Edición No. 412, 20 de mayo 2017

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Observación electoral con exclusión

Dos hechos recientes subrayan, una vez más, las diferencias y semejanzas entre el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, y el de Daniel Ortega en Nicaragua.

Por un lado, se anuncia que la próxima semana llegará a Nicaragua una misión encabezada por el Jefe de Gabinete del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de dar seguimiento a los acuerdos que, como reacción de Ortega ante la Nica Act, se han suscrito entre su gobierno y la Secretaría General del organismo hemisférico.

A su vez, el Secretario General de la OEA ha acentuado su posición frente al régimen de Maduro recordando a los dirigentes de ese gobierno, incluidos los jefes militares, que en su despiadada represión estarían incurriendo en crímenes de lesa humanidad, con lo cual advierte de la posibilidad de ser llevados ante el Tribunal Penal Internacional, y terminar como Milosevic, el todopoderoso gobernante de Serbia que murió en cárceles holandesas. Y, a propósito de uno de nuestros recientes artículos, este desarrollo, que delitos contra su propio pueblo pueda ser objeto de sanciones internacionales, es uno de los desarrollos más interesantes del derecho internacional.

No cabe duda que el actual Secretario General de la OEA ha imprimido a los principios fundadores de la organización, y a su desarrollo posterior en la Carta Democrática Interamericana, una energía sin precedentes en el caso de Venezuela. Como tampoco quedan dudas que la situación de Venezuela presenta notables diferencias con Nicaragua.

Para empezar, en Venezuela hay una crisis económica de extremos humanitarios, y la oposición que se ha manifestado multitudinariamente, ha sido brutalmente reprimida con centenares de encarcelados y heridos, y casi medio centenar de muertos.

Pero, ¿hay más independencia de poderes en Venezuela que en Nicaragua? ¿Está el poder judicial menos subordinado? ¿Se cuentan en el país sudamericano mejor los votos que en Nicaragua, siendo que se desconocen las facultades de la Asamblea Nacional controlada por la oposición? No, en eso no hay diferencias.

También hay otra semejanza. Cuando el antecesor de Maduro, el Presidente Chávez, enfrentó el golpe de Estado en 2002, y pese a que había sido el único presidente que había objetado la Carta Democrática Interamericana en la Cumbre de Las Américas de Québec, el año anterior, la invocó por primera vez para enfrentar el riesgo. Igual Ortega, que tratando de parar la Nica Act, que es su riesgo mientras el pueblo no salga a la calle, ha recurrido al Secretario General de la OEA cuya destitución había pedido pocos meses antes.

Eso, obviamente no está mal, y la iniciativa de Ortega despertó expectativas de un cambio de rumbo. Hasta ahora los resultados más concretos del diálogo con la OEA han sido la observación electoral de las próximas elecciones municipales, y la queja por el Secretario General -como Ortega esperaba- que la reintroducción de la iniciativa de la ley Nica Act no ayudaba a sus esfuerzos.

Pero ocurre, como lo señala el titular de este artículo, que la OEA, si consigue los recursos, vendrá a observar unas elecciones con exclusión, pues la oposición integrada en el Frente Amplio por la Democracia (FAD) no tiene posibilidad de participar. Además, por causa de la exclusión en las elecciones generales de 2011, el 50% de la presidencia de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, serán controlados por el socio de Ortega, Alemán, que ayudó a perpetrar el fraude en las municipales de 2008.

Ni hay ningún movimiento que apunte a mayor independencia entre los poderes.

Ni que disminuya la corrupción pues la Contraloría es un llavero de la caja fuerte del régimen.

Y, encima, impedimento a los movimientos sociales para organizarse y manifestarse, uso de las fuerzas armadas y policiales para amedrentar e impedir el ejercicio de derechos políticos democráticos.

¿Acaso debemos esperar a una situación como la de Venezuela?

Elecciones sin exclusión, que no son las que se propone observar la OEA, puede impedir que Venezuela sea el espejo de nuestro futuro, con todas las consecuencias, incluyendo delitos de lesa humanidad, de los cuales ha advertido el Secretario General de la OEA.

Edición No. 411, 6 de mayo de 2017

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A confesión de parte….

El Presidente del Banco Central, en una reciente conferencia en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), señaló que pese a la abrupta caída de la cooperación venezolana la economía nicaragüense seguía creciendo a ritmo semejante al de los recientes años.

En efecto, la disminución de la cooperación petrolera venezolana, ha sido radical. De un promedio de casi 500 millones de dólares anuales se ha reducido a casi 100 millones. Es decir, ha disminuido a la quinta parte.

Como no está en duda ni la competencia profesional del Presidente del Banco Central, ni la certeza de las cifras, esa afirmación viene a confirmar lo que tantas veces se ha afirmado desde diferentes voces: la cooperación venezolana, pese a su magnitud pues en promedio ha duplicado durante varios años a los desembolsos de los organismos multilaterales de financiamiento (BID, BCIE, Banco Mundial, etc), no ha contribuido al desarrollo nacional pero si al enriquecimiento de un nuevo grupo vinculado al más alto nivel gubernamental.

Cualquiera entenderá que si el nivel de crecimiento económico se mantiene, pese a la caída de la cooperación venezolana, y a la vez no se han acelerado los otros motores del crecimiento económico, es porque esa cooperación no se utilizó para apuntalar el crecimiento del país. Así de sencillo.

Veamos qué ha ocurrido con los otros motores del crecimiento económico, de Nicaragua y cualquier otro país.

La productividad no ha cambiado.

El ritmo de crecimiento de la inversión, en especial la privada, se ha mantenido prácticamente igual.

Las exportaciones, cuyo crecimiento en el último año fue del 5.5%, no explicaría el nivel de crecimiento económico mientras la cooperación venezolana ha caído en un 80%.

El consumo, otro motor del crecimiento a corto plazo, se ha desacelerado ligeramente por la disminución de algunos de los programas sociales vinculados a esa cooperación venezolana, pero ha continuado creciendo aunque a menor ritmo, sobre todo porque las remesas han mantenido su crecimiento.

Que el consumo vinculado a la cooperación petrolera haya disminuido revela, a su vez, la poca sostenibilidad del mismo una vez que la fuente de financiamiento desaparece. Esto, aunque revela el impacto negativo de la disminución de esa cooperación, aclara también su uso ineficiente.

En alguna medida la cooperación venezolana fue utilizada con fines de inversión. Más allá de algunos casos muy visibles como el hotel Seminole (que en términos netos no significó incremento real de la inversión pues ya el hotel estaba construido), es el caso de la energía.

Hoy hay más capacidad energética por el uso de parte de esa cooperación venezolana, pero aquí también salta la madre del cordero: el conflicto de intereses entre el grupo económico gubernamental y el mantenimiento de la más alta tarifa eléctrica de Centroamérica, y que limita e impide cambios importantes en la productividad. Así, por ejemplo, las inversiones en riego y en refrigeración que se traducirían en cambios importantes de la productividad agropecuaria a corto plazo, son limitadas por el interés del grupo económico gubernamental en mantener altas tarifas eléctricas. Sin duda que el mantenimiento de altas tarifas eléctricas es, junto con la educación, uno de los mayores obstáculos estructurales al desarrollo de Nicaragua.

Desde luego que la crisis venezolana nos ha afectado negativamente, pero no tanto por el lado de la cooperación petrolera como por la disminución de las exportaciones agropecuarias (carne, frijoles, lácteos, etc) a ese país que en efecto sí “derramaban” beneficios en un sector más amplia de la población. Pero lo que es la cooperación petrolera, apropiada por unos pocos del más alto nivel gubernamental, casi nada ha servido al crecimiento económico de Nicaragua.

De lo afirmado en AMCHAM por el Presidente del Banco Central se puede decir qué a confesión de parte, relevo de pruebas.

Edición No. 410, 29 de abril de 2017

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Entre posibilidades y límites de lo comprometido

Dos hechos relevantes de la semana que termina, el retiro de Venezuela de la OEA (Organización de Estados Americanos) y la introducción de la Nica Act en el Senado de los Estados Unidos, vuelven a relacionar a Nicaragua y Venezuela.

El denominador común de ambos hechos es lo que podríamos llamar posibilidades y límites del derecho internacional.

En el último siglo, y fundamentalmente como consecuencia de los horrores de las dos guerras mundiales y la revolución en las comunicaciones, hay avances impresionantes en el derecho internacional y en la constitución de una arquitectura institucional que tutela esos avances. La más impresionante de las instituciones de esa arquitectura constituida por organizaciones multilaterales es las Naciones Unidas, de carácter mundial, y en nuestro ámbito regional, la OEA.

En el marco de esas instituciones y muchas más, se ha dado un impresionante avance en cuanto a la cobertura de temas del derecho internacional. De los temas iniciales de paz y seguridad, el progreso ha sido notable y ha cubierto temas de derechos humanos (incluyendo libertades civiles, género, infancia, discapacidad, democracia, minorías, indígenas, etc), hasta comercio, finanzas, medioambiente, derecho marítimo, y muchos más.

Pero ese impresionante avance en temas y organizaciones que se ocupan de los mismos en el derecho internacional, lo que indica la expansión de sus posibilidades, ha tenido la importante limitación de carecer, en general, de instrumentos coercitivos que aseguren el cumplimiento de los compromisos y normas.  Un buen ejemplo de esa limitación, como lo analizábamos la semana pasada a propósito del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el instrumento coercitivo por excelencia pues podría incluso autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir normas, compromisos, resoluciones y sentencias, es el derecho de veto que en el mismo tienen las grandes potencias, y que ilustra desbalances de poder pese a la igualdad jurídica entre los Estados.

La limitación coercitiva del derecho internacional ha sido relativamente compensada por la convicción en los compromisos que se suscriben, y por la interrelación que hay entre compromisos de diferente naturaleza y la reciprocidad de beneficios en cuanto a sus consecuencias.

La convicción conduce al cumplimiento voluntario de lo comprometido, y los beneficios recíprocos entre los compromisos refuerza esas convicciones. Es el caso, en general, de los innumerables compromisos en materia de comercio y finanzas, cada vez más vinculados a temas de derechos humanos, como los laborales, del medio ambiente y también a los políticos-democráticos, al menos en el hasta ahora conocido como Occidente. Es el caso del CAFTA y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Un cambio en las convicciones conducirá al abandono de los compromisos. Es el caso de Venezuela. Ese país durante décadas fue  adalid de la “Doctrina Betancourt” (por uno de sus presidentes), según la cual el compromiso con la democracia y los derechos humanos es superior al derecho de soberanía. De conformidad con la misma, un gobierno no puede violar con impunidad los derechos humanos, incluyendo los democráticos. Esa doctrina fue invocada por el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez cuando apoyó con armas a la revolución sandinista en contra de la dictadura de Somoza.

El dictador Nicolás Maduro tiene otras convicciones, y se aferra al poder a cualquier costo. Y frente al ofrecimiento de buenos oficios y gestiones diplomáticas por la OEA, pues la organización no tiene otro instrumento coercitivo, ha decidido abandonarla. La desafiante decisión de abandonar la OEA tendrá sin duda consecuencias económicas y comerciales, por la interrelación que hay entre compromisos políticos, económicos y comerciales. Ya lo vimos con la suspensión de Venezuela del MERCOSUR, bloque eminentemente económico pero con condicionalidad democrática.

La Nica Act forma parte de esas posibilidades y limitaciones del derecho internacional. No cabe duda que tendría consecuencias negativas para el crecimiento económico de Nicaragua. Pero la pregunta que debemos hacernos al respecto es si acaso son separables los compromisos políticos de los económicos y comerciales, que Nicaragua ha alcanzado en el ámbito internacional.  A nivel nacional, Ortega lo intenta, pero eso no es posible a nivel internacional ni en el ámbito multilateral ni el bilateral.

Edición No. 409, 22 de abril de 2017

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 En el espejo de Maduro

Guardando las diferencias de realidad socioeconómica y política, es un ejercicio analítico útil al tratar de escudriñar el futuro de Nicaragua, vernos en el espejo de Maduro.

Obviamente Ortega lo hace.

El detonante de este enfoque es la noticia de ayer en el sentido que el gobierno está organizando una contramarcha y otras actividades en Juigalpa, para hoy sábado, para contrarrestar e intentar impedir la marcha número 87 del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

Obviamente, el gobierno de Ortega está jugando al anticipo, para evitar verse confrontado al desafío de las calles que una vez más, esta semana, enfrentó el Presidente Maduro de Venezuela con la megamarcha opositora del miércoles 19 de abril.

La capacidad de calle de la oposición a Maduro no solamente se explica por la crisis económica total que enfrenta Venezuela. También se explica porque la oposición tuvo veinte ejercicios electorales relativamente creíbles desde el punto de vista democrático, y esa credibilidad mantuvo abiertas opciones de poder para los partidos de oposición, hasta que la convergencia de la crisis económica con el aplastante triunfo electoral en las elecciones legislativas de 2015 dio a la oposición el control del parlamento. Entonces Maduro se quitó la máscara democrática, y desconoció las facultades de la Asamblea Nacional, entre otras medidas represivas.

También en eso Ortega jugó al anticipo. Desde que regresó al poder, eliminó las posibilidades electorales de la oposición. Y también ha jugado al anticipo evitando las políticas económicas del “socialismo del siglo XXI”, que han conducido al desastre económico de Venezuela.

Pero no todo son diferencias entre Ortega y el caso de Venezuela. Ambos comparten ambiciones geopolíticas. La fragilidad de las ambiciones de Ortega las analizamos esta semana en La Prensa, con motivo del artículo que el Washington Post publicó hace pocos días destacando la presencia militar y de inteligencia de Rusia en Nicaragua. Pero Venezuela, con sus reservas petroleras y habiendo adquirido miles de millones de dólares en armamento ruso, ha podido evitar la presión internacional, y muy probablemente el único instrumento del derecho internacional con capacidad coercitiva, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sería bloqueado en cualquier intento, así solamente sea de una declaración, por el derecho de veto de potencias como Rusia.

Esa incapacidad de la comunidad internacional para evitar el rumbo caótico y confrontativo de Venezuela debería ilustrarnos a los nicaragüenses sobre el riesgo de las ambiciones geopolíticas de Ortega. Como también lo señaló Julian Assange, el famoso de los wikileaks, en una entrevista en CNN con Carmen Aristegui de esta semana, Estados Unidos y Rusia, aunque de dimensiones económicas muy diferentes, compiten en la industria armamentista. Y es sobre una base de confianza política de largo plazo que un país establece vínculos armamentistas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Es el caso de Venezuela con Rusia que, como indicamos, ha comprado miles de millones de dólares en armas a Rusia, y además tiene gigantescas reservas petroleras.

Nuestro caso como país es diferente. Y el artículo del Washington Post podría indicar que no solamente Ortega está jugando al anticipo. El proyecto de poder personal de Ortega combinado con sus coqueteos geopolíticos, puede terminar siendo catastrófico para Nicaragua, como lo han sido para Venezuela las políticas económicas del “socialismo del siglo XXI”.