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muñequito

¿Fuerzas armadas deliberantes y partidistas?

El artículo 193 de la Constitución Política de Nicaragua textualmente dice: “El Ejército de Nicaragua es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante”.

Varios expertos constitucionalistas han señalado que tanto la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que dictaminará la propuesta de reformas constitucionales, como el Ejército y la Policía, han violado esa norma constitucional. La primera por invitarlos a comparecer y opinar sobre la propuesta de reformas, lo que sería un acto eminentemente deliberante, y los segundos por aceptar la invitación y concurrir y dar su opinión. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, cuyo Director recientemente estuvo en Nicaragua, deliberar es “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos”. Por dónde se vea, los oficiales del Ejército y la Policía participaron de un acto de deliberación.

Desde el oficialismo han salido voces refutando esa interpretación de los expertos constitucionalistas, argumentando que quienes van a deliberar y decidir son los diputados, y que los oficiales se limitaron a externar una opinión técnica.

Si dejamos a un lado ese debate, y a mí no me cabe duda que fue un acto deliberante, surge otra violación: el mencionado artículo constitucional señala el carácter apartidista y apolítico de la institución armada, y…..¿quién presentó la propuesta de reformas constitucionales? La bancada del Frente Sandinista, es decir la bancada de un partido político, de modo que el Ejército y la Policía fueron involucrados y se dejaron involucrar en una discusión partidaria, y para colmo apoyaron esa propuesta partidaria.

Ah, dirán esas mismas voces justificativas de lo injustificable: pero ese artículo constitucional que estás citando también dice que el Ejército es obediente, y ellos obedecieron órdenes. Si este fue el caso, y como ese argumento implícitamente reconoce la violación a la Constitución, y ya que solamente Ortega les puede dar órdenes, entonces fue  Ortega quién violó la Constitución y quién, además, ordenó violarla.

Que Ortega viole la Constitución y las leyes, no es nuevo, aunque siga siendo inaceptable, pero la obediencia debida de los militares y policías tiene sus límites constitucionales y legales, de modo que no estamos ante una estéril discusión jurídica sino ante un grave precedente político.

La trampa de la consulta

En el remedo de consulta, pues todo ya está decidido, que está llevando adelante la Comisión Especial dictaminadora de la propuesta de reformas constitucionales hay, además, una sutil trampa derivada de la naturaleza corporativista del régimen autoritario de Ortega.

En el fondo se busca que cada quien opine únicamente desde las perspectiva de los intereses sectoriales que representa. La única manera de escapar a esa sutil trampa es que cada quien que comparezca ante la Comisión tenga presente, además de sus intereses sectoriales, que la Constitución norma y regula al conjunto de la sociedad de modo que ahí se comparece también, y antes que todo, como ciudadanos, y como ciudadanos debe importarles el conjunto de las propuestas de reforma y no solamente aquellas que tienen que ver con intereses sectoriales. 

Mpeso y la utilidad de la protesta

Las espontáneas protestas de los ciudadanos por el inmenso abuso de las famosas tarjetas electrónicas del transporte urbano en Managua (Mpeso), condujeron a que se decidiera reestablecer el pago mixto, con tarjeta o en efectivo, en un porcentaje de los buses que circulan por las diversas rutas.

Independientemente que eso no resuelve el problema pues los contratiempos para los usuarios subsisten, y que esa medida en el fondo es para obligar a comprar la tarjeta toda vez que quien no la tiene deberá invertir más tiempo para transportarse, la decisión revela la utilidad de la protesta. Sin la protesta de los ciudadanos  -y ésta es una buena lección para otros ciudadanos que enfrentan otros abusos del gobierno-   el sistema mixto no se hubiera restablecido.

En este caso ocurrió algo semejante a lo de los “viejitos” protestando para que se les concediera una pensión de jubilación reducida. En este caso también triunfó la protesta.

Pero hay otro ángulo para ver este tema: tanto en el caso de los “viejitos” como de los usuarios del transporte urbano, el gobierno trató de “apoderarse” de la protesta a través de su aparato partidario y burocrático, para administrarla. Esta estrategia del gobierno tiene, sin embargo, un límite: podrá el gobierno “administrar” una que otra protesta aislada, pero sus abusos son tantos y cada vez más frecuentes, que llegará un momento en que las reacciones de protesta de los ciudadanos no podrán administrarse. Y ese límite se está acercando.

La cenicienta de nuestro desarrollo

El sector agropecuario es, de lejos, el más importante de nuestra economía en términos de empleo, producción y exportaciones. Sin embargo, sigue siendo la cenicienta de nuestro desarrollo.

El censo agropecuario de 2011 revela que en el país hay un total de 262,546 explotaciones agropecuarias, pero solamente 13,724 de esas explotaciones, un ridículo 5%, reciben asistencia técnica de alguna fuente, sea gubernamental, empresarial o de las ONG.

Y siendo que el área bajo riego es también limitadísima, a lo que se suman otras limitaciones de infraestructura y de crédito al sector, ¿cómo mejorar la productividad y por tanto el ingreso de empresarios agropecuarios y trabajadores del sector?

Este ha sido un problema histórico, pero esto es una explicación hacia el pasado y no una justificación para el presente y el futuro. Hacia el futuro la pregunta es: ¿Se está haciendo algo para que cuando haya otro censo agropecuario el mismo registre una tendencia a la solución de esos problemas? Los productores y trabajadores agropecuarios sabrán si se está haciendo algo, y si es poco o mucho lo que se está haciendo.

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