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muñequito“Saber que se puede, querer que se pueda” (Color Esperanza, Diego Torres)

21 de septiembre de 2013

(Edición No. 264)

Nueva demanda ante la CIJ

A inicios de la semana Nicaragua introdujo una nueva demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En este caso, y de conformidad con el comunicado oficial del gobierno, se solicita a la CIJ “que falle y declare el rumbo exacto de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las zonas de la plataforma continental que pertenecen a las Partes más allá de los límites determinados por la Corte en su sentencia del 19 de noviembre de 2012”.

La reacción del gobierno de Colombia ha sido, por decir lo menos, altisonante, después de que, sin ningún fundamento jurídico, decretara la “inaplicabilidad” de la sentencia de noviembre de 2012. Es decir, una reacción que se explica exclusivamente por razones de política interna, no  jurídicas.

Casi al mismo tiempo, el gobierno de Costa Rica ha alzado la voz por el tema, también en litigio antes la CIJ, del pantanal en la desembocadura del río San Juan, conocido en Nicaragua como Harbour Head. No pocos, en la propia Costa Rica, también explican esa alzada de voz por razones de política interna.

Hasta ahora la reacción del gobierno de Nicaragua ha sido políticamente serena, comedida, invocando las normas legales internacionales. Esto es lo mejor para a los intereses de Nicaragua como país, porque sería grave que Ortega agregue al desprestigio internacional por su política interna razones para que Nicaragua sea percibida como belicosa y pleitista.

En ese sentido, la nueva demanda contra Colombia sobre la delimitación de la plataforma continental explícitamente señala que tal deslinde debe hacerse sin perjuicio de los derechos de terceros Estados. Es decir, quedan salvados los eventuales derechos de Costa Rica, Panamá y Jamaica, países enlistados por el gobierno de Colombia en una suerte de “coalición internacional”, como se le ha llamado. Esto es más un tema de opinión pública internacional, que no debería afectar el juicio jurídico de la CIJ, pero como en la delimitación de la plataforma continental donde pueden converger los intereses de varios países se requerirá más que nunca del criterio de equidad, que prevalece en los fallos de la CIJ, y la equidad no es matemática, la buena imagen del país debe ser preservada de las incontinencias verbales de Ortega y de cualquier otro funcionario de su gobierno.      

Mpeso

La introducción del sistema de pago del transporte urbano de Managua con tarjeta electrónica, conocido como Mpeso, como pretendida medida de modernización y eficiencia, ha terminado, hasta el momento, en eso, una pretendida medida, porque en la práctica ha terminado siendo un verdadero desastre cuyas consecuencias las están pagando los usuarios del transporte público capitalino y probablemente algunos transportistas.

Si los habitantes de Managua, usuarios cotidianos del transporte en buses, están teniendo problemas, ¿se imaginan lo que le ocurrirá a un leonés, o jinotegano, o chontaleño, que venga a Managua y necesite tomar un bus y no tenga la famosa tarjeta electrónica?

Lo que empieza mal, termina mal, reza la sabiduría popular. En uno de los tantos negociados de este gobierno, el sistema se adjudicó a una empresa privada sin mediar ningún concurso o licitación. Por tanto, la empresa beneficiaria de la concesión gubernamental no tuvo que someterse a ningún criterio de competencia técnica, y como no se conoce el contrato de concesión, tampoco se sabe que responsabilidades se le pueden exigir. Y ahí están las consecuencias. Un verdadero desastre que afecta a centenares de miles de ciudadanos. Un verdadero milagro ha sido que las reacciones de indignación de los usuarios no se hayan traducido en mayor violencia, como lo hemos visto en otros países en casos semejantes.

Para quienes dicen que la democracia y sus instituciones no importan, pues este es otro caso de democracia, o de falta de democracia, que tiene consecuencias con la vida diaria de muchísimos nicaragüenses.

En un gobierno democrático el sistema de tarjeta electrónica para el pago del transporte urbano se hubiera licitado, hubiera ganado la empresa que hiciera la mejor oferta técnica y económica, se conocería el contrato de adjudicación y se podrían deslindar las responsabilidades de la empresa y del ente regulador, los ciudadanos podrían recurrir ante una instancia gubernamental o judicial y ser atendidos y sus derechos respetados.

“La democracia no se come” escuché decir en una radiodifusora orteguista. Pues bien, el tiempo y dinero que pierden los habitantes de Managua por el desastre de Mpeso podría ser comida para sus hogares. Así que la democracia importa, y mucho.

Transparencia y corrupción

“La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción y el autoritarismo”, dijo Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ocasión de un Foro sobre “Libertad de Expresión y Acceso a la Información” que se realizó esta semana en Panamá.

Para garantizar la transparencia en la gestión pública es, precisamente, que se han establecido normas legales que garantizan que los ciudadanos puedan acceder a la información de los gobiernos. Esas normas legales se conocen, generalmente, como leyes de acceso a la información pública.

En Nicaragua tenemos la ley No. 621 de acceso a la información pública. En su artículo primero esa ley indica que “tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas”.

Esa ley, como muchas otras leyes, es cotidianamente violada por el gobierno de Ortega.

Si esa ley se respetara, los ciudadanos conoceríamos todo sobre la empresa Mpeso, como conoceríamos sobre tantos otros negocios que se hacen con los bienes públicos pero que en el gobierno de Ortega se administran como propiedad privada.

De lo afirmado por la Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que es de sobra conocido, se deduce que si en Nicaragua no se cumple la ley de acceso a la información pública es porque hay mucho que ocultar, y lo honesto no se oculta.

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