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Mundo

Clase política y economía de mercado

Las turbulencias de Venezuela han conducido a la pregunta sobre el futuro de la cooperación petrolera que ese país tiene con muchos países. Más específicamente, los periodistas y analistas se han preguntado sobre las consecuencias que la eventual interrupción del suministro petrolero venezolano, generosamente financiado, tendría para países como Nicaragua y Cuba que forman parte del proyecto político-ideológico del fallecido Presidente Chávez, conocido como Alba (Alianza Bolivariana de los Pueblos de América).

En el caso de Nicaragua, el denominador común de las opiniones que se han vertido ha sido que dado el hecho que el gobierno de Ortega ha seguido al pie de la letra las políticas macroeconómicas de los “neoliberales” gobiernos anteriores, bajo estrecha supervisión del FMI, alguna consecuencia tendría, ajustes en la política económica serían necesarios, pero nadie prevé una situación dramática. La explicación es relativamente sencilla: como la mayor parte del generoso financiamiento venezolano de la mitad de la factura petrolera se ha manejado como caja chica del círculo de gobierno, y no ha formado parte del presupuesto, alguna presión sobre la balanza de pagos habría al tener que pagar el 100% de la factura, pero quien fundamentalmente se quedaría sin recursos son algunos de los negocios privados y programas que el círculo gobernante maneja en el marco del culto personal-partidario a Ortega. Claro, si tratan de meter esos programas en el presupuesto, tensiones importantes habrán, como las que ha puesto el “bono solidario”, bien merecido reajuste salarial de los empleados públicos que menos ganan, que siempre debería haber formado parte del presupuesto.     

En el sentido de desdramatizar la eventual interrupción del financiamiento petrolero venezolano, se ha expresado reiterada y correctamente José Adán Aguerri, Presidente del COSEP. Sin embargo, en una entrevista en CNN en español, de amplísima audiencia, José Adán dijo algo difícil de digerir. Interrogado sobre la situación de Venezuela y las eventuales consecuencias en Nicaragua, dijo que los problemas de Venezuela provenían de la intervención de la clase política en el mercado. Y agregó, casi textualmente, que afortunadamente en Nicaragua esa intervención de la clase política en el mercado no se está dando.

Cierto. Como Ortega aprendió algunas de las lecciones de los 80, en Nicaragua, a diferencia de Venezuela, no hay control de cambios, ni despilfarro de las reservas internacionales, ni intervención generalizada en el funcionamiento de las empresas. Pero de ahí a dar a entender, como si políticamente Ortega no fuese tan autoritario como Maduro, que cuando bajo el modelo de gobierno corporativista de “diálogo y consenso” los dirigentes del sector privado al conversar y negociar con Ortega o sus asesores, no buscan atemperar la intervención de la clase política en la economía de mercado, o amortiguar los frecuentes conflictos de intereses entre gobernantes que a la vez son empresarios que juegan con los dados cargados, es perder la temperancia y balance analítico que caracteriza al Presidente del COSEP.

Casi en los mismos días, el ex Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quién inició el círculo virtuoso de crecimiento económico de su país, hablando del caso relativamente semejante de confusión entre Estado e intereses empresariales en Brasil, dijo; “Yo siempre dije que lo que importa es que haya reglas de mercado, no negocios. Negocios no es algo que el gobierno tenga que hacer”. Menos, desde luego, quienes están a cargo del gobierno, como ocurre en Nicaragua.

Venezuela: negociación o negociación

La convulsa situación de Venezuela siguió siendo la noticia internacional más importante, al menos de nuestro entorno geopolítico inmediato.

Por más que el Presidente Maduro rechace todos los llamamientos al diálogo y negociación, o solamente intente un diálogo limitado que no pone en agenda las demandas políticas de la oposición, lo cierto es que la situación de ese país solamente tiene una salida negociada.

Por otra parte, las noticias y análisis dan cuenta de una división en cuanto a la estrategia a seguir entre los dos principales líderes de la oposición al chavismo: Henrique Capriles y Leopoldo López. De conformidad con esos análisis Capriles estaría por una salida electoral y acumular fuerzas para una contienda electoral, mientras López apostaría por el derrocamiento del régimen de Maduro. De mis conversaciones con López creo que esta división de enfoques estratégicos ha sido exagerada. Las protestas callejeras, desde su inicio en el Estado de Táchira y su continuación en Caracas y otras ciudades, no ha sido resultado de una conspiración. Que López y otros dirigentes se hayan unido a las mismas, en un ejercicio de liderazgo, ni prueba la conspiración, ni necesariamente significa una división insalvable entre López y Capriles.

Si la negociación para salir de la crisis es la única opción, un punto de encuentro entre el chavismo y la oposición, y entre los líderes de la oposición, sería la convocatoria a una Asamblea Constituyente que, según López, es una salida establecida en la Constitución de Venezuela. Con la firma de un porcentaje relativamente bajo del padrón electoral, esa Asamblea podría ser convocada.

En otra ocasión comenté que el referendo revocatorio no es una opción ni viable, ni deseable. En primer lugar, hay que esperar hasta la mitad del período de Maduro, es decir, 2016. La crisis no aguanta para tanto tiempo. En segundo lugar, en un referendo revocatorio una parte gana todo y la otra pierde todo, de modo que la división polarizada del país, por mitades, continuaría. En una Asamblea Constituyente, en cambio, todos ganarían y perderían algo. El compromiso sería inevitable, toda vez que tanto el chavismo como la oposición son relativamente plurales, y las múltiples alianzas posibles harán inevitable la negociación y el compromiso.

Una Asamblea Constituyente deberá conducir a una redefinición del actual modelo de Estado que de cuenta, como mínimo, de dos extremos actuales: la inclusión social que ha propiciado el chavismo, y las demandas de Estado de Derecho Democrático que enarbola la oposición. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dónde se aglutina la oposición, no tiene obstáculo en acoger las reivindicaciones de los sectores populares. De hecho, las dos corrientes fundacionales de la oposición al chavismo, la socialdemócrata y la socialcristiana tienen a la justicia social en su eje ideológico, aunque sus gobiernos previos al chavismo favorecieron en la práctica una desigual distribución de la renta nacional. El chavismo, en cambio, que ha favorecido la inclusión social y, a la vez, la creación de nuevas élites económicas -como en Nicaragua, por cierto- pero bajo un modelo insostenible económicamente, tiene más dificultades en aceptar las demandas democráticas de la oposición. Así que en Venezuela, sin otra salida que no sea la negociación, Maduro tiene la palabra.

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