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Estamos a tiempo 

Estamos a tiempo de impedir otra transición catastrófica.

A principios del siglo XX, la economía nicaragüense era de las más prósperas y fuertes de Centroamérica. El afán continuista de Zelaya terminó en guerra civil e intervención extranjera de los Estados Unidos.

Lo mismo ocurrió después del largo período de estabilidad autoritaria de la dictadura y dinastía somocista. Poco antes del triunfo de la revolución sandinista, el ingreso por habitante de Nicaragua era casi semejante al de Costa Rica y Panamá. Hoy no llega a la quinta parte, y eso explica la migración de centenares de miles de nicaragüenses a esos países.

Toda estabilidad autoritaria termina en represión masiva, y es lo que ha ocurrido en Nicaragua con la masacre de abril.

Hasta ahora los casos de represión habían sido relativamente aislados. Pensar que se pueda recuperar la estabilidad autoritaria con solamente casos aislados de represión, después de la masiva represión de abril y que todo indica tiende a extenderse, es una ilusión, como era también ilusión que la estabilidad autoritaria del régimen de Ortega no iba a desembocar en una represión masiva y generalizada.

En septiembre de 2014, en este periódico, a propósito que la Agencia Crediticia Moody´s había mantenido la calificación crediticia de Nicaragua, que no era mala pero tampoco permitía el acceso a financiamiento internacional más barato, escribimos: “Todas estas reflexiones pueden parecer, por su tecnicismo, alejadas de la vida diaria de la inmensa mayoría de nicaragüenses. Pero no es así. El “riesgo país” significa más costos para producir lo mismo, y esos costos los pagamos todos cuando compramos, desde una libra de frijoles y un cuaderno hasta un tractor”.

Concluíamos: “Y que no se olvide: el principal factor del “riesgo país” es la arbitrariedad institucional del gobierno”.

¿Se imaginan en cuánto se elevará el “riesgo país” si no recuperamos, y pronto, la construcción democrática que el régimen de Ortega interrumpió y pervirtió?

Hasta ahora, el régimen de Ortega se está atrincherando en la represión y en evadir las causas profundas de lo que ha ocurrido. Como lo señalamos la semana pasada, un conjunto de agravios si se quiere de naturaleza micro, a diferentes sectores, se terminaron articulando en la macro demanda del fin del régimen.

La negativa, bajo el argumento que están en marcha procesos internos de investigación, a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), forma parte de ese atrincheramiento del régimen. La incredulidad ciudadana en esos procesos internos, como la investigación de la Fiscalía General y la Comisión de la Verdad de  la Asamblea Nacional, es total, como lo destacó el editorial de ayer de este periódico.

La Conferencia Episcopal y los organismos gremiales del sector privado, tienen puntos de vista coincidentes en cuanto a la naturaleza de las causas que nos han conducido a la trágica situación actual. En sus planteamientos, esas dos instancias son un espejo del amplio clamor de la sociedad nicaragüense, incluyendo amplios sectores del sandinismo excluidos en el proceso de privatización orteguista del FSLN.

Mientras el orteguismo no podrá volver a la estabilidad autoritaria perdida, el sandinismo en su sentido amplio tendrá que ser parte de cualquier solución estable a largo plazo, que solamente puede ser la democratización, también perdida.

 

 

 

 

 

 

 

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