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Borrar con los pies…

Como se reportó periodísticamente, en la semana que termina representantes del sector empresarial, y las firmas de cabildeo que han contratado, intensificaron sus gestiones en Washington para detener en el Senado de los Estados Unidos, una vez que fue aprobada en la Cámara de Representantes, la conocida como Nica Act.

Pero Ortega se encargó, como dice el popular refrán, de borrar con los pies lo que empresarios y firmas cabilderas intentaron hacer con las manos.

En efecto, mientras en Washington se intensificaba el cabildeo en contra de la Nica Act, por las consecuencias negativas que tendría en el financiamiento internacional y en el clima de inversión, a Washington y a la comunidad internacional llegaban las noticias de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela estaba replicando en las elecciones regionales del domingo pasado, lo que el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, desde que Ortega regresó al gobierno, ha aplicado en todas las elecciones: la técnica del “ratón loco”, es decir la reubicación de votantes a última hora en diferentes centros de votación para, de esta forma, impedirles votar dónde habitualmente lo hacen y así negarles el derecho al voto. Claro, eso lo hicieron en Venezuela con los opositores a Maduro, como aquí con los opositores a Ortega.

Incluso la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dónde se aglutina la oposición a Maduro, denunció que expertos electorales del orteguismo habían asesorado al CNE.

Y, en adición, Ortega se apresuró a felicitar, fervientemente, a Maduro por el “triunfo” en las elecciones.

Es el caso, como también se ha informado ampliamente, que en las motivaciones de la Nica Act no solamente ha incidido la ausencia de elecciones democráticas en Nicaragua, la falta de independencia entre los poderes del Estado, la persecución a las organizaciones de la sociedad civil, la corrupción, limitaciones a la libertad de expresión y otras manifestaciones del autoritarismo del régimen, sino también los coqueteos geopolíticos con Rusia y el férreo apoyo al régimen, cada vez más dictatorial, de Nicolás Maduro en Venezuela.

En ese país, desde el 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición ganó mayoría absoluta en las elecciones legislativas, se ha venido negando sistemáticamente a los venezolanos el derecho a elegir democráticamente: primero, se postergaron las elecciones regionales previstas para el año pasado, por la certeza del gobierno que las perdería; también se negó el derecho al referendo revocatorio del mandato de Maduro, lo cual está establecido en la constitución que aprobó Chávez; después se desconoció las facultades de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, y se procedió a elegir, en contra de la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente a la que se dieron todos los poderes. Y finalmente se realizó un gigantesco fraude en las elecciones regionales del domingo pasado, e incluso a las muy pocas gobernaturas que el gobierno concedió a la oposición se les está queriendo obligar a tomar posesión ante la Asamblea Nacional Constituyente, 100% controlada por Maduro.

En los Estados Unidos y todos los países no pasa desapercibido que lo descrito en el párrafo anterior es la copia venezolana de lo que Ortega ha venido haciendo en Nicaragua, desde hace una década. Recuérdese que la Nica Act fue la reacción a las decisiones totalitarias que Ortega tomó a mediados del año pasado, pretendiendo tener unas “elecciones” sin oposición, como de hecho está prácticamente ocurriendo en las próximas elecciones municipales.

Y obviamente, en la comunidad internacional, ha venido creciendo el temor que el contagio político de Ortega se traslade a los vecinos centroamericanos, subregión que tiene más población que Venezuela, con varios países en que el crimen organizado ha ganado espacios territoriales y políticos, igual que en Venezuela, y son países entre los cuales ha habido históricamente una gran intensidad de vasos comunicantes, demográficos, económicos y políticos.

Mientras es entendible la preocupación por las eventuales consecuencias de la Nica Act, es cada vez más evidente la responsabilidad nacional e internacional de Ortega por la misma.

 

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