Tags

, , , , , , ,

¿Con quién hablar para evitar la Nica Act?

Entre los expertos nacionales y extranjeros en política de los Estados Unidos, y muy familiarizados con los pasillos de Washington, léase el Congreso, Senado y Cámara de Representantes, y la Casa Blanca, se escucha que parte de la dificultad para detener la Nica Act es no tener un interlocutor en los Estados Unidos con quien sentarse y convencerle que esa ley haría daño a Nicaragua, y no solamente al gobierno de Ortega.

Esa búsqueda hasta ahora infructuosa de un interlocutor en Washington puede verse, de manera sencilla, en el siguiente hecho: en menos de un año, y hay que recordar que la primera versión de la Nica Act se aprobó en septiembre de 2016, tres firmas de cabilderos han sido contratadas. La primera, encabezada por el exlíder demócrata en la Cámara de Representantes, Richard A. Ghephardt, fue contratada por el gobierno, después de la farsa de las elecciones de noviembre pasado. A inicios de este año, un empresario nicaragüense y a la vez estadounidense, apareció contratando al ex Jefe de Asesores de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, principal impulsora de la ley. Y más recientemente se conoció que la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), había contratado a otra firma de cabildeo para, entre otras cosas que tienen que ver con el ambiente y la imagen de Nicaragua en Estados Unidos, influenciar en el curso legislativo de la mencionada ley.

Y hemos hablado del curso legislativo, o tramitación parlamentaria, porque el tema ni siquiera ha llegado al Ejecutivo de los Estados Unidos, el cual, por cierto, en general carece de definiciones en cuanto a su política exterior para América Latina, menos aún para Nicaragua, al extremo que casi finalizado el primer año del presidente Trump, aún sigue sin nombrarse a un Vicecanciller o Subsecretario de Estado Adjunto, para este continente.

Lo infructuoso de la búsqueda de un interlocutor en Washington se mantendrá indefinidamente, por la sencilla razón que el interlocutor se anda buscando dónde es imposible encontrarlo: el interlocutor está en Nicaragua.

Algunos consensos existen sobre el tema, pero desafortunadamente hasta ahora, el gobierno no forma parte de los mismos. El primer consenso, es que la Nica Act es la consecuencia de la consolidación del gobierno autoritario y con pretensiones dinásticas de Ortega, no del FSLN, cuyo derecho a existir y gobernar nadie cuestiona ni dentro ni fuera de Nicaragua. El segundo consenso es que esa ley tendría enormes consecuencias negativas para la economía en su conjunto, y no solamente para uno u otro sector. Y el tercer consenso es que la actual situación de estabilidad y crecimiento económico autoritario en algún momento tendrá un final, y hay que evitar que ese final sea catastrófico, como ocurrió con José Santos Zelaya y la familia Somoza.

Desde una perspectiva internacional, en América Latina se han tenido importantes cambios políticos sin catástrofes económicas y sociales, incluso en Ecuador, uno de los símbolos del así llamado “socialismo del siglo XXI”, y nadie quiere ni en Washington, ni aquí, ni entre nuestros vecinos centroamericanos, que tengamos una transición tan catastrófica como en Venezuela, país que durante más de una década se vio como factor de estabilidad regional, incluso en Washington, por su generosa política petrolera con varios países.

La primera reacción del gobierno cuando se aprobó la  versión inicial de la Nica Act, fue abrir un diálogo con la Secretaría General de la OEA. No pareciera que el primer resultado de ese diálogo, la observación del organismo hemisférico de las elecciones municipales del próximo mes, en las cuales subsiste el mismo patrón de irregularidades y exclusión política de organizaciones y ciudadanos, alterará el trámite parlamentario de la ley en el Congreso de los Estados Unidos, que esta semana precisamente fue aprobada en el pleno de la Cámara de Representantes y pasará al Senado.

En ese contexto, cobra total vigencia lo que la posición editorial de La Prensa sostuvo a raíz de la mencionada aprobación: la Nica Act, y otras consecuencias legales internacionales del régimen autoritario de Ortega, son una amenaza, pero también una oportunidad. Una oportunidad para cambiar el actual rumbo a la catástrofe.

Advertisements