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El pulso

“Saber que se puede, querer que se pueda”

(Color Esperanza, Diego Torres)

23 de noviembre de 2013

(Edición No. 273)

Ortega contra Nicaragua

 

Ortega contra Nicaragua. Ese es el verdadero balance del apresurado y restringido proceso de “consulta” que la Comisión Especial de la Asamblea Nacional está llevando a cabo sobre la propuesta orteguista de reformas a la Constitución Política de Nicaragua.

 

En efecto, ninguno de los sectores convocados a la consulta, que no sean funcionarios del Estado y de organizaciones orteguistas, ha respaldado la propuesta de reformas.

 

Es encomiable la posición adoptada por instituciones y organizaciones como la Conferencia Episcopal, la Alianza Evangélica Nicaragüense, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), entre tantas otras que, consultadas o no, se han pronunciado ofreciendo reflexiones desde una perspectiva de ciudadanos o de pastores, y no de intereses particulares. Solamente mencionamos esas instituciones y organizaciones porque a ellas, que no pueden ser calificadas de sesgo partidario o político, debe el gobierno prestar mayor atención, aunque en democracia un gobierno presta atención a todas las voces, incluyendo las de la oposición política, pero no es este, lamentablemente, el caso de Nicaragua.  

 

Pero el gobierno debiera, también, interrogarse sobre lo que en la intimidad de la familia o la amistad, piensan y conversan muchos de los funcionarios, incluyendo militares y policías, que, consultados en público, han respaldado la propuesta de reformas. Se encontrará que muchos de ellos, en esa intimidad, oscilan entre la duda sobre su conveniencia y el rechazo a las mismas.

 

Pero independientemente del destino de esas reformas, que en esencia son un intento de legalización del régimen autoritario y cuasitotalitario de Ortega, el otro gran balance de la consulta sobre la propuesta de reformas es que se han expresado ideas y posiciones que deben ser consideradas no solamente por el gobierno, sino también por la oposición política al mismo. Porque pensar en términos de país, es decir de todos, es deber de todos.

 

El piso de la democracia

 

Consideración especial merece que el COSEP haya levantado el tema del sistema electoral. Como todos sabemos, y el gobierno es el que más lo conoce pues es quién ha instrumentalizado los fraudes electorales, nos hemos quedado sin un sistema electoral confiable, creíble, y eso, a mediano o largo plazo, arriesga que más y más nicaragüenses busquen, por otros medios, los cambios que el sistema electoral les niega.

 

“Elecciones libres y confiables son el piso de la democracia”, dijo en público y dirigiéndose a mí el ex Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, quien tanto había ayudado al triunfo de la revolución sandinista y ya, para entonces, estaba desencantado de ella. Era finales de abril de 1983 y yo asistía, siendo ministro del gobierno sandinista, al Primer Encuentro en la Democracia, en Madrid, al cual había convocado el recién estrenado gobierno de Felipe González.

 

En efecto, las elecciones son el mecanismo esencial de la democracia para que el pueblo en su conjunto exprese su opinión sobre el rumbo del país. Sin elecciones libres el recurso a la violencia, más tarde o más temprano, es inevitable. Y la inocultable intención de Ortega de permanecer indefinidamente en el poder, como lo han señalado algunos de los pronunciamientos sobre la propuesta de reformas constitucionales, implica que se mantenga el fraudulento sistema electoral. De ahí la importancia y valor de la posición, sobre el tema, del COSEP.

 

Carlos Tunnermann Bernheim, en un artículo publicado en La Prensa del viernes 22 de noviembre, hace un breve pero impactante relato del nefasto papel que las reelecciones presidenciales han tenido en nuestra historia. Y lo que se propone ahora es bastante peor: la reelección indefinida.

 

El Presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) agregó, a su enorme descrédito personal y político, la osadía de llegar a desinformar a la Comisión de la Asamblea Nacional dictaminadora de la propuesta de reformas sobre el tema de la reelección. A sabiendas que lo propuesto es la reelección indefinida, dijo que reelección había en 16 países de América Latina, deliberadamente ocultando que indefinida solamente existe en Venezuela. Y miren como está ese país.          

   

De modo que, y siempre en el balance de lo que está ocurriendo con la propuesta de reformas constitucionales, anotemos que se ha reabierto el debate sobre nuestro sistema electoral que, igual que su Presidente, está en el mayor descrédito.

 

Tumarín, Tumarín

 

El proyecto hidroeléctrico Tumarín vuelve a ser noticia, y no, lamentablemente, porque se haya iniciado su construcción, como una y otra vez lo ha venido anunciando el gobierno.

 

Productores de la zona llegaron hasta Managua para protestar porque siguen sin ser indemnizados por las tierras que supuestamente serán inundadas por la represa. Y decimos supuestamente, porque otra vez ha vuelto a circular la información que el mencionado proyecto ha sido cancelado o pospuesto indefinidamente.

 

Desde estas páginas, en más de una ocasión, hemos puesto en duda la viabilidad de ese proyecto tal como ha sido planteado por el gobierno. Sobre la necesidad del proyecto, y su factibilidad técnica, no cabe ninguna duda, pero el gobierno sigue sin explicar la razón por la cual el mismo no se inicia si es tan necesario y tan técnicamente factible. Probablemente la razón no sea revelable, como tantas otras cosas que con este gobierno permanecen ocultas siendo de interés público. Y eso que “el pueblo es Presidente”, como reza la propaganda oficial.

 

Fallo de la CIJ era previsto 

 

El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acogiendo la solicitud de Costa Rica de medidas cautelares o provisionales en la zona de Harbour Head o Isla Portillos, en la desembocadura del Río San Juan, era previsible. La razón de esa previsibilidad es que los litigantes por Nicaragua ante la Corte habían aceptado que el delegado presidencial en esa zona, sin autorización del gobierno, había estado realizando algunas obras que contravenían las medidas cautelares que ese tribunal había dictado en marzo de 2011. Si el gobierno hubiera despedido al mencionado delegado, por haber actuado sin su autorización, la posición de nuestros abogados quizá hubiese tenido mayor fuerza, aunque la esencia del fallo, reafirmar las medidas cautelares del 2011, no hubiese cambiado.

 

Afortunadamente esta sentencia no es sobre el fondo del tema en disputa. En breve la Corte se pronunciará sobre la demanda nicaragüense por la carretera que Costa Rica ha venido construyendo en paralelo al río San Juan y que ha causado tanto daño, y fundadamente se anticipa que acogerá la solicitud nicaragüense de medidas cautelares adicionales.

 

La sentencia pendiente tampoco será sobre el fondo del asunto, pero ambos casos ilustran sobre la pertinencia de evitar decisiones políticas y administrativas que puedan ir influenciando el juicio de los miembros de la Corte sobre el fondo del tema. Los arranques de bravura o audacia son el peor amigo en estos casos.

 

(Se autoriza y agradece su reproducción y circulación)

Estoy en twitter: @mundoj1

 

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