en cada país (PPP).  La razón fundamental para nuestro rezago ha sido política y no técnica: nosotros enfrentamos una revolución y guerra civil que nos atrasó dramáticamente.

A los niveles de crecimiento actuales de Costa Rica y Nicaragua, la brecha se mantendrá. Entre 1994 y 2016, un poco más de dos décadas, el ingreso por habitante de Costa Rica y Nicaragua creció al mismo ritmo: 2.5% por año. Esto significa que cada país duplicará su ingreso por habitante aproximadamente cada 30 años, de modo que para mediados de este siglo la diferencia de ingresos se mantendrá, y los nicaragüenses seguirán emigrando al sur.

FUNIDES y otras agencias dicen que para remover los graves problemas y déficits económicos y sociales de Nicaragua, debemos crecer al 8% y no al 4.5% de este año. Eso es posible desde el punto de vista técnico, aunque algunos, en una defensa poco disimulada del gobierno orteguista, lo nieguen o no lo vean fácil.

De crecer a ese nivel, la economía se duplicaría cada 10 años, y en tres décadas tendríamos un nivel de ingresos relativamente semejante al de Costa Rica, y si hacemos bien las cosas, con políticas públicas que respondan al interés general de la sociedad y no de grupos particulares, el nivel de vida de la población sería como el vecino del sur.

No es imposible crecer al 8%, si hacemos bien las cosas. Y aquí está la madre del cordero.  FUNIDES hace periódicamente una encuesta entre grandes empresarios y consumidores. Los empresarios han identificado como sus principales problemas, y en este orden, la corrupción, altas tarifas de electricidad, y la carencia de Estado de Derecho. Todos son problemas políticos y no técnicos, íntimamente entrelazados por la corrupción que es el denominador común, como lo han puesto de manifiesto los estados financieros de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) hechos públicos estos días, en que hay una inexplicable confusión de intereses. Esta confusión es también omitida por quienes dicen que no es fácil crecer más. Basta decir, como lo señalan muchos empresarios, que la tarifa eléctrica inhibe la inversión y cambio de productividad.

Algo semejante ocurre con los consumidores, quienes también identifican, entre otras, a la corrupción como causa de sus problemas.

La lucha contra la corrupción pasa por la lucha por la democracia. El caso de otros países, enjuiciando a los corruptos, no debe ser una excusa para nuestra corrupción, pues precisamente el enjuiciamiento de los corruptos y la publicidad de los casos, es prueba de que la democracia funciona en esos países.

El problema de crecer más y mejor, entonces, no es técnico, es político, por más que algunos, de buena fe por cierto, insistan en lo contrario.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edición No. 423, 26 de agosto de 2017

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Un tema para la política de consenso

En La Prensa de esta semana se han publicado varios reportajes señalando con detalles cómo las increíblemente altas tarifas de la electricidad, de lejos las mayores de Centroamérica, afectan negativamente a la competitividad de empresas grandes, medianas, pequeñas y pequeñísimas, tanto del sector industrial como del agropecuario, y dígase también del comercial y los servicios, incluyendo el turismo. Y desde luego, la generación de empleos e ingresos para la población.

En la misma semana, y también en La Prensa, se ha publicado cómo hay una relativa desaceleración en las importaciones tanto de bienes de capital como de consumo. Son dos caras de la misma moneda. Si tuviésemos menores tarifas de electricidad y las empresas fuesen más competitivas tendríamos mayores niveles de inversión y por tanto más importación de bienes de capital, mientras a la vez los consumidores, ahogados por las altas facturas de la energía eléctrica, tendrían más disponibilidad de recursos para consumir en otros rubros.

Bajo el secretismo informativo del gobierno, que nunca ha explicado de manera transparente y suficiente las razones para tan altas tarifas, todo conduce a que estamos, con daño para toda la economía y toda la población, ante un caso gigantesco de confusión de intereses entre la cúpula del gobierno, que maneja las decisiones gubernamentales, y sus intereses privados en la importación de petróleo, generación y distribución de energía.

Hace algunos años, cuando el monopolio de la distribución lo tenía Unión Fenosa, se explicaba que las altas tarifas dependían de tres factores interrelacionados: que la matriz energética era inmensamente dependiente del petróleo; que los precios del fósil estaban arriba de los 100 dólares por barril; y qué debido a la obsolescencia de las líneas de transmisión, en la distribución se perdía más del doble de la energía que el promedio de otros países.

Han pasado varios años. Ya no está Unión Fenosa, y la propietaria de Dissur y Dissnorte es una misteriosa empresa íntimamente vinculada a los intereses de la cúpula gobernante. Y ojo, cuando apareció esa misteriosa empresa a los nicaragüenses nos dijeron que la tarifa se mantendría para que la empresa del misterio pudiera tener ingresos para invertir en las líneas de trasmisión, y así reducir las pérdidas de energía.

Pues bien, ha cambiado la matriz energética, y ahora el 50% o más se genera con otras fuentes que no es el petróleo; el precio del mismo está a la mitad o menos, y el gobierno ha contratado un préstamos de varias decenas de millones de dólares para invertir en la renovación de las líneas de transmisión (lo que se supone haría la misteriosa empresa)…¡y la tarifa sigue igual!

Obviamente estamos ante un caso de interés nacional. En democracia, debería formar parte de la agenda del parlamento y del debate político. Como desde el punto de vista del gobierno la democracia ha sido sustituida por la “política de alianzas y consenso”, de la que Ortega y sus voceros hacen ostentación, el tema tan detalladamente reportado por La Prensa debería formar parte de la agenda de esa “política de alianza y consensos”. Eso, al menos, y así lo deberían reclamar los diferentes gremios que representan intereses empresariales en los diferentes sectores de la economía.

Edición No. 422, 19 de agosto de 2017

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Frente a más intolerancia, más democracia

Los ataques terroristas, por racismo en Charlottesville, Estados Unidos, hace una semana, y en Barcelona, España, hace dos días, por fundamentalismo religioso de naturaleza islámica, tienen en común la más absoluta intolerancia: en un caso frente a razas diferentes, y en el otro, frente a creencias religiosas que no son las propias. No es lo único que tienen en común, pero su denominador más amplio es la intolerancia absoluta.

Esa intolerancia ha conducido a los peores y mayores excesos. Solamente en el último siglo, de inicios del XX y lo que va de corrido el XXI, se cuentan varios genocidios, entre otros el de Hitler contra los judíos, y más recientemente los de Ruanda y Milosevic en la ex república de Yugoslavia.

Frente a los atentados de Charlottesville y Barcelona, la reacción ha tenido dos componentes: primero, el alegato por mayores medidas de seguridad, en especial de inteligencia y prevención, y segundo, que el incremento en las medidas de seguridad no sea a costa de la democracia y los derechos de los ciudadanos que la misma representa.

Se podría decir que la reacción de esas sociedades democráticas se resume en una suerte de sentencia: frente a más intolerancia, más democracia.

En el primer caso, con una generalizada crítica a la tibia y ambigua reacción del Presidente Trump frente a lo que había ocurrido en Charlottesville, y la sin duda acción del poder judicial para aplicar la ley al racista que embistió a una multitud. En el caso de Barcelona, como en otros atentados terroristas en Europa, tampoco se ha puesto en duda la democracia, salvo movimientos xenófobos afortunadamente derrotados en Holanda y Francia, y todo asegura que lo mismo ocurrirá en Alemania. Y a ninguno de los gobiernos se le ha ocurrido restringir el ejercicio de los derechos democráticos, a título de necesidad de una mano dura para combatir esas manifestaciones de intolerancia, derivadas en terrorismo.

En nuestra región, y el caso más visible es Venezuela, el camino ha sido inverso: frente a la demanda de mayor democracia de la sociedad, es el gobierno que ha reaccionado con mayor intolerancia.

Hace pocas semanas comentamos que mientras el chavismo con el viento de cola de los altos precios del petróleo ganaba elecciones, las respetaba (claro, como las iba a desconocer si las había ganado), pero desde que la oposición, al calor de la crisis económica y social provocada por políticas gubernamentales y caída de los precios del petróleo, ganó las elecciones legislativas de diciembre de 2015, procedió intolerantemente el gobierno a desconocer las facultades de la Asamblea Nacional y a reprimir la consiguiente ola de protestas. Hoy el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce precariamente estabilizado en el poder, pero no ha resuelto ninguna de las causas que hicieron a la oposición mayoritaria. Esa estabilidad es precaria, pues nace de un error fundamental: tratar de imponer la intolerancia.

Algo semejante ocurre a Nicaragua, en que Ortega no luce con la precariedad de Maduro en su estabilidad, pero comparte el denominador común de la intolerancia.

Ortega, quien ganó con un tercio del electorado en 2006, y desde entonces ha desconocido la mayor manifestación de tolerancia democrática que es respetar el voto de los ciudadanos, ha logrado sentar las bases de una estabilidad autoritaria, y para quienes tenemos la responsabilidad política de llamar a las cosas por su nombre, dictatorial. Su intolerancia es absoluta, abarca a todos los poderes del Estado, y se involucra hasta en los menores detalles: ningún funcionario puede opinar, ni decidir nada, desde una sentencia de rango constitucional hasta prestar el salón para un evento.

Pero Ortega, igual que el chavismo en Venezuela, ha logrado estabilizar su intolerancia autoritaria sobre la base de circunstancias económicas excepcionalmente favorables, entre ellas la cooperación de Venezuela.  Si estas circunstancias cambian, como lo están haciendo, qué duda cabe que habrá mayor demanda de democracia por la sociedad nicaragüense, y lo que corresponde es preguntarse si el contexto interno y externo de Nicaragua le permitirán aferrarse al poder, precariamente y con resultados catastróficos, como le ocurre a Maduro en Venezuela.