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El pulso

Viaje al revés en la historia

La imagen de la Infanta Cristina de Borbón, hermana del actual Rey de España e hija del anterior, Juan Carlos, compareciendo como inculpada y respondiendo al interrogatorio de un tribunal de justicia, más allá del interés periodístico y noticioso, subraya el hecho que en el caso de la Monarquía Constitucional y Parlamentaria de España, nadie está por encima de la ley. El Rey Juan Carlos, como se recordará, fue impuesto por el dictador Francisco Franco como su sucesor, y de manera no tan sorprendente históricamente por la evolución del entorno europeo, ayudó de manera decisiva a la transición democrática en su país.

Esa, precisamente, es parte esencial de la democracia: la igualdad ante la ley, lo cual solamente es posible con un Estado de Derecho que además de asegurar la independencia entre los poderes del Estado, y precisamente por eso, garantiza la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

El predominio de la ley por encima de la voluntad de cualquier gobernante, en particular del absolutismo de los reyes, está en los orígenes de la democracia, fundamentalmente en Inglaterra, que hace varios siglos empezó los esfuerzos por limitar, hasta subordinar bajo el imperio de la ley, la voluntad de los monarcas.

Como se sabe, esa compleja evolución de los regímenes en el conocido como mundo occidental, desembocó en dos formas básicas de organización constitucional de los sistemas políticos de la democracia: el presidencialismo y el parlamentarismo, gran parte de este último bajo la forma de monarquías constitucionales, como el caso que comentamos.

Más reciente fue la aparición de regímenes políticos mixtos, en general conocidos como semipresidenciales, siendo el caso más emblemático el francés, aunque no el único. En estos sistemas políticos hay una mezcla, en dosis diferentes, entre presidencialismo y parlamentarismo.

Lo escrito hasta ahora pareciera una simple reflexión académica a partir de la noticia proveniente de España, de no ser porque Daniel Ortega, mientras estuvo en la oposición después de su derrota electoral en 1990, y muchos nicaragüenses lo recordarán, abogó apasionadamente porque en Nicaragua se instaurara un régimen semipresidencialista.

Con su alegato a favor del semipresidencialismo, Ortega desde la oposición buscaba, y por cierto con pleno derecho democrático, que su poder electoral que era el de una minoría, fuerte pero minoría, tuviese incidencia en la conducción gubernamental del país.

En el contexto de la fuerte polarización entre sandinismo y antisandinismo que todavía existía, recuerdo que incluso hubo voces desde el antisandinismo que abogaron por la propuesta de Ortega, con el argumento que así ejercería, desde la ley, el poder que hasta entonces ejercía desde la calle, con tranques, disturbios y asonadas.

Pues bien, cuando Ortega volvió al gobierno, aprovechando la fisura que su pacto con Alemán provocó en el bloque electoral antisandinista, se olvidó totalmente de su propuesta de régimen semipresidencial y ha instaurado una monarquía laica, para contraponerla al supuesto origen divino con el cual hace muchos siglos se legitimaba el régimen monárquico. Con una significativa diferencia en relación al caso español y de otros países: es monarquía absoluta, en que el Monarca, y quién él disponga, están por encima de la ley, al extremo que a la oposición no se le reconoce los derechos que él demandó y obtuvo cuando era oposición, ni siquiera el derecho a que los votos se cuenten bien.

Como se ve, hemos hecho un viaje al revés en la historia, y de varios siglos.

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