Edición No. 434, 25 de noviembre de 2017

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Valor económico de la voz del pueblo

Para quienes la ciencia económica y la administración de empresas es solamente una cuestión de pesos y centavos, resulta difícil entender que todas las sociedades tienen activos, de carácter no financiero, que siendo movilizados pueden ayudar notablemente a que se alcancen grandes objetivos del desarrollo económico.

Recuerdo haber utilizado ese concepto cuando a inicios de los años 80, en que todavía prevalecía el gran consenso nacional que hizo posible el triunfo de la revolución sandinista, se lanzó la Cruzada Nacional de Alfabetización que movilizó a miles y miles de jóvenes, quienes en un gesto de gran desprendimiento, y pese a las enormes dificultades que enfrentaron, ayudaron a reducir en pocos meses la tasa de analfabetismo de aproximadamente el 50% de la población a casi el 10%. ¿Se imaginan lo que en términos presupuestarios, es decir pesos y centavos, costaría alcanzar esa meta, y el tiempo que tomaría?

Hechos de los últimos días, que han sido reportados en los escasísimos medios de comunicación que escapan al control gubernamental, y ante el silencio absoluto, total, de los medios oficialistas, revelan otras manifestaciones del valor económico de la voz del pueblo, como he titulado este artículo, o de la participación ciudadana, como se conoce en las ciencias sociales al activo no financiero que puede ayudar a alcanzar grandes metas del desarrollo.

Esos hechos son de la más diversa naturaleza y grado de incidencia. Uno de ellos, de hace una semana, fue el abusivo intento gubernamental de modificar la Ley de Régimen Vehicular con multas astronómicas, que hubiesen golpeado los bolsillos de muchos hogares. La reacción de insatisfacción popular no se hizo esperar, y a través de las redes sociales, y los escasísimos medios independientes, se trasladó al gobierno el costo político que pagaría, y éste retiró el proyecto de ley. Este es un ejemplo del valor económico de la libertad de expresión.

En la misma dirección, y de otra naturaleza, leí en la revista digital Confidencial, la iniciativa de una organización social llamada Milpa, convocando a un festival gastronómico, y que en base a la experiencia de países como el Perú, en que la gastronomía representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto (PIB), para difundir el valor gastronómico de la comida criolla, y también el emprendimiento de empresas y turismo, contribuyendo así a generar más empleos.  Otro valor económico de la participación popular.

Y a propósito de turismo y competitividad, mucho se habla de la importancia de la “marca país”, para atraer turistas e inversiones. Pues bien, el premio Reina Sofía de Poesía otorgado a  Claribel Alegría, y el premio Cervantes de Literatura concedido a Sergio Ramírez, han hecho muchísimo por la “marca país”, ante el silencio total del gobierno y su así llamada política de unidad nacional y consenso, que no reconoce el valor de la participación ciudadana (la que no controla o no autoriza) en la proyección exterior de la imagen positiva del país.

Lamentablemente, no todos los hechos son positivos.

Otros ejemplos del valor económico de la libertad de expresión, que es la forma más importante de participación ciudadana, han sido las voces de indignación, de seglares, religiosos y Organizaciones de la Sociedad Civil, en La Prensa, Confidencial, Radio Corporación y en las redes sociales, por la masacre de la comunidad de San Pablo 22, en el municipio de la Cruz del Río Grande, incluyendo un niño de 12 años y una adolescente de 16.

Todas esas voces de indignación han tenido un denominador común: un ejército, que valora su institucionalidad y profesionalismo, debe esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. De lo contrario, las fuerzas armadas estarían abonando en la dirección que el actual régimen autoritario tenga un final catastrófico, a través del enfrentamiento, que nos hará retroceder todo lo precariamente avanzado en términos económicos y sociales.

Si el gobierno fue capaz de, frente a la reacción ciudadana, retirar la ley de régimen vehicular por sus costos políticos, con mayor razón debe escuchar esas voces del pueblo que claman justicia frente a la masacre de la Cruz de Río Grande. Y si el gobierno no lo hace, el ejército debe hacerlo.

 

 

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Edición No. 433, 18 de noviembre de 2017

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CONSTRUYENDO ESPERANZA

En 2006, después de casi dos décadas de ausencia de la política nicaragüense, me correspondió suceder a Herty Lewites como candidato de la Alianza MRS a la presidencia de Nicaragua, después de su trágica e inesperada muerte.

El programa que se preparó para esa campaña puede resumirse así: Nicaragua, para su prosperidad con equidad,  necesita más y mejor Estado, y más y mejor mercado.

Hoy se celebra la Convención Nacional del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), bajo el título de este artículo, “Construyendo Esperanza”.

En el contexto de una Nicaragua que desde 2006 ha continuado creciendo, pero subsisten enormes déficits económicos y sociales, y ha derivado a un régimen autoritario, “dictaduras del siglo XXI” como se les suele llamar, y que además ha otorgado una concesión canalera con derechos de confiscación en todo el territorio nacional, cobra sentido la propuesta programática del MRS, que será discutida en su Convención Nacional, de impulsar “la construcción de una Nicaragua Linda, con oportunidades, progreso, solidaridad, democracia y soberanía”.

En su eje articulador de lo político, económico y social, la propuesta programática del MRS mantiene su fidelidad al principio que Nicaragua requiere, para su prosperidad con solidaridad en democracia, más y mejor Estado, y más y mejor mercado.

Cuando se piensa que la cobertura educativa no cubre a la totalidad de la población de primaria, y menos aún de secundaria, y que la calidad es de las más atrasadas del hemisferio, es obvio que necesitamos más y mejor Estado.

Cuando nos damos cuenta que para resolver temas de lo tuyo y lo mío, y la inseguridad jurídica a que expone el sistema solamente se resuelve regateando favores políticos, y hay impunidad frente a la corrupción, necesitamos más y mejor Estado.

Cuando los oficiales del ejército y la policía, y todos los funcionarios públicos, se dan cuenta que para ascender en el escalafón no bastan los méritos profesionales sino la lealtad partidaria y personal, y cada vez dependen más de remuneraciones extralegales para mantener su nivel de vida, necesitamos más y mejor Estado.

Cuando empresarios grandes y pequeños, y consumidores, nos damos cuenta que pagamos la tarifa más alta de electricidad de Centroamérica, por la colusión de intereses entre gobernantes y generadores, que son los mismos, nos damos cuenta que necesitamos más y mejor Estado, y más y mejor mercado.

Cuando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), está en crisis, por mala administración e insuficiente cobertura, y la creciente población envejecida de Nicaragua no tendrá ni pensión ni cobertura médica, obviamente que hace falta más y mejor Estado.

Cuando la cobertura crediticia, o bancarización como se llama técnicamente, no cubre a la inmensa mayoría de medianos, pequeños y microempresarios, hace falta más y mejor mercado.

Cuando el 15% de la población ha tenido que emigrar, para ayudar con sus remesas que representan casi el 10% del ingreso nacional para ayudar a sus familias, es necesario que haya más y mejor mercado que genere oportunidades para que los nicaragüenses no tengan que emigrar.

Cuando una parte muy importante de propiedades no pueden darse en garantías de crédito, ni son transables, por falta de títulos de propiedad, y de hecho están fuera del mercado, hace falta más y mejor Estado, y más y mejor mercado.

Son muchos más los temas que podríamos plantear para demostrar que necesitamos más y mejor Estado, y más y mejor mercado. La gran pregunta es si acaso esto es posible con el Orteguismo que justo ha hecho todo lo contrario, fomentando la corrupción, eliminando la seguridad jurídica, entendiéndose selectivamente con los empresarios, y acumulando tensiones para mayores conflictos. La respuesta es, desde luego, no.

En la Convención del MRS no se discutirá solamente la plataforma programática, sino también la estrategia para alcanzarla. Y aquí destaca la búsqueda del más amplio consenso nacional, que incluye desde luego al sandinismo en su concepto más amplio, para alcanzar esa Nicaragua “con oportunidades, progreso, solidaridad, democracia y soberanía”.

Esa estrategia hace todo el sentido del mundo: sin pretender que haya unanimidades, que solamente existen en el totalitarismo pero no en democracia, la convocatoria suma, no resta.  De esa Nicaragua que soñamos, somos responsables todos.

 

 

Edición No. 432, 11 de noviembre de 2017

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50 x 70

En unas elecciones en las cuales el Orteguismo ha controlado todo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) ha reconocido que votó aproximadamente el 50% de la población apta para votar. Esa es la primera premisa de nuestro análisis.

Segunda premisa: el Orteguismo, que es diferente al sandinismo, obtuvo casi el 70% de la votación. Y como ese porcentaje se distribuyó a nivel de todas las municipalidades, el Orteguismo ganó en casi el 90% de las alcaldías. Es decir, como en un sistema de partido único.

Tercera premisa: el Orteguismo moviliza siempre a casi todos sus votantes. Voluntariamente, por convicción política-ideológica, o por la fuerza, como ocurre con los empleados públicos o los beneficiarios de algún programa social.

Conclusión: si solamente participó el 50% de la población apta para votar, y el Orteguismo obtuvo el 70% de ese 50%, la conclusión es más que sencilla: 7 por 5, igual a 35. Esa es la votación que obtuvo el Orteguismo, el 35% del padrón electoral, la misma proporción, puntos más puntos menos, que le hizo, por obra y gracia del pacto con Alemán, volver al poder en las elecciones del 2006…si es que entonces ganó en primera vuelta, cuestión más que dudosa. Recordemos que el Consejo Supremo Electoral (CSE) nunca publicó el resultado del 8% de la población que entonces votó, y que era muy superior a la que votó en las elecciones municipales del domingo pasado. Más de 200,000 votos no contados.

Pero, hacia el futuro, no se pueden dejar de destacar algunos elementos básicos, que enumero a continuación.

Primero, la enorme abstención de las recientes elecciones municipales, que repita a la enorme abstención en las presidenciales de 2016, demuestra lo que el Informe Preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala de manera inequívoca en el marco de un lenguaje diplomático: la falta de confianza en el sistema electoral. Y eso que en dicho Informe no se señala de manera explícita, aunque se deduzca del contexto, otra de las causas de semejante abstención: la exclusión de importantes sectores de la oposición, que no fueron autorizados para participar en las elecciones.

La violencia postelectoral, que ha dejado un lamentable saldo de siete muertos y muchos más heridos, es consecuencia de esa ausencia de confianza en el sistema electoral, y del recurrente uso de la represión para eliminar las discrepancias y protestas.

Segundo, el CSE volvió a publicar las actas de cada Junta Receptora de Votos (JRV), como no se hacía desde que al Orteguismo lo arrasamos en las elecciones municipales de 2008, en que los opositores concurrimos unidos. Desde entonces Ortega no se arriesgó, y no solamente no publicó las actas de cada JRV, sino que utilizó la violencia para impedir la presencia de fiscales de la verdadera oposición y se robó urnas electorales, e hizo lo que quiso con las sumatorias de votos, como ocurrió en las elecciones de 2011 en que la oposición, unida en torno al candidato Fabio Gadea Mantilla, le planteó un formidable desafío. De esas elecciones, como señalaron las misiones de observación de la OEA y la Unión Europea, es imposible establecer sus verdaderos resultados.

Tercero, para las elecciones presidenciales de 2016, ni siquiera permitió la observación electoral internacional y nacional, y excluyó a toda la oposición. Era obvio que la observación electoral daría, como en 2011, un mínimo de confianza, y Ortega no quería correr el mismo riesgo que en las elecciones de 2011.

Cuarto, que el CSE haya permitido publicar las actas de cada JRV, es resultado de las circunstancias que obligaron a Ortega a permitir la observación de la OEA, pese a que antes había tildado de sinvergüenzas a los observadores electorales.

Quinto, las circunstancias que obligaron a Ortega a aceptar la observación electoral de la OEA, entre ellas la Nica Act, y la recomendación del mencionado Informe Preliminar para una reforma integral del sistema electoral que devuelva la confianza de los nicaragüenses en el mismo, abre una expectativa razonablemente positiva sobre la Misión de Cooperación que la OEA establecería para los próximos tres años, de conformidad con los acuerdos suscritos con la misma por el gobierno orteguista. Veremos, pero habrá que hacer todo lo posible para que así sea.

 

Edición No. 331, 4 de noviembre de 2017

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“La fiesta del chivo”

En la semana que termina fui invitado por el capítulo nicaragüense, del prestigioso Pen Club, a compartir comentarios con Marta Leonor González y Mónica Zalaquet, reconocidas autoras de literatura y libros de ciencias sociales, sobre la célebre novela del Premio Nobel latinoamericano, Mario Vargas Llosa, sobre el ajusticiamiento de Trujillo, dictador de larga duración en República Dominicana.

La novela se titula “La Fiesta del Chivo”, como se le apodaba al dictador quien utilizaba, en un desmedido culto a la personalidad, títulos como “Benefactor de la Patria”, “Padre de la Patria Nueva”, entre otros engolillados nombres.

Rafael Leónidas Trujillo gobernó tiránicamente a ese país caribeño entre 1930 y 1961, cuando fue ajusticiado, y su dictadura empezó a desaparecer lenta y convulsamente.

Para la preparación del evento, releí la novela histórica de Vargas Llosa, y como al mismo tiempo estoy preparando la reedición del libro que escribí sobre Pedro Joaquín Chamorro, que se presentará en enero próximo con motivo del cuarenta aniversario de su asesinato, no pude evitar las comparaciones entre las dictaduras de Trujillo y de Anastasio Somoza García, que se traslaparon durante 22 de los 31 años que estuvo Trujillo tiranizando a su pueblo, y el régimen actual de Ortega.

Hay, desde luego, circunstancias y modalidades que son diferentes, y no se trata que el régimen de Ortega sea una calcomanía de Somoza y Trujillo.

Me habían encargado, no siendo crítico literario, que me concentrara en el contexto histórico de la dictadura de Trujillo, que no era diferente al de Somoza: en plena Guerra Fría, nuestra región, en especial la cuenca del Gran Caribe, estaba plagada de dictaduras de origen militar con las cuales la política exterior de los Estados Unidos intercambiaba una política complaciente con sus regímenes despóticos, a cambio de mayor seguridad anticomunista.

Pero ya para entonces se planteó una tensión, casi tan intensa como ahora, entre el principio de no intervención y el compromiso democrático, que está en la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1948.

El contexto específico de la novela citada fueron las sanciones económicas que la OEA había adoptado en agosto de 1960 contra Trujillo, por el atentado que el dictador había organizado pocos meses antes contra el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien había sido elegido democráticamente después del derrocamiento del dictador Pérez Jiménez a inicios de 1958.

Desde entonces se planteó la tensión entre la Doctrina Estrada (por un Canciller mexicano de 1930), contra la intervención o calificación por gobiernos extranjeros del que cada país adoptaba, y la Doctrina Betancourt, que anclada en los principios fundacionales de la OEA, demandaba “no mantener relaciones diplomáticas ni comerciales con gobiernos no legitimados por el voto de los pueblos y de propugnar en la Organización de los Estados Americanos que los regímenes de usurpación sean excluidos de la comunidad jurídica regional”.

¿Suena familiar, y ciertamente irónico,  con la tensión que se ha planteado recientemente en la OEA, por el caso de Venezuela?

Entonces, en la época de Trujillo, Somoza y otras dictaduras, la ruptura de la normalidad democrática era fundamentalmente a través de golpes de estado de naturaleza militar. Las nueva modalidad de “golpes de estado”, ejemplarizadas por el gobierno peruano de Fujimori en la última década del siglo XX, es decir no hace mucho tiempo, son las de gobiernos originados en elecciones democráticas y que una vez instalados en el poder comienzan antidemocráticamente a manipular leyes e instituciones para consolidar regímenes autoritarios. Tal como nos está ocurriendo en Nicaragua.

Para lidiar con esas nuevas modalidades de “golpes de estado” que dan curso a regímenes autoritarios, una vez restablecida la democracia en Perú, este país tomó la iniciativa de la Carta Democrática Interamericana.

Mientras tanto, y en una evolución formidable de los derechos humanos, ya poco se discute la supranacionalidad de las normas democráticas, la cual ha sido incorporada incluso en tratados comerciales como los suscritos por nuestra región con los Estados Unidos y la Unión Europea.

Es en ese espejo en el cual corresponde ver a regímenes que proceden de nuevas modalidades de “golpes de estado”, como el de Venezuela y Nicaragua, que no están legitimados por elecciones creíblemente democráticas.