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Anticipar la transición (3)

En el artículo anterior dibujábamos una serie de escenarios que pueden lucir exagerados, en especial desde la perspectiva de la actual sensación de estabilidad que vive Nicaragua.

Y es que, en efecto, la estabilidad autoritaria trasmite una  sensación muy fuerte de eficacia y seguridad, pero en el corto plazo. Basta vernos en nuestro pasado y en el espejo de Venezuela, que mientras tuvo altos precios del petróleo pudo mantener políticas distributivas que daban estabilidad y mayorías electorales, pero mientras tanto la concentración del poder y sus consecuencias institucionales acumulaban la tormenta. Cuando llegó el shock externo de la caída de los precios petroleros, la tormenta fue perfecta, conjugándose asfixia democrática, falta de autonomía de las fuerzas armadas, delincuencia generalizada, poder del narcotráfico y cambio en la correlación internacional.

¿Cómo transitar de una estabilidad autoritaria a una democrática, sin catástrofe y sin que aparezca una simple e ingenua apelación?

Para resolver esa interrogante es fundamental identificar la clave –actores, incentivos y circunstancias-  que permitan encontrar la transición deseable y posible.

Los actores somos todos. Si el objetivo se comparte, dejaremos de estar dando golpes hacia los lados y alinearemos todos los esfuerzos en dirección al mismo. Los esfuerzos deben ser contra los obstáculos, no contra quienes comparten  interés en el objetivo, pese a diferencias de opinión y de papeles.

A su vez, los incentivos están cambiando, de aquellos que estimulaban un creciente autoritarismo del gobierno de Ortega, a los que anticipan riesgos y contención de esa dirección.

La caída de la cooperación venezolana hace que asomen carencias e ineficiencias que dormitaban y ahora resultan visibles. Lo vemos en tarifas de servicios público, restricciones al gasto social y crisis como el Seguro Social (INSS).

En el contexto de ineficiencias y carencias que se tornan visibles, el abuso de poder, la corrupción y la confusión de intereses públicos-privados (por ejemplo, el pago de las deudas a CARUNA, dónde se canalizó parte sustancial de la cooperación venezolana, restringe la disponibilidad de recursos para otros fines), resulta cada vez más sentida.

El fin de los megaproyectos, en medio de carencias sin ilusión, deja desnuda la ausencia de una estrategia factible de desarrollo. Salvo la expansión relativa de la capacidad de energía eléctrica y red de carreteras, después de diez años de gobierno autoritario los otros obstáculos estructurales al crecimiento y la equidad -educación, productividad, puertos, etc- se mantienen.

En ese contexto, la Nica Act y otras consecuencias de los coqueteos geopolíticos del gobierno, como el reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur, arriesgan un shock externo de enormes consecuencias negativas sobre la economía y confianza en la misma.

La reacción del gobierno ante la primera aprobación de la Nica Act el año pasado, fue invitar a la Secretaría General OEA a un diálogo que ha derivado en algunos compromisos. En cuanto al compromiso inmediato, las elecciones municipales de noviembre que serán observadas por la OEA, revirtiéndose parcialmente la decisión autoritaria de impedir observación de las elecciones, subsisten fallas fundamentales del sistema electoral y, aún más significativo, se mantiene el patrón de exclusión política de una parte sustancial de la oposición.

Es difícil imaginar que la Secretaría General de la OEA ignore las deficiencias sistémicas y la exclusión política de las elecciones municipales que observará en noviembre. Por tanto, se espera que el Informe de las mismas recoja esas deficiencias sistémicas, como lo hizo el Informe de las elecciones generales de 2011. Y que sean esas deficiencias -que nos han impedido tener elecciones democráticas desde que Ortega regresó al poder en 2007- las que se intente solventar en la Misión de Cooperación que como producto de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Secretaría de la OEA, se establecerá hasta la víspera, prácticamente, de las elecciones generales de 2021.

Esa es la circunstancia, elecciones genuinamente democráticas en 2021, que no borrará las ilegalidades y fraudes anteriores, y que no ahorrará para lograrlas lucha de todos los actores con capacidad de incidencia, pero que nos puede evitar una transición catastrófica del autoritarismo a la democracia.

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