Tags

, , , , , , , , , , , ,

Mundo

Hecho extremadamente grave

Que sin ninguna explicación en cuanto a los motivos se haya pasado a retiro al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, General Oscar Balladares Cardoza, es un hecho extremadamente grave.

La gravedad del caso radica, mientras no haya una explicación que lo justifique de conformidad con el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, en que se ha roto la cadena de mandos y la sucesión natural en la máxima Jefatura de nuestro ejército.

Es cierto, como lo dijo en una entrevista de televisión el Inspector General del Ejército, General Adolfo Zepeda, que de conformidad con el mencionado Código, pasar a retiro a cualquier oficial está dentro de las facultades del Comandante en Jefe del Ejército, General Julio César Avilés, pero para tal hecho el mismo Código señala causales específicas, y ninguna de esas causales ha sido mencionada en las comunicaciones oficiales.

Mientras no haya una explicación de conformidad con lo establecido en el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, es consecuente asumir que ha llegado al Ejército el inicio del proceso de socavamiento de su institucionalidad, tal como Ortega lo ha venido haciendo en todo el Estado.

Una de las esencias de nuestra transición de la guerra civil de los años 80 a la paz, en el marco más amplio de la construcción de una institucionalidad y una cultura política democrática, fue la conversión de un ejército partidario, el Ejército Popular Sandinista, en Ejército Nacional, al cual todos los nicaragüenses, independientemente de filiaciones políticas o partidarias, hemos visto con respeto y orgullo.

Esta semana publiqué en La Prensa un artículo sobre el ejército, el cual reproduzco a continuación para quienes escuchan y leen este programa, porque ayuda a evaluar la profundidad del precipicio al cual Ortega está arrastrando a Nicaragua.

Conversación sobre el ejército[1]

A finales de 1999 coincidí en un vuelo de Washington a Miami, con Luigi R. Einaudi. Él viajaba a Tegucigalpa, y yo a Managua.

Einaudi, retirado entonces del Departamento de Estado dónde había ocupado importantes posiciones, y quien al siguiente año sería elegido Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), venía a Centroamérica como Representante Especial del Secretario General de esa organización, el ex Presidente de Colombia César Gaviria. Su misión: reducir las tensiones políticas y militares entre Honduras y Nicaragua, que habían escalado peligrosamente por la ratificación del Tratado López-Ramírez de delimitación marítima entre Honduras y Colombia. El escalamiento de tensiones fue tal que los ejércitos de ambos países tomaron posiciones muy cercanas a la frontera. La gestión de Einaudi fue exitosa y los dos países aceptaron esperar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El asunto fue, desde luego, objeto de nuestra conversación, la que rápidamente derivó, por parte de Einaudi, a un tema que era entonces común en los debates sobre Nicaragua y se mantenía como preocupación del gobierno norteamericano: que el Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar de Nicaragua, que se había adoptado después de complejas y difíciles negociaciones durante el gobierno de Violeta Chamorro, no se correspondía con el “ideal” democrático de subordinación plena del poder militar al civil.

Se refería Einaudi a la ley 181, aprobada el 23 de agosto de 1994 en uno de los puntos culminantes de nuestra transición a la democracia, y de la capacidad de negociación que entonces mostraron los principales dirigentes de nuestro país. Esa ley, y esta era la preocupación de Einaudi y del gobierno norteamericano, y también del liderazgo antisandinista de entonces, en gran parte sustrae del poder civil al proceso de organización y funcionamiento interno del Ejército, incluyendo la sucesión en la cadena de mandos, las cuales están regidas por criterios eminentemente profesionales, sin contaminación partidista y menos de intereses políticos personales. Y, si se quiere, hasta tiene el elemento corporativista que dota al Ejército de su propio Instituto de Previsión Social y de empresas que lo alimentan.

      —Mira Luigi, comenté frente a sus preocupaciones, esa ley quizá no pase un examen de postgrado de organización democrática, pero es lo mejor que nos puede haber ocurrido en nuestro proceso de construcción democrática. Te imaginás, le pregunté, que Alemán, Presidente entonces, en sus desmanes caudillescos, se pueda entrometer en la organización, funcionamiento y sucesión de mandos del ejército? Muy pronto, le dije, volveríamos a tener guardias personales, familiares, pretorianas. Y recuerdo haberle explicado que parte de nuestro proceso de construcción democrática era que habíamos desprivatizado el monopolio de la fuerza que, por primera vez en nuestra historia, había pasado a ser monopolio del Estado a través de la ley. Antes, le explicaba, tuvimos ejército sandinista, de un partido, guardia somocista, de una familia, y ejércitos de facciones partidarias, liberales o conservadoras.  

Esa ley, le expliqué, ha amparado un notable proceso de institucionalización y profesionalización de nuestras fuerzas armadas y, consecuentemente de su prestigio y respeto. Para entonces pude mencionarle que esa institucionalización había implicado la sucesión en la Jefatura del Ejército de Humberto Ortega, su principal fundador, a Joaquín Cuadra, otro de sus fundadores. Y ahora podría mencionarle que los sucesivos relevos en esa Jefatura militar de Javier Carrión, Omar Halleslevens y Julio César Avilés, han ocurrido sin ningún trauma.

Recuerdo que Einaudi, después de meditar, me dijo que ése era un ángulo del problema que no había visto antes. Y agregó algo así como que lo tendría que comunicar. ¿A quiénes?, no lo dijo, aunque sea fácil imaginarlo, pero si lo escribo es porque no temo ser desmentido.

Todo ese proceso de institucionalización del ejército, que hace 14 años exactos tuve la oportunidad de argumentar y defender, está en riesgo con la propuesta de reformas a la ley 181 que Ortega ha enviado a la Asamblea Nacional, al calor de las reformas constitucionales que ya fueron aprobadas en primera legislatura. 

Si entonces temí que los desmanes caudillescos de Alemán pudieran contagiar de partidarismo político a un ejemplar proceso de institucionalización de nuestras fuerzas armadas, entiéndase la indignación que siento cuando por los desmanes caudillescos y antidemocráticos de Ortega, se trata de arrastrar a una de nuestras más importantes instituciones a la vieja confusión familia-partido-ejército.


[1] Este artículo fue publicado en La Prensa el miércoles 18 de diciembre de 2013.

Advertisements